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El Congreso será uno de los escenarios más calientes de la disputa política entre el Gobierno y la oposición en lo que queda de noviembre. El oficialismo buscará avanzar en la aprobación de un paquete de proyectos girados desde el Ejecutivo, y la Cámara de Diputados se propuso sesionar dos veces por semana para alcanzar ese objetivo antes del cierre del período de sesiones ordinarias, que culmina a fin de mes. La aprobación del presupuesto 2007, la nueva ley de Educación que llegará esta semana al Parlamento y la anunciada reducción del número de jueces de la Corte Suprema, que pasará primero por el Senado, encabezan la lista de prioridades que incluye un extenso temario. La oposición jugará todas sus cartas –y ya planea una estrategia común– en contra de los superpoderes y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) cuando comience a tratarse en comisiones y en las sesiones la ley de presupuesto.
El tema presupuestario promete ser el más álgido. La oposición ya lo demostró la semana pasada en el debate sobre la ampliación del presupuesto 2006 en más de 13 mil millones de pesos, donde volvió a embestir contra las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin control parlamentario. Facultades extraordinarias que el kirchnerismo –junto a sus aliados del Peronismo Federal– no piensa resignar y tras las cuales se abroquelará como lo ha hecho hasta ahora, imponiendo su mayoría para bloquear cualquier objeción.
Pero parte de la oposición ya comenzó a trazar una estrategia común para enfrentar los “superpoderes” del Ejecutivo. Legisladores del macrismo y sus aliados provinciales, ex duhaldistas alineados con Roberto Lavagna y del radicalismo, admitieron que no sólo cuestionarán los números oficiales para el año próximo sino que buscarán un dictamen común por la minoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja que defenderán en el recinto y hasta la elaboración de una propuesta para impulsar la derogación de las facultades concedidas a Alberto Fernández y los DNU.
También saben que la mayoría oficialista intentará reducir su iniciativa a un reclamo casi testimonial. El jefe del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, dijo que se aprovechará “la discusión del Presupuesto para pedir la derogación de los superpoderes” pero estimó que “el oficialismo seguro se va a negar”. El vocero lavagnista Alejandro Rodríguez acusó al Gobierno de “no estar dispuesto a ir a fondo para mejorar la calidad institucional” y se quejó de que “cuando se plantean cuestiones de fondo, como los superpoderes, el presidente de la Cámara de Diputados sostiene que se trata de una simple chicana”. “El oficialismo tiene una mayoría clara y evidente que le permite aprobar sin mayores tropiezos este mecanismo”, comentó el diputado de Recrear, Pablo Tonelli.
Igualmente críticos sobre los “superpoderes”, las bancadas del ARI, el socialismo y otros bloques unipersonales ya anunciaron que no sumarán a la entente de los partidos de centroderecha. “Si el año próximo, donde seguramente habrá una recaudación mayor de ocho mil millones de pesos, se mantiene esta práctica, el actual gobierno finalizaría sin que este Parlamento hubiera debatido el destino de 41.200 millones de pesos en los últimos cuatro años”, dijo el diputado de la CTA, Claudio Lozano, que tampoco se sumará al acuerdo impulsado por el macrismo.
El oficialismo confía en su mayoría y sólo trata que el debate presupuestario no se convierta en el escenario deseado por la oposición. El propio jefe de Gabinete mantendrá hoy una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Carlos Snopek, con el que privilegiará –como argumento– el aumento de las partidas presupuestarias destinadas al incentivo docente, la investigación científica, incrementos salariales para los trabajadores estatales, y deja abierto –como ya lo dijo la ministra de Economía, Felisa Miceli– una nueva mejora para jubilados que saldría del superávit fiscal. Diputados lo trataría el 22 de noviembre para que rápidamente pase al Senado para su sanción definitiva.
Pero también estarán en debate la nueva ley de educación y la reducción a cinco del número de jueces en la Corte Suprema, temas sobre los que hay un mayor consenso. La semana pasada quedó pendiente de tratamiento la creación del ente que se encargará del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y que dependerá del gobierno nacional. El oficialismo intentará avanzar esta semana con modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos y en la ley de protección de datos personales.
También está en lista de espera en la Cámara baja un paquete de proyectos laborales que recibieron dictamen de la Comisión de Legislación Laboral, como la que establece una ampliación de las licencias por paternidad. Los diputados podrían avanzar además en un proyecto que cuenta con media sanción del Senado y que propone bajar a 18 años la mayoría de edad y la aprobación de un banco de datos genéticos para delitos sexuales.
Otros proyectos quedarían postergados. Como el que prevé indemnizaciones para los exiliados y la ley de radiodifusión.
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