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“La violencia ejercida contra las víctimas mientras estuvieron encerradas en la Escuela de Mecánica de la Armada superó las vejaciones y los apremios. Por su intensidad y ensañamiento importó un serio atentado a la dignidad, insoportable a los ojos de la comunidad y de los principios constitucionales que la representan.” La Cámara Federal se refirió así a los secuestros, desapariciones y torturas de un grupo de Madres de Plaza de Mayo y militantes de derechos humanos y las monjas francesas Alice Domon y Leónie Duquet. Lo hizo al confirmar los procesamientos de siete represores.
Con el escrito firmado el martes, los jueces Eduardo Luraschi y Martin Irurzun ratificaron los procesamientos de Raúl Scheller, Jorge Perrén, Juan Carlos Rolón, Jorge Rádice, Ernesto Weber, Alberto Eduardo González y Néstor Savio. Todos fueron responsabilizados por las desapariciones de Domon, Angela Auad, María Eugencia Ponce de Bianco, Julio Fondevilla, Eduardo Horane, María Esther Ballestrino de Careaga, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bulit y Horacio Aníbal Elbert, que fueron secuestrados el 8 de diciembre de 1977 en la Iglesia de la Santa Cruz. También fueron acusados por las detenciones ilegales de Remo Berardo, realizada ese mismo día en su atelier y las de Azucena Villaflor y Duquet, que se llevaron a cabo el 10 y 9 de diciembre de ese año.
La pieza clave para que los marinos pudieran concretar el operativo que tenía como objetivo central desarticular el incipiente movimiento de derechos humanos que se estaba organizando en el país en plena dictadura militar fue el represor Alfredo Astiz. El “Angel Rubio”, bajo el seudónimo de Gustavo Niño, se presentó ante las Madres de Plaza de Mayo como el hermano de un desaparecido y comenzó a participar de sus reuniones. Así, guió a la patota de la ESMA hasta la iglesia de la Santa Cruz. El procesamiento de Astiz y el de su jefe Jorge Acosta ya fueron confirmados por la Cámara en un fallo de diciembre de 2004. Ese trámite está en camino hacia la elevación a juicio oral.
El año pasado fueron hallados e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense los restos de cinco personas secuestradas en base al espionaje de Astiz: Auad, la religiosa Duquet y las Madres de Plaza de Mayo Ponce de Bianco, Ballestrino de Careaga y Villaflor de De Vicenti. Habían sido enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. El análisis antropológico forense determinó que la causa de la mayoría de las fracturas de las víctimas eran similares “a las que son habituales observar como producto de una caída de un cuerpo desde cierta altura y su impacto contra un elemento sólido”.
Los camaristas señalaron que a partir de ese acontecimiento “puede afirmarse certeramente que el ‘traslado’ al que aludían los testigos consistió en aquello que se presumía: la introducción de las víctimas dopadas o asesinadas en aviones de las Fuerzas Armadas y arrojadas al río para ocultar cualquier evidencia de los mecanismos de represión”.
A pesar de que en la causa están acreditados los asesinatos, los camaristas confirmaron el procesamiento de los acusados sólo por tormentos, ya que no existía una apelación de la fiscalía ni de los querellantes para cambiar la calificación del delito. Sin embargo, dejaron constancia de que “se probó que la actividad de los integrantes del grupo de tareas con base operativa de la ESMA siguió un plan que consistió en la determinación de los lugares de reunión de los familiares de desaparecidos y en la identificación de los integrantes del grupo; la planificación y ejecución de los operativos de detención, los interrogatorios mediante la aplicación de tormentos y, por último, los ‘traslados’, eufemismo con el que se identificaron el asesinato y la desaparición física de los secuestrados”.
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