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“Yo sabía desde hace tiempo que se estaba montando una campaña, una operación para desacreditarme”, se defendió, ante la revista Veintitrés, Karina Mujica. La mujer no se estaba defendiendo de su militancia a favor de las torturas, violaciones, secuestros y desapariciones sino, en todo caso, de lo más defendible de su historia: una investigación del programa Informe central, de América TV, donde una cámara oculta la presentó esta semana vendiendo sus favores sexuales en un servicio de prostitutas de la ciudad de Mar del Plata. La profusa difusión periodística de esta historia provocó una crisis inusitada entre defensores de la dictadura, que obligó a Mujica a renunciar a la presidencia de Memoria Completa, una agrupación que reivindica el terrorismo de Estado.
Según la investigación periodística, en Gascón 2931 de Mar del Plata funciona la empresa Alto Target, “uno de los prostíbulos más refinados de La Feliz”, que busca su clientela en sectores de clase media acomodada, profesionales, empresarios y miembros de la Marina que revistan en la importante base naval de Mar del Plata. Mujica explicó en diversos medios que se sumó a la defensa de la dictadura luego de conocer al represor Alfredo Astiz. Una fuente que no identifica la publicación señala que “Karina trabajaba mucho con los marinos. Ella lo conoció como profesional (a Astiz) y después se hizo su amante”. Y luego fue impulsada por estos sectores como una de las caras públicas de la derecha castrense.
En el programa Informe central se ve a Karina supuestamente en el prostíbulo y con el nombre de Valentina, ofreciendo un encuentro de sexo convencional a cien pesos la hora. “Hace quince años que me dedico a esto, te imaginarás que ya no le tengo miedo a nada”, subraya. En un sitio de la web, un cliente cuenta la forma en que lo recibió Valentina: “Bienvenido a la sala de torturas. ¡Te voy a destrozar!”
Mujica surgió a la fama junto con Cecilia Pando, la otra cara femenina promovida por los círculos militares de derecha para defender públicamente las atrocidades cometidas durante la dictadura. Ambas han participado en numerosos actos para cuestionar la política de derechos humanos del Gobierno, tratando de incidir sobre los militares en actividad. Con un discurso recalcitrante, han declarado su oposición al aborto, al uso de preservativos y su respaldo al ultramontano monseñor Antonio Baseotto. Y al mismo tiempo han aprobado el secuestro y la apropiación de bebés, así como la tortura y demás aberraciones cometidas durante la dictadura.
Con este discurso se ubicaron en la oposición dura, provocando situaciones irritantes para el oficialismo en actos de las Fuerzas Armadas. Por esta razón sus simpatizantes aseguran que esta investigación periodística forma parte de una campaña sucia del Gobierno. “Acá no hubo ninguna operación –señala un vocero de Informe central–, nos metimos en un foro donde comentaban que la chica trabajaba en un prostíbulo, lo investigamos, y lo emitimos al aire.”
Sus seguidores han salido a defender, con toda justicia, el derecho de la mujer a ejercer la prostitución sin que ello limite su derecho a participar en la política. Pero, como señaló Elena Reynada, secretaria general de Ammar, la agrupación de trabajadoras del sexo (afiliada a la CTA), “el caso de esta mujer es intolerable para que nosotras podamos aceptarla en nuestro gremio, ya que no nos relacionamos con nadie que haya tenido en el pasado o en el presente algún tipo de aproximación con los militares del Proceso”. De alguna manera está diciendo que existe una contradicción profunda cuando con un discurso moralista y religioso se defienden las violaciones a los derechos humanos.
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