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Los efectos todavía no están claros, pero podrían terminar con la detención de figuras estelares del peronismo. La decisión está en manos del juez federal Raúl Héctor Acosta de Mendoza que investiga la desaparición forzada de Héctor Aldo Fagetti Gallego, ocurrida antes del último Golpe militar. Según el juez, el caso abre la posibilidad de investigar por primera vez la responsabilidad de Isabel Martínez de Perón y sus ministros en los decretos 2070/71/72 que se convirtieron en la antesala del terrorismo del Estado. En ese contexto, ordenó la “identificación” de los domicilios y pidió la “detención inmediata” de los supuestos responsables “a efectos de recibirles declaración indagatoria” como coautores de la desaparición forzada de Fagetti. La decisión se conoció ayer por la mañana y provocó una polémica de sur a norte del país. El escándalo y el escozor en algunos sectores fue tan profundo que el propio Acosta salió a bajarle el tono a la resolución: dijo que no dijo lo que dijo, aunque quedó escrito.
La resolución de Acosta alcanza a la antigua cúpula de la viuda de Perón casi por completo: desde Italo Argentino Luder, por entonces presidente provisional del Senado, hasta Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero, por entonces ministros de Trabajo y Economía respectivamente y hoy protegidos por los fueros legislativos.
El juez convocó a todos ellos en estos términos: el juzgado “Oficia a la Policía Federal Argentina de la delegación San Rafael que con carácter de ‘Urgente despacho’ arbitre los medios necesarios para verificar los datos patronímicos de las personas que suscriben los decretos 2070, 2071 y 2072 todos del Poder Ejecutivo Nacional del 06 de octubre de 1975 teniendo en cuenta las personas que figuran en los ‘Anales de la Legislación Argentina’, Tomo XXXV-D 1975”.
Estas personas son (Italo) “Luder, Arauz Castex, Vottero, Emery, Ruckauf, Cafiero, Robledo como ministros del Poder Ejecutivo Nacional”. A pedido del juez, las fuerzas policiales deberán determinar documentos de identidad, cargos ministeriales y domicilios actualizados.
La lista del juez incluyó, además, a María Estela Martínez de Perón. “Resultando público y notorio –dijo– que a la fecha de los hechos que se investigan ejercía la presidencia de la Nación.” Como en el resto de los casos, espera de la policía la búsqueda de un domicilio actualizado y de sus datos.
De acuerdo con la resolución, todos serán citados por primera vez a una indagatoria en el marco de una causa por desaparición forzada de Fagetti del 25 de febrero de 1976. El juez manifestó “ordenar la inmediata detención de quienes resulten indicados por los informes que se solicitan a efectos de recibirles declaración indagatoria como presuntos coautores prima facie del delito previsto y penado por el artículo 142 (privación ilegal de personas) del Código Penal”.
Eso fue lo que dejó escrito en la resolución que lleva la fecha del 27 de octubre de este año, que fue publicada ayer a la mañana por el diario Los Andes de Mendoza y que ayer el juez se negó a confirmar en distintas entrevistas.
“Técnicamente, en su resolución está pidiendo dos cosas”, explicó anoche una de los funcionarios que sigue los avances de las causas de derechos humanos en todo el país. Por un lado, el juez solicitó la “identificación” de los domicilios de los funcionarios, información que confirmó el propio Acosta durante todo el día de ayer. Por otro, y más allá de las desmentidas, la resolución indica que se está ordenando la detención de los ex funcionarios para indagarlos.
¿Puede hacerlo? La desaparición forzada de personas es un delito de lesa humanidad, según consideró la Corte Suprema de Justicia el año pasado. Ese fallo habilitó no sólo la multiplicación de causas en todo el país sino que ahora habilitaría un pedido de prisión de los hombres (y mujer) del peronismo por los mentados decretos de aniquilación. Cuando se expresó al respecto la Corte no restringió las fechas de los delitos de lesa humanidad a la etapa posterior al Golpe. Por eso y por jurisprudencia previa como el llamado caso Prats de 1974, la desaparición de Fagetti Gallero queda encuadrada allí.
La causa de San Rafael se puso en movimiento hace unos diez días. Acosta decidió impulsarla en primera persona. El expediente no tiene querellantes, quien pidió la investigación es el fiscal federal Maldonado. “Yo no quiero que se me mal interprete”, le dijo Acosta ayer a este diario cuando preguntó por la resolución. “Yo pretendo entender la legitimidad de esos famosos decretos 2770, 2771 y 2772 y a partir de ahí ver si amerita tomar medidas”. Entre esas medidas analizará la detención. “Siempre que uno sigue una causa y analiza un abanico de posibilidades está pensando en una detención”, añadió.
Entre esa explicación y lo que dejó escrito en los papeles hay algunas diferencias. El paso de los días irá diciendo finalmente qué es lo que hará.
Acosta trabaja en las causas de Derechos Humanos en una provincia controvertida. Los organismos de derechos humanos locales y los abogados de las querellas denunciaron una y otra vez las parálisis de las causas y el temperamento de los jueces federales que se declararon incompetentes cuando la Justicia Federal de Córdoba les pasó las causas. Tuvo que intervenir la Cámara de Apelaciones local para que se ordenen las investigaciones que ahora lentamente empezaron a avanzar.
Pablo Salinas es uno de los abogados de las causas de Mendoza Capital, entre otras impulsa la investigación por el homicidio de Paco Urondo. Ayer conoció la decisión de Acosta. “Está claro que los hechos son repudiables y que hay que investigarlos”, dejó en claro. “Pero yo siempre vi ese tipo de argumentos como una estrategia de defensa desplegada por los militares y sus defensores desde el Juicio a las Juntas hasta ahora.”
Ese tipo de razones ayer alentó un debate que traerá cola y que cruza el último medio siglo de historia. La revisión del último gobierno de Juan Domingo Perón, la persecución a los militantes políticos, la formación de los grupos especiales y las bandas de escuadrones asesinas de la Triple A manejadas por José López Rega desde el corazón del poder son temas que tal vez se abrirán paso detrás de la resolución –¿?– del juez mendocino.
Fuera del esquema de funcionarios nacionales y del análisis de su situación, Acosta empezará a estudiar el futuro de quienes se asociaron a la ejecución del programa del “aniquilamiento” desde Mendoza.
“Oficiar al ministro de Gobierno de la provincia de Mendoza –dice uno de los párrafos– para que informe con carácter de ‘Urgente despacho’ sobre la identidad de las personas y sus domicilios actualizados que suscribieron o dispusieron poner las fuerzas policiales y penitenciarias provinciales bajo el control operacional del Consejo de Defensa de la Nación.”
Aquellas funciones tuvieron relación directa con lo que prescribieron los decretos a partir del 6 de octubre de 1975, dado que facultaban a los gobiernos provinciales a dejar a toda su fuerza de seguridad local a disposición de un recién creado Consejo de Seguridad Interna que en manos de los militares y bajo control de la Nación quedo de “inmediato” abocada a la “lucha contra la subversión”. El Comando Superior del Presidente de la Nación debía “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país” (ver aparte).
Para saber cómo fueron las cosas en Mendoza, le pidió por escrito al ministro de Gobierno que adjunte resoluciones, “actas de adhesión, convenios y normas que pudieron haberse dictado para hacer operativos los decretos en cuestión”. Además pidió copias certificadas. Si las hubiera. Aclaró.
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