Página/12 :: El país :: Droga y política

Una pequeña productora salteña fue asesinada hace diez días, luego de denunciar que el referente del gobernador Juan Carlos Romero en la localidad de Salvador Mazza había cerrado caminos vecinales para crear una zona liberada al contrabando de sustancias estupefacientes en la frontera con Bolivia. La boca de Liliana Ledesma, quien integraba la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones, fue tajeada de arriba abajo, en señal de silencio para quienes la habían acompañado en un viaje a Salta. En la capital provincial habían denunciado al diputado provincial justicialista Ernesto José Aparicio. Una hermana del legislador, Graciela Aparicio, fue detenida como posible entregadora, luego de caminar junto a la víctima hasta el lugar en que dos hombres la atacaron a puntazos en la espalda, el abdomen y el pecho.

Aparicio afirma haber trabajado con el ex gobernador Roberto Romero y ahora milita en la facción de su hijo, el actual gobernador Juan Carlos Romero. El Nuevo Diario de Salta informó que la policía busca como supuesto autor del crimen a quien sindica como cuñado de Aparicio, Ani Párraga. El episodio adquiere repercusión política nacional, porque la periodista que entrevistó a los productores rurales, Marta César, es hermana de la diputada nacional kirchnerista bonaerense Nora César, quien puso los hechos en conocimiento del ministro del Interior Aníbal Fernández. Marta César y el director de la radio Noticias de Salta, Sergio Poma, llegarán hoy a Buenos Aires para ampliar las denuncias sobre el legislador romerista y sus actividades. Poma es el periodista que en 1997 denunció al entonces secretario de Seguridad de Salta, el gendarme Sergio Nazario, como uno de los torturadores del campo de concentración El Olimpo, a raíz de lo cual Romero le pidió la renuncia. Nazario está detenido desde agosto de 2002, en la causa por los crímenes cometidos por el ex Batallón de Inteligencia 601.

Ledesma había viajado a Salta junto con otro pequeño productor de la zona fronteriza, Sergio Rojas. Ambos explicaron que el cierre de los caminos vecinales impedía a treinta familias llevar a sus animales hasta el abrevadero habitual. También dijeron que Aparicio, quien preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Legislatura, había realizado un desmonte ilegal de mil hectáreas. Según Rojas, Aparicio estaría comprando títulos imperfectos de poseedores antiguos próximos a la frontera, con el propósito de construir una gran propiedad con pista de aterrizaje. Durante la entrevista radial con Marta César, Ledesma dijo que su esposo, Gilberto Gil Villa Gómez, había sido asesinado en 1998, de once balazos, también por encargo del diputado Aparicio. Cuando la periodista le preguntó la causa del crimen, Ledesma dijo que su esposo reclamaba una deuda, contraída por Aparicio cuando Gil Villa Gómez trabajaba con él “en la droga” (sic). Al referirse a la colocación de tranqueras en caminos vecinales, Liliana Ledesma y Sergio Rojas dijeron que era para impedir que fuerzas policiales y de Gendarmería controlaran la frontera, entre las propiedades de Aparicio y la República de Bolivia. “Vamos a defender las tierras con nuestras vidas, pero no queremos entregar las vidas”, dijo Sergio Rojas, quien señaló que los hombres que trabajan para el legislador siempre iban armados. Al terminar la entrevista, Marta César felicitó a Rojas y Liliana Ledesma por su valentía.

Entrevistado por Poma a raíz de su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados provincial por el sector de Romero y del vicegobernador Miguel Angel Wayar, Aparicio admitió que en 1991 había sido detenido por tentativa de contrabando pero que había sido sobreseído. Dijo que se trataba de chicles y pilas pero Poma informó que según la Gendarmería eran estupefacientes. Según un alto jefe de la Gendarmería, cuyo nombre Poma se reservó, una de las dos esposas del legislador había sido detenida en febrero de 2002 cuando cruzaba la frontera con un kilo de cocaína en la cartera y una cédula de Aparicio. Explicó que la mujer, con la que dijo que Aparicio tenía un hijo, llevaba la sustancia de regreso a Bolivia para reclamar por su baja calidad: habría pagado por 90 por ciento de pureza y la sustancia sólo tenía 20 por ciento. Poma dijo que en el registro de catastro provincial Aparicio figuraba como titular de 36 propiedades y entrevistó a su colega Roberto Belmont, de la radio FM Pocitos, de Salvador Mazza, quien dijo que Aparicio había sido detenido tres veces. Según Poma, funcionarios del gobierno provincial retiraron hace pocos días el libro de ingresos a la cárcel provincial de Villa Las Rosas. Belmont contó que había leído al aire el expediente judicial de una de esas detenciones y que Aparicio habría comentado ante personas que no identificó: “Para qué se gasta éste, si todos saben que soy el primer narco de la ciudad y el operador de Romero”. Agregó que conocía al legislador desde la infancia y que nunca tuvo ingresos como empresario o comerciante que justificaran su actual ostentación de riqueza. “Heredó un aserradero de su abuelo, pero en ruinas y quebrado. Tampoco puede decir que la fortuna es de su mujer, porque se casó con la hija de un jubilado de YPF. Cuando ingresó al Partido Justicialista sólo tenía un Citroën viejo”. Belmont dijo que Aparicio había mandado matar a tres personas y que él había hablado con las viudas, pero tampoco identificó a esas personas. Dijo que Aparicio lo había amenazado de muerte.

UN ASESINATO QUE SACUDE A SALTA

Droga y política

Asesinaron y le cortaron la boca a una productora rural que había denunciado a un diputado próximo al gobernador Romero por contrabando de estupefacientes.