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Los diputados dejaron las diferencias de lado y consensuaron doce propuestas en un proyecto único que equipara los “delitos informáticos” –hasta ahora no contemplados en el Código Penal– con los cometidos contra la correspondencia epistolar y el resto de las comunicaciones. El dictamen tiene preferencia para su tratamiento en el recinto en la sesión de hoy y la Cámara de Diputados daría media sanción a la iniciativa. Los legisladores descartaron que el proyecto restrinja la libertad de expresión en la red informática y fundamentaron la necesidad de “penar el uso de nuevas modalidades delictivas”. Las compañías telefónicas, el apoderado de Microsoft en la Argentina, y especialistas universitarios, de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Justicia y de las fuerzas de seguridad, aportaron información y sugerencias para el proyecto.
El plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Comunicaciones e Informática decidió ponerle la firma al dictamen que unificó en un solo proyecto al menos doce modificaciones diferentes al Código Penal para incorporar los llamados “delitos informáticos”.
El consenso abarcó las iniciativas surgidas desde la bancada oficialista hasta el impulsado por los Renovadores Salteños, pasando por los presentados por el ARI y el PRO, después de que a principio de año varios periodistas, funcionarios y jueces denunciaran la violación de sus correos electrónicos personales y la escandalosa divulgación de sus contenidos a través de Internet.
La decisión de unificar rápidamente criterios y dar preferencia para su tratamiento hoy en el recinto muestra el interés del kirchnerismo por avanzar en la aplicación de castigos a las nuevas modalidades delictivas. Las modificaciones al Código Penal alcanzan a los articulados sobre delitos contra la integridad sexual, contra la privacidad, fraude, daño, interrupción de las comunicaciones, alteración de pruebas y falsificación de documentos, entre los que se incluyen los electrónicos o informáticos, además de equiparar las penas con las ya establecidas para cada uno de ellos.
El corto debate se ciñó a cuestiones estrictamente técnicas y a darle precisión a la redacción para que no haya diferentes interpretaciones. Sin embargo, varios diputados plantearon algunos cuestionamientos que habían recibido de distintas fundaciones ante la posibilidad de que la nueva legislación produzca hechos de censura a la libertad de expresión y en actividades artísticas. Quien respondió fue el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el oficialista Oscar Nemirovsci: “El objetivo fue adaptar a la legislación existente las nuevas modalidades delictivas” y descartó la restricción de libertades. El macrista Federico Pinedo cuestionó el límite de “hasta 14 años de edad” para considerar delito la entrega de material pornográfico a menores. Esta vez, la respuesta llegó de boca de la presidenta de Legislación Penal, Rosario Romero, y fue mucho más sencilla de la que esperaba el legislador porteño: “Es la edad que ya estaba estipulada para ese delito en el Código Penal y pretende proteger a la franja más vulnerable de la infancia”, le dijo la entrerriana.
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