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A cinco años de la represión del 19 y 20 de diciembre, la jueza federal María Romilda Servini de Cubría procesó al ex comisario Jorge Alfredo Palacios. El ex comisario –a quien todos en la Federal conocen como “El Fino”– también fue embargado por 2 millones de pesos. El procesamiento fue por cinco casos de “homicidio culposo”, la misma calificación que recibieron el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov; el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y los comisarios Raúl Andreozzi y Norberto Gaudiero. A esos otros cuatro imputados, Servini de Cubría les amplió el procesamiento a 219 casos de lesiones a manifestantes.
Servini de Cubría remarcó que Santos fue quien ordenó desalojar la Plaza de Mayo, lo que dio lugar a detenciones “provocativas” e “injustificadas” de manifestantes, en un procedimiento “preparado y conducido” desde la Sala de Situación de la Policía Federal, a cargo de Gaudiero y Andreozzi.
En tanto, la jueza les dictó falta de mérito a los comisarios René Derecho y Alfredo Salomone. Derecho era el jefe de la Circunscripción VIII de la Policía Federal. El 20 de diciembre estaba en Plaza de Mayo, con órdenes de no dejar ingresar a los manifestantes.
Palacios también estuvo en Plaza de Mayo ese día, coordinando el operativo. En la trascripción de las comunicaciones policiales apareció dando órdenes. También fue involucrado por los testimonios de otros oficiales. Incluso se lo vio cerca de la jueza Servini de Cubría, con la que se encontró en la puerta de la Catedral Metropolitana. Fuentes de la causa señalaron que fue un eslabón esencial en la cadena de mandos: “Recibía órdenes y las ejecutaba desde el terreno”, describieron.
La jueza sostuvo en el fallo que Palacios “participó directamente en la conducción del operativo policial desplegado durante los acontecimientos del 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires, cuya falta de adecuado control y dirección incrementó el riesgo inherente al masivo empleo de la fuerza pública”.
Palacios estaba con falta de mérito desde su indagatoria, en la que aseguró que no tenía obligación de concurrir a Plaza de Mayo. El ex comisario afirmó que fue “por una cuestión de moral, ya que no estaba de servicio”. En su versión de los hechos, no pudo impartir órdenes sino transmitir la sugerencia de que cesara la represión. “Yo no estaba a cargo de nada”, se excusó Palacios, quien sostuvo: “Mi función específica era la preservación de objetivos judíos”. En el 2001, Palacios era director general de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos.
La jueza, en cambio, consideró que, en base a los testimonios que analizó, el ex comisario “tuvo función de mando, control y dirección de las fuerzas desplegadas contra los manifestantes, con responsabilidad tanto sobre sus alcances como respecto de sus límites”. Servini de Cubría afirmó que Palacios “pudo haberse encontrado fuera del ámbito inicial donde se tomó la decisión de llevar adelante el procedimiento policial, pero luego asumió la calidad de coautor”.
“La magnitud de los hechos, el operativo montado por las fuerzas de seguridad, su falta de coordinación y supervisión y el descontrol con el que se desplegó indican, sin lugar a dudas, que la existencia de sólo cinco muertos fue un resultado casi milagroso”, remarcó Servini de Cubría.
En el operativo, Palacios fue una pieza en la cadena de mando que terminó con cinco asesinatos. “Si cualquiera de ellos hubiera dicho no, se evitaban las muertes. Y todos estaban obligados a conocer las consecuencias de lo que estaban haciendo al ir a cumplir la orden presidencial de despejar la Plaza”, sostuvo la abogada querellante de Correpi, María del Carmen Verdú, quien cuestionó que se le impute “homicidio culposo” en lugar de “homicidio simple”.
La causa se inició el mismo día de la represión, por iniciativa de cuatro diputados, entre los que estaban las diputadas del ARI, Marcela Rodríguez y Graciela Ocaña, actual titular del PAMI. Ambas pidieron una investigación sobre la “represión abusiva” de la Policía Federal y la “ilegalidad” del decreto que declaró el estado de sitio.
Servini de Cubría desdobló la investigación: mientras investiga la parte relacionada con la “cadena de mando” y las responsabilidades políticas –el ex presidente Fernando de la Rúa continúa con falta de mérito–, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers quedaron a cargo de la investigación de los hechos concretos. Los fiscales pidieron ayer la reconstrucción de los asesinatos de Avenida de Mayo y 9 de Julio (ver aparte).
La jueza primero procesó a Santos y a Mathov por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, pero luego la Cámara Federal ordenó –a instancia de las querellas– que se los procese por los cinco homicidios. Servini de Cubría los procesó, entonces, por “homicido culposo”, es decir, no intencional. La jueza consideró que “resultó absolutamente ineficaz, propiciando por su ineptitud los episodios de violencia generalizada que se vivieran en aquellas jornadas”.
Palacios era hasta hace poco uno de los considerados “intocables” de la Federal. De hecho, el hombre robusto, pícaro y de contactos fluidos con la política y los jueces era un eterno candidato a ser jefe de policía. En 1996, su poder comenzó a crecer en alianza con el entonces juez Juan José Galeano, cuando el ministro del Interior, Carlos Corach, lo puso al frente de la Unidad Antiterrorista, creada durante el gobierno de Carlos Menem.
Cuando su amigo Roberto Giacomino asumió como jefe de la policía, pasó a manejar la Superintendencia de Investigaciones. Dirigió ese lugar estratégico –que implica ser el número dos de la fuerza– hasta que fue separado por el presidente Néstor Kirchner en abril del 2004. En ese momento era un hombre de confianza del ministro de Justicia Gustavo Beliz.
El Presidente tomó la decisión luego de que se conocieron los contactos telefónicos que tuvo con el reducidor de autos Jorge Daniel Sagorsky, que en octubre de este año fue condenado por asociación ilícita en el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Palacios fue grabado en una conversación con Sagorsky, que terminó con un “todo bien, un abrazo” por parte del comisario.
También quedó registrado en otra charla con el oficial retirado Carlos Gallone, que participó en la represión ilegal en la dictadura como parte del grupo de tareas de la Superintendencia de Seguridad Federal - Dirección de Inteligencia. Gallone se hizo famoso por una foto en la que está de uniforme y abrazando a una Madre de Plaza de Mayo. En la misma plaza en la que “El Fino” coordinó la represión hace cinco años.
El fiscal federal Luis Comparatore le pidió a la jueza María Romilda Servini de Cubría que ordene la reconstrucción de los tres asesinatos que ocurrieron cerca de Avenida de Mayo y 9 de Julio. Se trata de las muertes de Gastón Riva (31, motoquero), Diego Lamagna (27, deportista) y Carlos “Petete” Almirón (23, estudiante y militante). El fiscal solicitó que “dé intervención al gabinete de criminalística de la Gendarmería Nacional” con peritos en planimetría, balística, filmación y fotografía y que los provea de armas similares a las que se utilizaron durante la represión. También requirió que se convoque a unos 40 testigos. Al enterarse del pedido, el abogado del CELS Rodrigo Borda cuestionó la ausencia de un peritaje previo, para determinar el lugar donde estaba el tirador. “Es una necedad ordenar una reconstrucción del hecho sin pedir un peritaje para determinar el lugar de ubicación del policía que efectuó los disparos mortales. El CELS va a hacer lo posible para que no sea otra causa AMIA”, sostuvo el abogado del CELS, que interviene como querellante en la causa.
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