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El país|Jueves, 14 de diciembre de 2006

Condena en puerta para un ladero de Aníbal Gordon

El juez Oyarbide dictará sentencia contra el represor Eduardo Ruffo por secuestros y robos en una causa sobre los crímenes de la Triple A. Ya está preso por torturar en Automotores Orletti.

Por Irina Hauser
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Eduardo Ruffo y Aníbal Gordon, dos ex espías aliados en ataques y secuestros.

El represor Eduardo Ruffo está muy cerca de ser condenado, aunque no es (todavía) por los 65 crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti que lo llevaron a la cárcel hace un mes y medio, sino por los secuestros extorsivos, ataques y robos protagonizados entre 1982 y 1984 por la banda del ex agente de inteligencia Aníbal Gordon, que él integraba. La sentencia sería dictada en los próximos días por el juez Norberto Oyarbide en una causa por asociación ilícita que forma parte de una investigación que se abrió en 1975 sobre el accionar de la Triple A.

Ruffo fue mano derecha de Gordon dentro y fuera de Automotores Orletti, la sede del Plan Cóndor en Buenos Aires, que dependía de la SIDE. Incluso participó del armado de ese centro clandestino: su firma está en el contrato de alquiler de aquel taller mecánico de Floresta donde él mismo, dice la causa, “intervino activamente en las torturas”. En democracia volvió a trabajar para la central de espías, a la que fue reincorporado por Hugo Anzorreguy durante el gobierno de Carlos Menem.

Después de pasar tres años prófugo, el 25 de octubre último Ruffo, alias Zapato o Capitán, fue detenido en Barrio Parque cuando caminaba como si nada por la calle Juez Tedín al 2700. Tenía una orden de captura del juez federal Daniel Rafecas, que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. El mes pasado fue procesado como “una pieza central del engranaje operativo” de Orletti por el delito de privación ilegal de la libertad agravada en 65 casos. La resolución señalaba que mantuvo a los cautivos “bajo condiciones infrahumanas de vida”. Allí, algunas de sus víctimas fueron Carlos Santucho, hermano del dirigente del ERP Mario Roberto Santucho, y Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman.

Ruffo tenía, además, otra orden de detención pendiente librada por el juez Oyarbide por su papel en la banda paramilitar de Gordon. En ese expediente, en abril de 2005 el magistrado condenó a siete integrantes de la organización por el delito de asociación ilícita, con penas de seis a diez años. La resolución alcanzó a Marcelo Gordon –hijo de Aníbal, quien murió en 1987–, Carlos Membrives, Carlos Rizzaro, Jorge Rizzaro, Ernesto Lorenzo, Oscar Herrador y Rubén González Figueredo. Gordon y Lorenzo, su chofer, también fueron acusados puntualmente por el secuestro extorsivo del contador Ricardo Espósito por cuya liberación pedían 100 mil dólares.

De aquel grupo investigado, Ruffo había quedado sin castigo pese a aparecer implicado en robos y secuestros, porque estaba en “rebeldía” con la Justicia. Su detención por los crímenes en Orletti allanó el camino al Oyarbide que ya está redactando la sentencia, según anticiparon a Página/12 allegados al juzgado. Es probable que, por los años de detención que ya cumplió en temas conexos, la nueva pena se de por cumplida.

En el fallo del año pasado, el juez decía que está probada “la existencia de un grupo” que “se dedicó a cometer delitos indeterminados, tales como secuestros extorsivos, privación ilegal de la libertad, lesiones, robo y uso de documentos adulterados”. Describió que “actuaban entre diez y quince personas en, al menos, dos automóviles, desplegaban su accionar ilícito a plena luz del día en lugares céntricos de la ciudad”.

En el expediente están incluidos los relatos de varias víctimas del Grupo Gordon. También los de testigos que vieron sus reuniones en el bar Pucará y que señalan a los Gordon, a Membrives, a los Rizzaro y Ruffo entre los más asiduos concurrentes. Uno de los miembros de la banda, González Figueredo, confesó su participación en los delitos y contó que todo había empezado por un ofrecimiento que tuvo para “actuar en el grupo paramilitar dentro de la Triple A”. Los dos Rizzaro y Lorenzo, al ser detenidos en 1984, presentaron documentos falsos. La semana anterior habían posado para una famosa foto de tapa de la revista Gente, sosteniendo una remera que los identificaba como la “Brigada Panqueque”, todos con un rosario blanco al cuello.

Ruffo ya tuvo una condena por la apropiación de una niña, Carla Rutilo Artés, hija de una desaparecida, que finalmente pudo ser restituida a su abuela. La había anotado como hija propia y fue hallada por Abuelas de Plaza de Mayo en 1985. También fue condenado por el secuestro de Guillermo Patricio Kelly, cometido poco antes de las elecciones de 1983. Fue el último “hito” de la banda de Gordon previo a su disolución.

El fiscal Federico Delgado también analiza si Ruffo participó en la apropiación de bienes de desaparecidos a través de la empresa “Magister Seguridad Integral”, constituida en 1976. Según consta en el expediente, él figuraba como uno de los socios y uno de los que manejaba la compañía era el general Otto Paladino, entonces titular de la SIDE y, como tal, jefe del campo de concentración Automotores Orletti. En los papeles aparecía la esposa de Paladino, Haydée Raquel Calcagno. Magister alegaba dedicarse a estudios de mercado, asesoramiento industrial, administración de empresas, análisis contables y a la vez servicios de vigilancia, investigaciones y contraespionaje industrial. Pero hay indicios de que su menú incluía secuestros extorsivos y habría sido destinataria del dinero proveniente del “botín” que les robaban a los desaparecidos de Orletti, repartido bajo supervisión de Gordon.

En la causa madre sobre la Triple A propiamente dicha, abierta hace casi 32 años, se llegó a acusar a su artífice y líder, José López Rega. El entonces fiscal Aníbal Ibarra pidió prisión perpetua, pero el “Brujo” murió el 9 de junio de 1989, a los pocos días de presentar su defensa. El caso sigue en una estantería del juzgado de Oyarbide. El año pasado el fiscal federal Eduardo Taiano pidió que se reabriera la investigación sobre ocho secuestros y desapariciones ocurridos a manos de esa organización en 1973 y 1974: los de Daniel Banfi, Rodolfo Ortega Peña, Luis Latrónica, Pablo Laguzzi (que era un bebé de cuatro meses), Guillermo Jabif, Luis Angel Mendiburu, Silvio Frondizi y Julio Tomás Troxler. Taiano reclamó que esos crímenes se consideren como delitos de lesa humanidad y que, como tales, no prescriban. Ahora todo está en manos de Su Señoría.

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