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La condena a reclusión perpetua contra el represor Miguel Etchecolatz tuvo una amplia repercusión entre juristas, integrantes de organismos de derechos humanos y especialistas internacionales. “Es una verdadera lección para el mundo”, aseguró el consejero de las Naciones Unidas para la prevención del genocidio, Juan Méndez, asesor del secretario general de la ONU, Kofi Annan. “Me llena de alegría. Es muy importante para la Justicia argentina. Es una verdadera lección para el resto del mundo, que está mirando esta sentencia con mucha admiración”, dijo. Al igual que Méndez, el fallo del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata fue elogiado por los juristas Félix Loñ y Ricardo Gil Lavedra; la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Alcira Ríos; y la integrante de Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, Marta Vásquez, de viaje en Nueva York para impulsar un proyecto sobre convención contra la desaparición de personas que debe ser aprobado por la Asamblea General de la ONU.
Méndez fue el impulsor de la idea de crear el cargo que actualmente desempeña, cuya función es evitar que se repitan tragedias como las que se vivieron en Ruanda, Africa, en 1994. Según organismos de derechos humanos, en Ruanda murieron al menos medio millón de personas. Para Méndez, el fallo contra Etchecolatz dejó un precedente a nivel internacional que no podrá ser apelado ante la Corte Penal Internacional. “Son hechos anteriores a la creación de dicho tribunal y, además, la Corte sólo interviene cuando no lo hace la Justicia local”, argumentó. La Corte Penal Internacional con sede en Roma fue creada en 2002.
Estrecho colaborador de Kofi Annan, Méndez trabajó durante quince años en la organización estadounidense Human Rights Watch, con sede en Washington. Ayer, en un diálogo desde Nueva York, dijo que la condena a Etchecolatz debería ser imitada por la Justicia uruguaya. Desde el referéndum que derivó en la aprobación de la Ley de Caducidad (que impide juzgar a policías, militares y miembros de fuerzas de seguridad involucrados en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973-1985), en Uruguay la lucha contra la impunidad avanza con mucha más lentitud que en la Argentina. “Yo creo que es un paso fundamental para el resto del Cono Sur, incluso para Uruguay”, subrayó Méndez.
Uno de los puntos que más entusiasmó a los juristas fue el uso de la figura de genocidio por parte de los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. El jurista radical Ricardo Gil Lavedra recordó que la Argentina dio rango constitucional a la Convención Internacional sobre Genocidio, una decisión que obligaría al Estado a modificar su Código Penal para incorporar esa figura penal. “La Convención Internacional sobre Genocidio, realizada en la década del ’50, define muy bien este tipo de delito y les pide a los países adherentes que lo incluyan en sus códigos penales. La Convención sobre Genocidio obtuvo rango constitucional con la reforma de 1994. Actualmente hay distintos proyectos de modificación del Código Penal para incluir esta figura y los delitos de lesa humanidad”, dijo.
La inclusión de la figura de genocidio en la condena a Etchecolatz también fue destacada por el constitucionalista Félix Loñ. “El concepto de genocidio representa un precedente jurisprudencial”, dijo Loñ. También resaltó el efecto del fallo la abogada Alcira Ríos, patrocinante de un grupo de Abuelas de Plaza de Mayo, quien subrayó que en la Convención sobre Genocidio también se califica como tal al “traslado de menores desde su grupo de origen a otro sector de una sociedad”. “Es lo que ocurrió en la Argentina con la apropiación de menores”, recordó. Con el mismo entusiasmo que los juristas pero un lenguaje más simple opinó Marta Vásquez, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora: “La Justicia está despertando en nuestro país”, afirmó.
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