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El fantasma de la quinta de San Vicente y el de Gerónimo Venegas, titular del gremio de los trabajadores rurales y de las 62 Organizaciones, sobrevoló ayer las bancas vacías de la Cámara alta. Luego de varios intentos fallidos, todo indicaba que finalmente el régimen de corresponsabilidad gremial para los peones de campo sería discutido por el plenario de senadores. La iniciativa, que apunta a combatir el trabajo en negro, se implementa a través de convenios entre los gremios y los empresarios del sector. Tal como se había aprobado en Diputados, el gremio pretendía que la cuota sindical de carácter obligatorio, los gastos de administración y el seguro por fallecimiento estuvieran incluidos en el aporte empresario y fueran retenidos por el Renatre, que preside el mismo Venegas. Algo que finalmente la comisión legislativa del Senado no parecía dispuesta a aceptar. La sesión naufragó y el oficialismo no entregó ninguna explicación. El titular de la bancada radical, el mendocino Ernesto Sanz, comentó que el jefe del bloque mayoritario, Miguel Angel Pichetto, le transmitió que “como no hay acuerdo dentro del bloque del PJ y el proyecto es el principal del temario, la sesión no tenía sentido”.
En los pasillos cercanos al bloque del Frente para la Victoria se explicaba que “los incidentes de San Vicente estaban muy frescos para aprobar una norma que favoreciera a los gremialistas”. En verdad, el texto que a última hora del martes se había discutido ante la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Gerardo Conte Grand, de miembros de la AFIP y de las principales bancadas del Senado estaba lejos de favorecer al sindicato de empleados rurales. Al contrario, le quitaba el monopolio en el manejo de esos fondos que los diputados le habían otorgado.
La oposición subrayaba que un llamado de la senadora Cristina Fernández de Kirchner había convencido a Pichetto de levantar la sesión. El argumento se lo habría entregado un periódico económico que interpretó que el contenido final de la iniciativa les otorgaba mayor poder a los gremios. Sin embargo, el dictamen que estaba por llegar al recinto estaba lejos de acercarse al dictamen que habían aprobado los diputados. Había convertido en optativo el carácter obligatorio de la cuota sindical y el seguro de sepelio y no sería el Renatre sino la AFIP el agente de retención. “Con este dictamen a Venegas lo beneficia que el proyecto no se apruebe”, comentó a este diario un senador de la oposición. Con rigurosa reserva de su identidad, un legislador del oficialismo sostuvo que “necesitaban tiempo para pulir un dictamen que difería en mucho de la media sanción que le dio la Cámara baja”.
El Renatre, un ente autárquico integrado por el gremio de Uatre y las cámaras empresarias en igual proporción, maneja cerca de 200 millones de pesos anuales provenientes de los aportes patronales de unos 450 mil peones rurales. La nueva norma habría registrado a cerca de 1.200.000 trabajadores en negro. Además de aumentar la recaudación fiscal, habría aumentado los fondos del Renatre en unos 40 millones de pesos más por año. Razones de peso para que el Gobierno y los gremios demoren unos días más la discusión del proyecto.
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