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A última hora de hoy concluirá el lockout de los empresarios del campo. Los dirigentes de las entidades que los representan se manifestaron dispuestos a retomar el diálogo con el Gobierno a partir de mañana para intentar destrabar el conflicto, pero al mismo tiempo continuaron criticando a los principales funcionarios y aclararon que su objetivo no es sólo ser escuchados sino participar en el diseño de la política agropecuaria. “En estas condiciones es imposible dialogar” señalaron ayer a Página/12 fuentes del Ministerio de Economía.
La Sociedad Rural expresó su deseo de negociar con el Gobierno el jueves pasado cuando convocaron a una conferencia de prensa en su sede de la calle Florida. Luciano Miguens, presidente de la entidad, declaró entonces que “el martes nos presentaremos en la Secretaría de Agricultura para explicar que esta medida no fue en contra de nadie sino un llamado de atención”. Sin embargo, su vice, Luis Biolcati, se despachó ayer con dureza contra el Gobierno al afirmar que “los que entienden algo no tienen nada de poder y los que no entienden nada tienen el poder, entonces nos encontramos con un dilema grave. Moreno tiene poder y no entiende nada”. Luego fue más allá al asegurar que “durante gran parte del año nos demonizaron para ganar votos con mucho éxito (...) cada vez que nos pegaba (por Kirchner) ganaba votos”.
Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria, también se expresó ayer a favor del diálogo, pero se mostró escéptico respecto a la posibilidad de lograr avances. “Esperamos actitudes racionales tendientes a que haya una mejor predisposición a reconstruir canales de discusión, pero en lugar de esto, se lanzan contraofensivas que molestan”, aseguró en referencia a la campaña mediática a través de la cual el Gobierno acusó a los dirigentes rurales de querer aumentar el precio del pan, la harina y la carne para engrosar sus ganancias. Luego Buzzi manifestó su temor por la continuidad del “reunionismo”, dispuesto durante los últimos meses por la ministra de Economía, Felisa Miceli, y pidió que sea el presidente Kirchner “quien fije una cronología de trabajo”.
El otro dirigente que pidió dialogar con el Gobierno fue Néstor Roulet, vicepresidente de CRA, aunque advirtió que “dialogar no es ir a una de las tantas reuniones donde participamos pero no se nos escucha”. “No sirve de nada encontrarnos si no trabajamos en conjunto para lograr una política agropecuaria que es lo que necesitan los productores”, aseguró.
En Economía sostienen que las críticas que expresan los dirigentes del campo luego de llamar al diálogo convierten ese pedido en una frase de compromiso. “Dicen que quieren dialogar, pero continúan con los agravios. Además, la política agropecuaria no la van a fijar las entidades sino el Gobierno”, aseguraron a Página/12.
Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas exigen que el Gobierno deje de intervenir en los mercados porque le quita incentivos a la producción. En Economía no están dispuestos a ceder frente a ese reclamo porque aseguran que sin la intervención estatal los precios de los alimentos subirían. Además, dicen que la intervención no pone en riesgo la rentabilidad del sector y afirman que, más allá de lo que digan las entidades, el precio de la tierra es el mejor indicador del buen momento que atraviesa el campo. En el sur de la provincia de Buenos Aires (zona núcleo triguera), el valor de la hectárea de campo apta para agricultura subió de 1000 a 2700 dólares en los últimos cuatro años. Mientras que en la zona norte de la provincia (zona núcleo maicera) la hectárea subió de 2800 a 7200 dólares.
Javier Rodríguez, especialista en economía agropecuaria de la Universidad de Buenos Aires, coincidió con el Gobierno al afirmar ante este diario que “los empresarios rurales tienen ganancias altas. Más allá de lo que diga la Sociedad Rural, sus números son mucho mejores que en la década del ’90. Dedican una pequeña parte de sus campos a la ganadería y el resto lo destinan a la agricultura donde los márgenes son más altos”. Rodríguez señaló además que lo que en verdad quieren esas entidades es “la eliminación de las retenciones”, por más que se entretengan criticando el peso mínimo de faena, los modales de Guillermo Moreno, o reclamando un Plan Agropecuario.
En el caso de Federación Agraria la situación es distinta. La entidad reclama una mayor intervención estatal para asistir a los pequeños productores. Sin embargo, las tres entidades convocaron al lockout de manera conjunta e incluso llegaron a compartir el palco en algunas protestas, tal es el caso de la que llevaron adelante Federación Agraria y CRA en la localidad cordobesa de Bell Ville.
Los especialistas coinciden en que será muy difícil que las entidades y el Gobierno lleguen a un acuerdo en este contexto, pues más allá de la mayor o menor belicosidad discursiva, las diferencias en cuanto al diseño de la política agropecuaria son irreconciliables y hacen prever nuevos conflictos en el futuro ya que ninguna de las partes aparece dispuesta a ceder.
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