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Los organizadores del acto de plaza San Martín aseguran que no respaldan el terrorismo de Estado pero que pedirán una amplia amnistía. Y además niegan que el acto esté relacionado con los juicios que ya han condenado al Turco Julián y a Miguel Etchecolatz, tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Es pura coincidencia que el acto pida amnistía y coincida con los juicios. Como seguramente es pura coincidencia que no aparezca Jorge Julio López, uno de los testigos del juicio contra Etchecolatz, que los jueces y fiscales que participan en estos juicios en todo el país hayan recibido amenazas, al igual que dirigentes de movimientos de derechos humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
Seguramente es pura coincidencia que desde sectores de la Iglesia, e incluso desde otros credos –el rabino Sergio Bergman se ha expresado en términos similares–, se hayan reactivado los viejos discursos de “reconciliación”, “pacificación” o la descalificación de la consigna de juicio y castigo como “revanchista” o promotora de una “venganza”. “Esto no es justicia, es venganza”, se ha dicho.
Y también debe ser coincidencia que esa misma cantilena haya recomenzado desde el centroderecha e incluso desde sectores inesperados de la política.
Tanta coincidencia asusta más que una conspiración. Sobre todo, porque la sociedad en general se ha expresado mayoritariamente a favor de la Justicia y de estos juicios durante los últimos veinte años. Y de repente, lo que cada vez se perfila más como un secuestro para intimidar a futuros testigos y una campaña miserable de amenazas anónimas contra funcionarios de la Justicia coincide con una cascada de declaraciones de religiosos y políticos.
Lo que realmente atemoriza es que haya sectores de la Iglesia y de otros credos así como políticos supuestamente democráticos que, a esta altura de la historia, acepten “coincidir” en el lenguaje, en el tiempo y en los objetivos, con esta campaña criminal de atemorización de la sociedad que usa los mismos métodos de la dictadura. Como si el problema de los argentinos fueran los juicios y no estos hechos de violencia de verdad, no metafórica. En todo caso, lo que demuestran estos hechos es que los juicios debieron hacerse antes.
El objetivo de esta campaña es cortar los juicios a represores que deberían ser liberados en pos de una “reconciliación” que se basaría en la impunidad de los peores crímenes que se han cometido desde el Estado en la historia moderna del país. Es difícil entender que desde una visión cristiana o judía se pueda concebir alguna forma de reconciliación a través de la libertad y la impunidad de sujetos de la calaña de Etchecolatz, el Turco Julián y los demás criminales.
Los juicios no fueron inventados por este gobierno, aunque tuvo el mérito de impulsarlos. Los hubiera hecho Raúl Alfonsín si no hubiera debido soportar los levantamientos carapintada. Constituyen un reclamo del movimiento de derechos humanos desde el primer momento y además han sido avalados y mostrados como ejemplo en los ámbitos jurídicos de todo el mundo, más aún que los juicios por la verdad en Sudáfrica, que debieron ser muchísimo más acotados porque afectaban a toda la población blanca que había sostenido el apartheid.
Los derechos humanos no deberían ser usados para dirimir disputas, muchas veces mezquinas, entre oficialistas y opositores o forcejeos menores de poder, porque resulta claro en este tema dónde está la verdadera amenaza para la sociedad en su conjunto. Y la oposición debería ser la primera en apoyar los juicios aunque los haya impulsado el Gobierno, porque constituyen una advertencia para cualquiera que quiera usar la fuerza del Estado de manera arbitraria y brutal. En todo caso, lo grave y peligroso es aceptar que el debate democrático sea atravesado y condicionado por una campaña de secuestros y amenazas.
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