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Pascual Carlos Rombolá y Carlos Alberto La Torre recurrieron al Alto Comisionado de la Naciones Unidas por los Derechos Humanos para pedir protección y solicitar asilo. Los empresarios de la construcción que con su denuncia desataron una investigación judicial que terminó por enviar a juicio oral y público al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cataldo Cariglino, ahora temen por sus vidas. Los abogados del intendente volvieron a pedir la detención de los denunciantes –que ya estuvieron presos por el mismo motivo– a quienes acusan de haber adulterado el contenido del disco rígido de la computadora (en un hecho ya descartado por los peritos) que pertenecía a la empresa fantasma que regenteaban funcionarios municipales y que fue la llave para detectar una treintena de delitos económicos contra el municipio, que involucran directamente a Cariglino. Desde hace dos años y medio los constructores tienen custodia policial, que igual no pudo evitar que los balearan y atentaran contra ellos. La ONU aceptó analizar el pedido bajo la carátula de “detención arbitraria”.
“Nuestros temores son que la historia vuelva a repetirse y que, con el reciente pedido de detención incluida en la causa de Quilmes, logren ahora lo que no lograron antes, que es encarcelarnos a los dos y que luego casualmente ‘nos pase algo’ con la población carcelaria y asesinarnos en el lugar de reclusión en medio de una riña entre presos o un motín”, se explica en el pedido de “protección o asilo” que Rombolá y La Torre presentaron ante el Alto Comisionado por los Derechos Humanos en las oficinas que la ONU tiene en Buenos Aires. Un pedido que repitieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, después de pasar por el Inadi con el mismo reclamo.
La “causa de Quilmes” es para los constructores el principal motivo de sus temores. Para los abogados de Cariglino, hay una estrategia que podría “voltear” el juicio oral –aún sin fecha– que sentará en el banquillo de los acusados al intendente y una docena de sus funcionarios por los delitos de “estafa en perjuicio de la administración pública”, “administración fraudulenta” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. La Justicia los libró de comparecer por la conformación de una “asociación ilícita”.
Cariglino denunció que los empresarios y el fiscal de San Martín habrían fraguado la información de una PC en la que se almacenaba los datos de la Cooperativa 2 de Abril. Hacia allí se giraban los materiales y dinero de la provincia o de particulares para que sus directivos, con diversas maniobras ilícitas (pago a empresas inexistentes, alteraciones contables, cheques cobrados por sus directivos, facturación de servicios no prestados, desconocimiento de deudas a proveedores, como sucedió con Rombolá y La Torre) se terminaran apropiando de éstos. Entre ellos –-según la acusación fiscal– está el propio Cariglino.
Pero el intendente logró que la causa contra los constructores y el fiscal Edgardo Ledesma terminara –por decisión de la procuración provincial– en los tribunales de Quilmes. Cariglino y sus abogados lanzaron una cruzada contra la fiscalía general de San Martín, donde no lograron torcer el avance de la investigación que lo tenía como principal acusado. El fiscal quilmeño Luis Antonio Armella y el juez de San Martín Oscar Roberto Quintana decidieron la detención de los empresarios. La Torre estuvo preso casi una semana y Rombolá logró la eximición de prisión con una fianza de 50 mil pesos.
El Instituto de Estudios en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) asumió la defensa de los constructores. La ONG denunció “la designación irregular del fiscal de Quilmes” que sin “compulsar la veracidad de la denuncia ordenó la privación ilegal de la libertad” de sus defendidos. Pero, Armella (nombrado Juez Federal de Quilmes) y Quintana (ascendido a Camarista en San Isidro) elevaron la causa a juicio oral. Ahora, los abogados de Cariglino volvieron a pedir la detención de La Torre y Rombolá.
Para los empresarios la preocupación pasa por su propia supervivencia: “Hemos sido encarcelados ilegal, ilícita e irregularmente, amenazados de muerte, han atentado contra nuestras vidas y las de nuestros hijos, venimos recibiendo todo tipo de presiones políticas, jurídica y económicas. Tenemos que movilizarnos con custodia, cuando no, pedir que vigilen a nuestras familias, propiedades y bienes permanentemente amenazados”, dice la carta dirigida a los funcionarios de la ONU.
Hace más de dos años y medio que los constructores tienen custodia policial, que en noviembre de 2005 les salvó la vida durante un tiroteo en medio de una persecución automovilística. Pero apenas siete días atrás alguien lanzó una bomba molotov contra la camioneta de La Torre. El Alto Comisionado de la ONU aceptó el trámite por “detención arbitraria”.
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