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La Justicia uruguaya concedió la extradición a la Argentina de seis represores de ese país acusados por violaciones a los derechos humanos. Se trata de cinco militares retirados y un policía reclamados por el juez federal argentino Guillermo Montenegro por su participación en el Plan Cóndor, como se denominó el operativo represivo conjunto que montaron las dictaduras latinoamericanas en los ’70. Marcelo Buigo, abogado del poeta Juan Gelman y querellante en la causa en la que se pidió su entrega, destacó la importancia de la decisión judicial y remarcó que “hace un año esto era impensable”. Los represores no serán entregados en lo inmediato, porque aún tienen posibilidades de apelar y también otros juicios pendientes en Uruguay.
La decisión de conceder a la Argentina la extradición de los represores que reclama Montenegro fue adoptada por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini. Su resolución comprende al mayor retirado de la policía Ricardo Medina y a los coroneles retirados Ernesto Ramas y Jorge Silveira, al teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, al ex mayor José Arab y al ex coronel Gilberto Vázquez, quien el 3 de julio pasado escapó del Hospital Militar de Montevideo y fue recapturado a los pocos días. En el exhorto que libró en su momento, el magistrado argentino pedía también la extradición del ex militar Julio Vadora, ya fallecido.
Los represores uruguayos están acusados por su participación en el Plan Cóndor. En concreto, en la causa a cargo de Montenegro se les imputa la detención ilegal y traslado de once uruguayos al centro clandestino Automotores Orletti durante 1976. Ese magistrado no es el único que pretende que rindan cuentas en los tribunales argentinos: Norberto Oyarbide los reclama por la apropiación de la nieta de Gelman y Daniel Rafecas pidió su extradición en la causa que investiga los crímenes cometidos en Automotores Orletti. La Justicia uruguaya todavía no se expidió en ninguno de esos dos casos.
En Uruguay –donde fueron detenidos preventivamente en mayo mientras se tramitaba el pedido de extradición– también tienen cuentas pendientes: el 11 de septiembre último, el juez Luis Charles los procesó con prisión preventiva por “privación de libertad” y “asociación para delinquir” en la causa por la desaparición del militante de izquierda Adalberto Soba.
Aun cuando los tribunales de alzada confirmen la resolución de Fernández Lecchini, antes de ser extraditados los represores deberán completar en Uruguay las condenas que pudieren aplicarles por el caso Soba. Así lo precisó el magistrado que accedió al pedido de Montenegro, quien además dejó establecido que “no podrán ser juzgados” en la Argentina por los mismos delitos por los que fueron juzgados en Uruguay. El magistrado también condicionó la entrega a que no se les aplique “la pena de reclusión perpetua”, por no existir en la legislación uruguaya, y señaló que “se les descontará de la pena que eventualmente pudieren sufrir el tiempo que permanecieron detenidos”.
A pesar de las limitaciones, Buigo consideró que lo resuelto por Fernández Lecchini “es un hecho importante” y enfatizó que “hace un año esto era impensable porque regía la Ley de Caducidad”, que consagró la impunidad de los represores uruguayos. En abril pasado, Uruguay concedió por primera vez en su historia la extradición de tres militares a Chile, en el marco de la investigación del secuestro y asesinato de un ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet, el bioquímico Eugenio Berríos.
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