“Ponen en peligro la seguridad aérea”

Dos semanas después del estreno de la película que puso en jaque a la Fuerza Aérea por su papel en el control de la aviación comercial, se produjo la primera repercusión judicial: el fiscal federal Carlos Rívolo denunció al comandante de Regiones Aéreas, brigadier Carlos Matiak, y a otros cinco oficiales de la Aeronáutica, y pidió su declaración indagatoria, por “poner en peligro la seguridad de aeronaves” y por presunta “corrupción”. La denuncia quedó radicada en el juzgado federal de Norberto Oyarbide.

El fiscal Rívolo formuló la denuncia después de actuar de oficio, es decir, sin que haya habido una presentación de un particular. Bastó con que viera la película Fuerza Aérea S. A., dirigida por el ex piloto y actual director de cine Enrique Piñeyro, en una función privada organizada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) en el Hotel Sheraton de Retiro.

En el documental se pueden ver –en algunos casos mediante la técnica de la cámara oculta– distintos episodios reales en los cuales la seguridad aérea estuvo en situación de riesgo:

- Un avión de Air France se quedó sin combustible y se declaró en emergencia como consecuencia de una mala comunicación en inglés con el controlador.

- Un misil pasó muy cerca de una nave en pleno vuelo.

- Las pantallas de los radares se apagan en plena operación y el controlador pierde de vista a los aviones que está asistiendo.

- Un jefe de la Región Aérea Centro manifiesta un alarmante desconocimiento sobre puntos clave de la pista de Ezeiza.

- Un teniente entró a la pista con un vehículo, sin autorización, y cuando recibió una advertencia del controlador, lo suspendió, ya que es su superior.

- Los controladores aéreos cobran sueldos bajísimos, una parte en negro, y están sometidos a intensas presiones laborales por parte de la Fuerza Aérea. Además del brigadier Matiak, máximo responsable del control aéreo, fue denunciado también su segundo en esa función, el director general de Tránsito Aéreo, comodoro Claudio Trisano. Ambos trabajan en el Edificio Cóndor. También tienen pedido de indagatoria el jefe del Grupo Operativo Región Aérea Centro, comodoro Mario Asrim, quien es el segundo responsable del control aéreo en el Aeropuerto de Ezeiza.

Entre los imputados están además los jefes de Tránsito Aéreo de Ezeiza, vicecomodoro Jorge Herrera; de la División Centro de Control Aéreo, mayor Osvaldo Costa, y de Control Terrestre, teniente David Bastian. Los dos primeros son jefes directos de los controladores de Ezeiza y el último es el oficial que salió a la pista del Aeropuerto Internacional conduciendo un vehículo sin autorización de la torre de control.

De acuerdo con la denuncia, los seis aviadores fueron imputados por el delito previsto en el artículo 190 del Código Penal, que castiga con prisión de 2 a 8 años al que “a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave o aeronave”.

La denuncia también abarca la figura de “malversación de caudales”, ya que considera que los controladores “perciben un sueldo en blanco y un plus de entre 600 y 800 pesos, al que denominan DCpac, que está disfrazado como presentismo pero que funciona como presión disciplinaria”, explicó el fiscal Rívolo a Página/12.

El fiscal ya conocía a Piñeyro, quien fue testigo en la causa por la tragedia de LAPA, que el mismo funcionario investigó. “Por eso, algunas situaciones ya las conocíamos e incluso, en diciembre de 2000, les advertimos al Ministerio de Defensa, al Comando de Regiones Aéreas y al Ministerio de Trabajo sobre la falta de control en el descanso obligatorio de los pilotos”, afirmó Rívolo. “Cuatro años después, cuando elevé la causa a juicio, reiteré la advertencia. Y en el medio estuvo la auditoría de la OACI (Organización Internacional para la Aviación Civil), que fue lapidaria para la Argentina. Y después de seis años vemos que el sistema de control aéreo presenta falencias graves”, agregó el fiscal. En esa causa están procesados tres jefes de la Fuerza Aérea, además de los empresarios de LAPA.

“La novedad que aportó la película fueron las cámaras ocultas”, destacó Rívolo.

–¿Por qué cree que los controladores no denunciaron antes esa situación? –le preguntó este diario.

–Por la presión laboral, sin duda. Ellos tienen que comer y necesitan el trabajo. No todo el mundo tiene espaldas como para soportar semejante presión.

El fiscal no se basó únicamente en los datos aportados por la película: también cito a declarar como testigos al propio Piñeyro, al titular de la asociación de controladores, César Salas, y a dos operadores de control, Marcelo Paredes y Juan Carlos Pereyra, quienes aparecen en las cámaras ocultas realizadas por el director.

La película Fuerza Aérea S. A. se estrenó el 31 de agosto último. Un día después, desde el Ministerio de Defensa se recordó el inminente traspaso del control de la aviación comercial del ámbito militar al civil. En realidad, el Gobierno venía trabajando desde hacía tiempo en esa idea.

De acuerdo con lo que se discutió hasta ahora en el Gobierno, la autoridad civil de control aéreo dependería de la Secretaría de Transporte (en el Ministerio de Planificación Federal). “La transición demandaría seis meses a partir del anuncio”, estimó una fuente oficial a Página/12.

“Los gravísimos sucesos acreditados en esta investigación preliminar encuadran en la calificación penal realizada”, dice Rívolo en el dictamen, y pone como ejemplo el “tener pleno conocimiento del instrumental altamente deficitario y no advertir a los controladores o hacerlo tardíamente”. El fiscal también imputó a los acusados por ejercer “presiones laborales para que igual lo utilicen (ese instrumental obsoleto), con el riesgo que ello conlleva” y el “querer poco menos que ‘obligarlos’ a inventar trazas de vuelo” junto a “desoír airadamente las alertas permanentes sobre la situación reinante”.

Según Rívolo, los imputados presionaron “constantemente en sus tareas (a los trabajadores) para que realicen operaciones contrarias a los reglamentos”. Rívolo también quiere que se indague por el destino de las sumas de dinero provenientes del cobro de tasas aeroportuarias y seguros y de las partidas destinadas por el Ministerio de Defensa.

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