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Para la fiscalía especial del caso AMIA, el atentado contra la mutual judía fue ideado y realizado por el gobierno de Irán, tras una reunión realizada el 14 de agosto de 1993 en la ciudad de Mashad. En ese encuentro estuvieron el líder espiritual de Irán, el presidente de la nación, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Información, además del agregado cultural de Irán en la Argentina y el tercer secretario de la embajada de ese país en Buenos Aires. El atentado fue una represalia porque el gobierno de Carlos Menem rescindió contratos de provisión de tecnología nuclear a Irán. Las fuentes de todos estos datos son informes de inteligencia y declaraciones de arrepentidos y disidentes iraníes, pero –según afirman los fiscales– los datos coinciden con una serie de viajes, llamadas y movimientos detectados en la investigación. Estas son las bases con las que la fiscalía especial pidió ayer al juez Rodolfo Canicoba Corral que dicte órdenes de captura contra ocho iraníes, entre ellos el ex presidente, el clérigo Alí Rafsanjani, y sus ministros.
Los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos difundieron ayer el extenso dictamen de 800 páginas en las que imputan directamente a Irán por el atentado contra la AMIA. A diferencia del ex juez Juan José Galeano, quien adjudicó el ataque “a elementos radicalizados de Irán”, los fiscales dicen que la decisión la tomaron el líder espiritual, el presidente, el ministro de Relaciones Exteriores y el de Información. Y, además, se pide la captura de casi todos ellos.
La lectura del texto evidencia que los fiscales se basan continuamente en informes de inteligencia, algo muy discutido a nivel internacional por cuanto resultan muy relativos como prueba judicial. Por ejemplo, afirman que el coordinador del atentado –a quien no identifican– ingresó en el país en los primeros días de julio de 1994 y se fue desde Aeroparque el mismo día del atentado, el 18. Se mencionan comunicaciones a la Triple Frontera y a varios teléfonos del Líbano, “abonados que, según la Secretaría de Inteligencia, pertenecen a Hezbollá”.
Otras pruebas que se mencionan son las siguientes:
- El 8 de julio de 1994 se realizan varias comunicaciones desde el locutorio de Corrientes 707 al Líbano y es en esa jornada que se va del país el hombre fuerte de la embajada de Irán, el tercer secretario, Ahmad Asghari, cuya captura se pide.
- El 15 de julio se estaciona la camioneta Trafic cerca de la AMIA, en el estacionamiento Jet Parking. A esa hora hay una llamada desde un celular del agregado cultural, Mohsen Rabbani, a la mezquita Al Tahuid, pero la antena por la que se cursó ese llamado es la que abarca un área de numerosas cuadras, en una de las cuales está Jet Parking.
- Hay llamadas desde un locutorio vecino a la mezquina al celular en la Triple Frontera, supuestamente perteneciente al coordinador ubicado allí.
- En la época previa al atentado se intensificaron los viajes de “correos diplomáticos”, personas que venían de Irán por un par de días y volvían.
- Rabbani abrió una cuenta en el Deustche Bank y allí depositó 150.000 dólares, de los cuales 90.000 fue sacando en efectivo, por ventanilla.
- Los fiscales afirman que tiene importancia una vieja evidencia que recolectó la SIDE: en diciembre de 1993 fotografiaron a Rabbani preguntando precios de Renault Trafic en las concesionarias de autos usados de la avenida Juan B. Justo.
- Cuatro meses antes del atentado, Irán pidió status diplomático para Rabbani, que estaba en el país desde hacía once años.
- También se considera una evidencia que el embajador Soleimanpour se haya ido de la Argentina antes del atentado.
- Los fiscales insisten en que el conductor suicida fue Ibrahim Hu-ssein Berro. Cuando hicieron público ese descubrimiento, en noviembre de 2005, se plantearon muchas dudas. De entrada, se dijo que sus hermanos habían confirmado que Berro fue el suicida, pero luego lo desmintieron.
- Hubo una reivindicación del atentado por parte de una organización llamada “Ansar Allah”, que –según los fiscales– resultó ser uno de los tantos nombres “de fantasía” de Hezbolá.
Con todos estos elementos, se piden ocho capturas que, en realidad, ya figuraban en un pedido anterior del fiscal Nisman ante Galeano a principios de 2003. En aquel momento se le presentó al juez una lista de 23 imputados, entre los cuales estaban los ocho de ayer:
- El ex presidente Alí Rafsanjani.
- El ex ministro de Información e Inteligencia Alí Fallahjan.
- El ex ministro de Relaciones Exteriores Alí Velayati.
- El ex comandante de los Guardianes de la Revolución Mohsen Rezai.
- El ex comandante de la fuerza Al Quds Ahmad Vahidi
- El ex agregado cultural en Buenos Aires Mohsen Rabbani.
- El ex tercer secretario de la embajada en Buenos Aires Ahmad Asghari
- El ex jefe de operaciones de Hezbolá Imad Moughnieh.
El grave problema del dictamen y el que afrontan los fiscales es que resulta muy difícil probar quién fue el autor intelectual cuando no hay casi ningún dato sobre los autores materiales. No se sabe, por ejemplo, dónde se armó la camioneta, en qué lugar la mantuvieron escondida, quiénes colaboraron, cómo consiguieron los explosivos y muchísimos otros elementos concretos de la operación en Buenos Aires. Por lo tanto, tampoco hay evidencia comprobable sobre la autoría intelectual. Se afirma que fue el gobierno de Irán en pleno, pero también podría haber actuado únicamente un grupito de fanáticos residentes en la Argentina, incluso con Rabbani a la cabeza. Algo así ocurrió con el primer atentado a las Torres Gemelas, en 1993, que fue liderado por un clérigo ciego de Nueva York.
Sin embargo, los fiscales afirman que el ataque fue perpetrado por Irán a través de Hezbolá y lo hacen esencialmente sobre la base de informes de inteligencia. No son pocos los que creen que esos informes son interesados, porque está claro que tanto a la CIA norteamericana como al Mossad israelí, proveedores del informe de la SIDE que sirvió de base a este dictamen, les viene como anillo al dedo que Irán, un integrante del llamado Eje del Mal, sea señalado como culpable.
El juez Canicoba Corral tendrá que tomar ahora la decisión. Si pide las capturas, lo más probable es que no se concreten porque todos los imputados viven en Irán y algunos de ellos tienen altos cargos. Pero esa decisión igualmente tendrá consecuencias para el Gobierno, que sufrirá presiones para romper relaciones con Teherán, y también habrá repercusiones internacionales porque será un argumento usado contra el régimen confesional iraní.
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