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Emilio Pérsico explicó el miércoles en el programa de televisión A dos voces que el presidente Néstor Kirchner había señalado al comisario Luis Patti en su discurso sobre la desaparición del albañil Luis Gerez porque la Agrupación Evita que él conduce le había planteado que era preciso “patear el chancho para que apareciera el dueño”.
La metáfora no es el fuerte del ex directivo de la ONG Quebracho, quien ha dejado el tercer sector por el Estado como subjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Si el Chancho fuera Patti, esto supondría la existencia de una jefatura superior. Pero en todas las declaraciones políticas y las pintadas de ese organismo y de su filial municipal Pensar Escobar, a cargo del actor Alberto Fernández de Rosa y de la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez, Patti fue sindicado como el jefe de la banda responsable del secuestro. Es decir que no sería el Chancho sino su dueño. En la misma entrevista, Pérsico dijo que los captores de Gerez lo habían subido a un auto rumbo a la libertad antes de que Kirchner pronunciara su discurso del viernes 29. Agregó que esa cronología constaba en las declaraciones de la víctima ante la primera Unidad Fiscal de Investigaciones de Escobar, UFI 1.
La inconsistencia lógica se complica con la vaguedad fáctica: ni en las declaraciones judiciales de Gerez del sábado 30 y el domingo 31, ni en su agradecimiento al presidente, a la Senadora y al gobernador el lunes 1 ante la prensa a la que no se le permitió formular preguntas, ni en los reportajes que concedió a Clarín y a este diario el miércoles 3, ni en el dictado del plano del lugar que hizo ese mismo día, el albañil dio alguna precisión cronológica que permita reconstruir, entre otras cosas, si su puesta en libertad comenzó antes o después de que Kirchner hablara por cadena nacional.
Este detalle no tendría mayor importancia si en la puerta del hospital en el que Gerez fue atendido la primera noche, el ministro de seguridad bonaerense Carlos Arslanian no hubiera atribuido su aparición a esa palabra disuasiva y el ingeniero Amos que salió poco después no lo hubiera confirmado en tono triunfal: “Con el presidente apostamos fuerte”, dijo el gobernador. Tal vez advertido de que cada nueva aclaración oscurece algo más el panorama, el gobierno nacional guardó silencio y pidió a sus aliados provinciales y municipales que cesaran en sus parloteos incongruentes. La gota que desbordó la paciencia gubernativa fue el juego de postas en camionetas con vidrios polarizados al que fueron sometidos los periodistas para llegar a un sitio que todos conocen como la quinta de Fernández de Rosa. Cuando se escribió esta columna, una semana después de la reaparición de Gerez, no había indicios sólidos acerca de los autores del secuestro. Tampoco de que el episodio hubiera tenido características distintas de las que aparenta y que se expresaron en los desesperados gestos y palabras de la madre, la mujer y los hijos de la víctima cuando imploraron por la liberación de Gerez. Pero que las fuerzas políticas provinciales y municipales que se alinean con el gobierno nacional hayan conseguido instalar con su encadenamiento de torpezas un clima de sospecha en el que todo se reduce a hipótesis políticas, al gusto de quien las emite, constituye un dato insoslayable sobre la situación política en el distrito electoral que concentra al 40 por ciento del padrón general y sobre el estado de la investigación criminal en el país. Si las fuerzas propias llamadas a contrapesar la muy escorada candidatura de Daniel Scioli son del tipo de las que se manifestaron en Escobar, los capitostes del PJ que sin complejos fueron cafieristas, menemistas y duhaldistas pueden dormir tranquilos, porque sus posiciones no peligran.
Crisis sin comité
La preponderancia de estos personajes durante una crisis tan grave sólo se explica por las deficiencias de los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad, desde el secuestro hasta la reaparición de Gerez. El jueves 28 durante la ceremonia en la que familiares de Héctor J. Cámpora entregaron a Kirchner el bastón y la banda que el Tío de la JP utilizó durante su presidencia de un mes y medio el secretario de derechos humanos bonaerense, Edgardo Binstock, del Movimiento Evita, enteró a otros invitados de lo ocurrido en Escobar la noche anterior. Fueron esos asistentes al acto quienes pusieron el caso en conocimiento de uno de los máximos jefes de la Secretaría de inteligencia de la Presidencia y de la cúpula de la Policía Federal. El presidente fue informado por el gobernador Felipe Solá. El locuaz gobierno de la provincia anunció que había constituido un comité de crisis para tratar el tema. Pero esa instancia no forma parte de la legislación provincial de seguridad. Sí existe en la ley nacional de seguridad interior. Ese comité de crisis debe ser copresidido por el ministro del Interior y el gobernador de la provincia e integrado por los titulares de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. Su tarea es ejercer la conducción política y la supervisión operacional de todas las fuerzas federales y provinciales que actúen. El Comité de Crisis puede delegar la supervisión operacional en un funcionario nacional o provincial de jerarquía no inferior a subsecretario nacional o ministro provincial. En caso de ser necesario, tiene facultades para designar como jefe de operaciones conjuntas a un oficial de una de las fuerzas federales, al que se subordinan las demás fuerzas, nacionales y provinciales. Un comité de crisis específico para los partidos del conurbano bonaerense vecinos a la Capital Federal se creó en 2002, por un acuerdo explícito entre las jurisdicciones. El comandante operacional es desde entonces un oficial superior de Gendarmería. Nada de esto ocurrió esta vez. La coordinación de esfuerzos fue ejercida en forma directa por el presidente, quien se entendió con el gobernador y con los ministros Arslanián y Aníbal Fernández. No hubo un comando operacional conjunto y quien intentó ejercer de hecho esas funciones fue el superintendente de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, experto en intercepciones y cruces telefónicos. El ente informal de coordinación que se constituyó no cumple con ninguno de los requisitos de la ley. Se trata, apenas, de una mesa de análisis en la que teóricamente integran sus datos la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia, representada por Fernando Pocino, la Policía Federal, por el comisario inspector Gil y el bonaerense Matzkin.
Antesala
Esto dio lugar a enojos y demoras. La joven fiscal de Escobar, Andrea Palacios, reaccionó con fastidio ante las investigaciones que llevaba a cabo la Secretaría de Inteligencia y obligó a uno de sus directivos a hacer antesala durante varias horas antes de recibirlo. Palacios también pretendía que el comisario Matzkin actuara ante la UFI 1 como representante de las distintas fuerzas que, a través suyo, debían canalizar los elementos obtenidos en la investigación. Desde el gobierno federal le hicieron saber que no aceptaban tal subordinación y que la ausencia de su firma en las órdenes no detendría los procedimientos en busca del secuestrado. Por decisión de la Procuradora General María del Carmen Falbo Palacios fue diluida dentro de un equipo de cuatro fiscales, varios con mayor experiencia y disposición a un trabajo colectivo. Pero la fiscal Palacios no perdió el control del expediente. El viernes dispuso que la mesa de análisis se trasladara a La Plata, a 130 kilómetros de Escobar, un absurdo que no hubiera podido ocurrir si el Comité de Crisis se hubiera constituido tal como indica la ley de Seguridad Interior, copresidido por Solá y Aníbal Fernández y con la participación de los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura.
Por sus características, el caso debería haberse tramitado desde el primer momento en la justicia federal. Pero el gobierno nacional no promovió ese traslado por la escasa confianza que inspira el juez federal de Zárate-Campana Federico Faggionatto Márquez, quien es investigado por el Consejo de la Magistratura, a raíz de una auditoría en su tribunal ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Faggionatto fue acusado de armar causas para extorsionar junto con un grupo de policías. A raíz de esa denuncia Arslanián separó a los dos principales jefes de la DDI de Zárate. El juez niega los cargos y los atribuye a la venganza de un comerciante de sustancias estupefacientes de uso prohibido y de otros policías, a quienes él procesó y la Cámara Federal de San Martín dejó en libertad. Más allá de las características propias de Faggionatto, carece de razonabilidad que un secuestro político sea investigado por la justicia provincial, sobre todo luego del precedente que sentó la Corte Suprema de Justicia al derivar a un juzgado federal la causa por la desaparición de Jorge Julio López.
Del principio al fin
El viernes 29, luego de escuchar el discurso presidencial, el ministro del Interior se fue a su casa. Estaba entrando cuando sonó su teléfono:
–Apareció Gerez –le dijo Kirchner.
Aníbal Fernández llamó al jefe de la Policía Federal.
–¿Alguna novedad? –le preguntó.
–Nada –respondió el comisario Néstor Vallecas.
Lo mismo ocurrió con las autoridades de la Secretaría de inteligencia.
El comisario Matzkin también contestó que no había nada nuevo, pero esta afirmación fue puesta en duda por las autoridades nacionales, que citan el precedente del secuestro de la empresaria Patricia Nine, en el que todas las fuerzas compartieron la información hasta que los bonaerenses identificaron el lugar de cautiverio en una casa de Merlo. Entonces cortaron la comunicación y su director de Investigaciones, Osvaldo Seisdedos, encabezó el rescate a tiros de la mujer, en el que murieron dos de los secuestradores.
La información que desconocían las fuerzas de seguridad e inteligencia circulaba en cambio por carriles informales. En cuanto recuperó el resuello, Gerez pidió que llamaran al concejal Hugo Cantero, quien a su vez se comunicó con Solá. El gobernador fue quien avisó a Kirchner y el presidente comunicó la noticia a distintos miembros de su gabinete. Una auténtica pirámide invertida.
Desde la AMIA
La preocupación oficial por coordinar esfuerzos de seguridad comenzó con el atentado a la AMIA, en 1994. Carlos Memen creó entonces la Secretaría de Seguridad y Protección a la Comunidad y designó a su frente al brigadier Andrés Antonietti, un militar cuya única operación policial conocida era el desalojo de Zulema Yoma y sus hijos del Polideportivo de Olivos mediante el uso de gas paralizante. Pero pasado el impacto del atentado, Menem se desentendió del organismo, al que las fuerzas de seguridad y la SIDE nunca prestaron colaboración. La Secretaría pasó luego al ministerio del Interior, al ministerio de Justicia y nuevamente al de Interior, sin que se superara nunca la competencia y el recelo entre las distintas jurisdicciones y fuerzas. La odiosidad entre las policías federal y de Buenos Aires es histórica. La desconfianza recíproca que se profesan el ministro del Interior y el de Seguridad de la Provincia (cada uno opina que el otro juega al policía y no se asume como conducción política); el desdén que ambos tienen por el gobernador, que a su vez recela de todos; los juegos cruzados de la Secretaría de inteligencia con la policía bonaerense para aventajar a la Federal, impiden cualquier cooperación estable, más allá de las emergencias en las que la demanda del presidente obliga a disimular las reyertas que prosiguen en forma subterránea, para reaparecer en cuanto el Poder Ejecutivo se distrae en la atención de otro tema. El ministerio de Justicia y Derechos Humanos registra una inasistencia perfecta en situaciones como las de la semana anterior. Su primer titular bajo el actual gobierno, Gustavo Beliz, renunció en desacuerdo con la orden presidencial de enfrentar manifestaciones públicas con personal sin armas de fuego. Entonces dijo en varios reportajes que la SIDE constituía una policía secreta o un Estado paralelo, que actúa sin control en cosas oscuras y turbias bajo la conducción de Horacio Antonio Stiuso y otros funcionarios “que vienen de las peores épocas de violaciones a derechos humanos”. Con Beliz se fue su secretario de Seguridad, Norberto Quantin, un fiscal que firmó muchos dictámenes convalidando los crímenes de la dictadura y en favor de la impunidad para sus autores. Demasiado lastre y a destiempo para encarar semejante denuncia.
La coordinación de las distintas fuerzas bajo una conducción política de confianza del Poder Ejecutivo, que no se distraiga en cuanto cesa una emergencia; la definitiva puesta en funcionamiento de la Dirección de inteligencia Criminal bajo dependencia directa de la Secretaría de Seguridad Interior y el tamiz de la Secretaría de inteligencia tal como se hizo en las Fuerzas Armadas y de seguridad, para separar a aquellos funcionarios que cumplieron funciones próximas a los altos jefes de la represión durante los gobiernos de facto, ayudaría a prevenir casos como los de López y Gerez y a desbaratar a los grupos ejecutores. Patear el chancho o su dueño es un método tan brutal como precario. Casi un cuarto de siglo después de la dictadura que intentó resolver todo a patadas, es imprescindible construir instituciones capaces de prevenir e investigar, dentro del Estado de derecho que, como dijo el presidente, “integran las convicciones, las ideas y formas de vida de todos los ciudadanos de bien”.
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