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La inexplicada operación de verificar si en el féretro de San Vicente estaba el cuerpo de Juan Domingo Perón terminó ayer al mediodía con la confirmación de que efectivamente en el cajón están los restos del general. En las últimas 48 horas, Página/12 consultó a numerosas fuentes del gobierno bonaerense para que se indiquen los motivos de semejante movida y sobre todo en qué basaban sus sospechas respecto del cuerpo de Perón. La única explicación posible a lo de ayer es que alguien acercó a La Plata un dato sobre un eventual robo de los restos, un féretro vacío y un engaño mayúsculo. Sólo una versión de ese tipo justificaba la apertura del cajón, más todavía después de las repercusiones del enfrentamiento del 17 de octubre. Sin embargo, hombres cercanos a Felipe Solá fueron categóricos ante este diario: “No vamos a informar nada sobre esta cuestión”. Parece entonces tener sostén la idea de que el gobernador bonaerense tenía un dato grave que, al final, resultó infundado. Por otra parte, anoche se definía si la Gendarmería va a custodiar o no el mausoleo. Mientras tanto, la seguridad está desde el 17 a cargo de la Bonaerense.
En la diligencia de verificación del cuerpo estuvieron presentes los dirigentes justicialistas Antonio Cafiero, Antonio Arcuri y Juan Carlos Dante Gullo; también Humberto Linares Fontaine, abogado de María Estela Martínez de Perón; el sobrino nieto del general, Alejandro Rodríguez Perón, el escribano general del gobierno bonaerense y el presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Hernández.
Los argumentos expuestos para abrir el féretro fueron variados y cambiaron varias veces a lo largo de los últimos dos días:
- Que se trató de una exigencia de la Gendarmería, porque debía certificar qué iba a custodiar. Sin embargo, esa fuerza depende del Ministerio del Interior y la iniciativa no provino para nada del Gobierno. Es más: no hubo un solo miembro de la Gendarmería presente en la verificación.
- Que el Instituto Cultural bonaerense está a cargo de todos los museos y que, por lo tanto, no podía incluirse en la quinta-museo el féretro sin que se constate que allí está el cuerpo del general. Aunque Hernández tiene rango de ministro, en La Plata admitieron que semejante operación sólo pudo realizarse con la venia del gobernador y por una razón más fuerte que la esgrimida.
- El tanatólogo Alfredo Péculo sostuvo que se tejieron muchas especulaciones porque el 17 de octubre su cochería llevó dos féretros a la Chacarita. “Se armó la fábula de que uno vacío sería trasladado a San Vicente y que el otro, con el cuerpo, se depositaría en un lugar menos expuesto. Pero eso es mentira. Se llevaron dos cajones porque teníamos algunas dudas respecto del tamaño y, además, está todo filmado, desde el primer minuto hasta el último. Igual, con esta diligencia se buscó darle tranquilidad a la sociedad en su conjunto”, concluyó Péculo.
Este diario buscó con insistencia una explicación a lo ocurrido ayer. La lógica indicaba que no era necesaria ninguna verificación porque, supuestamente, todo se había hecho en forma normal en la Chacarita, incluso con la presencia de una jueza. Para colmo, desde el punto de vista político, el volver sobre la cuestión San Vicente parecía inconveniente debido a la tormenta de críticas que provocaron los enfrentamientos. Algo grave, serio, debió estar detrás de la movida para que se diera el paso de reabrir el féretro. Por ahora la razón es un misterio, pero en todo caso resultó infundada.
Respecto de la custodia del mausoleo y la quinta, desde hace días se producen idas y vueltas. La propiedad del predio es de la provincia de Buenos Aires, pero no faltan quienes dicen que la decisión de trasladar el cuerpo allí no fue tomada en La Plata y que ni siquiera se les consultó sobre los aspectos de seguridad. “Todo lo manejó la comisión organizadora, sin la menor previsión”, dicen cerca del Ministerio de Seguridad bonaerense. No obstante, desde el 17, la custodia es realizada por la Bonaerense, que debió afectar dos patrulleros y numerosos hombres en las 19 hectáreas de la quinta. En la mañana de ayer, el subjefe de la Departamental Cañuelas, José María Arribas, anunció que la custodia estaría en manos de la Gendarmería pero, horas más tarde, tanto en la Casa Rosada como en La Plata coincidieron en que no había decisión tomada. En el Ministerio del Interior, Aníbal Fernández anoche evaluó todos los elementos en juego y anticipó que tomaría una decisión luego de conversarlo con el presidente Néstor Kirchner.
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