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“Lo que queremos es perfeccionar la dinámica y la especificidad del Banco Nacional de Datos Genéticos. Buscamos mejorar la agilidad y rapidez del proceso”, dice Estela Carlotto. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo defiende así el proyecto de ley que reestructura el organismo en el que se realizan los análisis de sangre de posibles hijos de desaparecidos. La iniciativa, elaborada por el diputado Remo Carlotto, es resistida por algunos legisladores e incluso familiares de desaparecidos, que afirman que la norma es “discriminatoria” porque apunta a restringir el funcionamiento de la entidad sólo a los casos vinculados al terrorismo de Estado.
El Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand, fue creado por impulso de las Abuelas de Plaza de Mayo en 1984 y su funcionamiento fue reglamentado por ley en 1987. En los primeros años después del regreso de la democracia, las mujeres que buscaban –y todavía buscan– a sus nietos se contactaron con especialistas extranjeros con el objetivo de acceder a un método científico que les permitiera establecer la “abuelidad”, ya que la desaparición de los padres de los niños impedía realizar un análisis de filiación ordinario. Los estudios se perfeccionaron a través de la utilización del ADN. Hasta el momento, fueron resueltos más de ochenta casos, pero se estima que son cerca de 500 los niños –hoy jóvenes– que fueron secuestrados durante la dictadura.
Las Abuelas nunca cuestionaron el profesionalismo del banco, pero desde hace tiempo tenían una relación tensa con quien fue su directora hasta el año pasado, Ana María Di Lonardo. “Tardaba demasiado en dar los resultados. Lo cierto es que la ley que reglamentó el funcionamiento del banco era defectuosa y nos trajo muchos problemas”, asegura la presidenta de Abuelas.
El nuevo proyecto de ley, que ya pasó por las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos de Diputados y ahora está siendo analizado en Presupuesto, establece la creación de un Instituto Nacional de Datos Genéticos dentro del ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El objetivo es “facilitar la búsqueda e identificación de los hijos e hijas de personas desaparecidas entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 que hubiesen sido secuestrados junto a sus padres o hubiesen nacido durante el cautiverio de sus madres, por pedido de la Justicia o en casos en los que las presuntas víctimas concurran por su propia voluntad a través de vía administrativa”. Según la iniciativa, que además de Carlotto firmaron Miguel Bonasso, Carlos Kunkel, Agustín Rossi, Hermes Binner y Diana Conti, entre otros, el organismo también se encargaría de la identificación genética de restos de persona desaparecidas durante la última dictadura. En Nuevo Instituto asumiría las funciones del banco, pero sólo para los casos vinculados con el terrorismo de Estado. Este es uno de los puntos que generó la polémica.
“No concebimos la idea de restringir lo que debe ser universal, para todos. No hay derechos humanos limitados. Su riqueza radica precisamente en su universalidad”, señalan, en un dictamen que firmarán en minoría, la diputada radical Alicia Tate y Marcela Rodríguez, del ARI. “Nos preguntamos cuál es la razón fundamental y el apuro por la aprobación de esta ley. Creemos que no debe haber exclusiones, por lo tanto cuestionamos el carácter discriminatorio de la ley y propiciamos la gratuidad de los estudios para avanzar en un criterio de igualdad”, afirman en una carta que enviaron a Página/12, María Isabel “Chicha” Mariani, Elsa Pavón, Mirta Baravalle, Analía Rivadera, Elena Mendoza y Adriana Leiva, familiares de desaparecidos. Ellas creen que este proyecto “constituye una desprotección de los datos personales y muestras genéticas que actualmente están resguardadas en el Hospital Durand” y se quejan de que “la restricción con la que se maneja” esta iniciativa les “impide” ejercer su “derecho a la participación y el necesario debate”.
“Nosotros hicimos consultas con técnicos y biólogos moleculares que nos explicaron cuál es el universo de los análisis genéticos. En el banco eran gratuitos los análisis para los casos de desaparecidos y eso va a seguir siendo así, pero el banco también se ocupaba de casos de filiación privada, eso lo cobraba y aunque debía cobrar sólo los reactivos, terminaba saliendo lo mismo que en un laboratorio privado. Así, los casos de Abuelas se empezaron a atrasar. La nueva ley no es discriminatoria porque hay muchos sitios en los que se pueden realizar los estudios, como el cuerpo pericial de la Suprema Corte de la provincia y la Facultad de Farmacia y Bioquímica. La gente sin recursos también puede acceder, a través de una orden judicial, de forma gratuita a un estudio en el cuerpo médico forense”, señala el diputado Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías e impulsor del proyecto.
Para Carlotto, esta ley permite resolver algunas falencias: “Aclara que el director técnico del instituto, que será nombrado a través de un concurso, es el perito oficial. En algunas causas han querido poner al Cuerpo Médico Forense en vez de al banco y eso ha provocado desconfianza, porque el Cuerpo Médico, en estos casos, terceriza los análisis. Otro tema importante es la cuestión de la órbita, el banco es nacional pero cuando la ciudad se hizo autónoma pasó a depender de la ciudad y eso generó problemas de gestión, que hace a la eficiencia y calidad”, asegura.
Ninguno de los actores involucrados en este debate quiere menoscabar la calidad de banco –o Instituto– de datos genéticos. Pero desde el ARI y el radicalismo se cuestiona que la iniciativa “acote” las tareas del banco. “Si necesitan más gente, que tomen más, hay problemas que se solucionan con un aumento presupuestario, pero no hay por qué dificultar otros casos de filiaciones”, afirma Rodríguez.
Para las Abuelas, en el banco hay problemas funcionales que se mejoran con esta iniciativa. “El proyecto viene a jerarquizar al banco, y agrega entre sus funciones la identificación de restos óseos de las personas desaparecidas. En este sentido, se consultó a los organismos especializados. De esta forma, el estado se hace cargo de la búsqueda y de su responsabilidad”, agrega el diputado Carlotto.
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