EXCLUSIVO: LOS REPRESORES DE LA DICTADURA QUE LA DEMOCRACIA NUNCA DEPURO
Una perfecta máquina de matar
El asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el copamiento de Avellaneda y la cacería de manifestantes con balas de plomo revelaron la responsabilidad del comisario inspector Mario Mijín, entonces número dos de la Departamental Lomas de Zamora, que supervisó el plan criminal. Pero Mijín no está solo: una investigación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos revela que un grupo importante de la patota policial de Camps jamás fue separado. O sigue en actividad, o está en retiro con funciones policiales. Y en ningún caso fue juzgada.
Por Martín Granovsky
Calvo y González Vivero.
De la Asociación de Ex Detenidos.
La Policía Bonaerense no los necesita a ellos para ser la maldita policía. Le basta con los méritos de los últimos años. Pero ellos son el hilo que representa la continuidad jamás cortada del todo entre la policía de Ramón Camps y la que el 26 de junio mató a dos piqueteros en la Estación Avellaneda. Tras un prolijo análisis de las declaraciones de ex represores en el juicio de la verdad de La Plata, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos extrajo un puñado de nombres (ver página 2). Todos habían participado de campos de concentración en tiempos de la dictadura. Todos estaban en actividad al momento de declarar ante la Justicia. Página/12 ya reveló que uno de ellos, Mario Mijín, fue el jefe de Alfredo Franchiotti en la matanza de Avellaneda. Pero Mijín no está solo.
Cuando asumió como ministro de Seguridad de Felipe Solá, Juan Pablo Cafiero prometió que revisaría legajo por legajo de la Bonaerense. De cualquier forma Adriana Calvo y Mónica González Vivero, de la Asociación, o sea víctimas directas de la represión de la última dictadura, explicaron a este diario que su trabajo es muy anterior a la promesa de Cafiero y no está determinado por ella. Ya elaboraron una investigación sobre la Escuela de Mecánica de la Armada que resultó útil al juez español Baltasar Garzón para el juicio en España. Su documento sobre la represión en la provincia está centrado en tres campos de concentración y se basa en la recolección de elementos concretos: nombres, situaciones, listas de secuestrados, ubicaciones, identificación de represores, fechas, métodos.
El Juicio de la Verdad que se desarrolla en la Cámara Federal de La Plata desde 1998 y aún no terminó, les sirvió para reunir aún más información.
–Cada vez que declaraba un represor indicaba su grado y su situación de revista –dijeron Calvo y González, obsesionadas en todo momento por aportar datos precisos que, dijeron, podrían ampliar ante la Justicia.
–¿Y esa situación de revista, en actividad o en retiro, sigue vigente hoy?
–Es probable que sí en la mayoría de los casos. El ministro Cafiero podría saberlo en un minuto, y debería actuar en el minuto siguiente. Pero no nos queremos quedar en eso. Sacarlos de la situación de personal en actividad es solamente el primer paso.
–¿Cuáles serían los otros pasos?
–Quedó claro durante el juicio que muchos seguían revistando como personal policial, incluso en retiro, y trabajaban por ejemplo en dependencias de la policía en funciones administrativas, o en el propio ministerio que hoy encabeza Cafiero. El ministro debe revisar esas situaciones y terminar con ellas. Y nos parece que además nosotros, como ciudadanos, no podemos estar pagando el retiro de quienes participaron en las patotas de los campos de concentración. Deben ser destituidos de la policía. Igual, es obvio que lo más importante es que sean procesados y terminen en la cárcel. Y se puede. Hay indicios. Hay pruebas. Hay antecedentes sólidos sobre varios de los torturadores de los campos.
Calvo y González insistieron, además, en que si hay pases a disponibilidad, como se conoce en la jerga el limbo que se crea entre la pérdida de función concreta de un policía y su futuro no resuelto, haya un control estricto para que un represor no pase un tiempo de escondite y luego vuelva a la primera línea.
Es su temor, por ejemplo, en el caso de Mijín. En su edición del 2 de julio, Página/12 reveló que el comisario inspector, entonces subjefe de la Departamental de Lomas de Zamora de la Bonaerense, había integrado la patota del destacamento Arana con Camps. En el juicio de La Plata Mijín se defendió diciendo que solo formaba parte de la guardia, pero Adriana Calvo, que estuvo en ese campo, dijo que “era un lugar muy pequeño, contres celdas chiquitas, de un metro por uno ochenta, y una más grande, donde solo había detenidos para torturar”. Ella misma contó cómo la guardia, que Mijín pretendía aséptica y ajena a cualquier cosa que ocurriera dentro del campo, sin buscar información torturaron a un secuestrado mientras los policías comían un asado, solo en busca de animación. Querían que el detenido gritara: “Me la como doblada”.
El mismo día de la publicación en este diario asumía Cafiero. Y ese día, también, dijo que “alguien que trabajó en un centro clandestino de detención no puede estar en la policía ni un segundo”.
–Queremos saber dónde está Mijín ahora y qué medidas tomará el ministro Cafiero para cumplir con su promesa: no estar en la policía es no estar en actividad pero tampoco quedar vinculado a la institución de ninguna manera –dijeron ayer Calvo y González Vivero.
También recomendaron examinar los antecedentes de los directivos de agencias de seguridad registradas en la provincia de Buenos Aires. Sólo como ejemplo mencionaron a Alberto Rousse, un comisario inspector retirado que podría ser acusado por privación ilegítima de la libertad, torturas y desapariciones. Controla la firma Empresa de Seguridad Avellaneda Sociedad Anónima.
Las antiguas víctimas de los campos de concentración de Camps aclararon que “sin duda los delitos reales exceden ampliamente los mencionados en nuestra investigación, y eso porque la naturaleza clandestina de la represión y las condiciones de cautiverio de las víctimas dificultan la tarea probatoria a partir de los testimonios de los sobrevivientes”.
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