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Hace unos pocos días, cuando empezaron a revolver entre los papeles de una vieja y olvidada causa sobre la Triple A, los colaboradores del juez Norberto Oyarbide descubrieron que no sólo el ex subcomisario Rodolfo Almirón, hallado en España, tenía un pedido de captura pendiente desde 1984 por los crímenes de aquella organización terrorista. También había uno para su ex suegro, Juan Ramón Morales, encargado directo de la custodia de José López Rega. Almirón fue detenido el 28 de diciembre. En el juzgado sacaron cuentas al voleo y dieron casi por hecho que Morales estaba muerto. Pero el sábado se enteraron de que el jefe de la banda arraigada durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón vivía en Palermo. Le pusieron una guardia y finalmente lo detuvieron el domingo a la tarde. Ayer se negó a declarar. Por sus 88 años consiguió que le dieran arresto domiciliario.
Lo que permitirá, pese al paso de los años, juzgar a Almirón, Morales y todos los ex miembros de las Tres A que sigan vivos, es una resolución del juez Oyarbide –anticipada por Página/12– que por primera vez calificó sus secuestros, atentados y asesinatos como delitos de lesa humanidad, que por lo tanto no prescriben. Al disponer la detención de Morales, el magistrado aludió a esa definición: decía que la organización fue “montada desde el aparato del Estado, bajo cuyo amparo y garantía de impunidad actuó” y constituyó la antesala del “plan sistemático” desarrollado a partir del golpe de 1976.
Una investigación periodística española fue la que dio el puntapié para que resucitara, en los tribunales argentinos, el expediente sobre la Triple A, a la que manejaba y financiaba el Brujo López Rega desde el Ministerio de Bienestar Social. El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido su desarchivo en diciembre de 2005, pero los movimientos en la causa recién comenzaron el mes pasado, cuando el diario El Mundo informó que Almirón, uno de los jefes operativos de la estructura terrorista, llevaba una vida apacible a diez kilómetros de Valencia. Oyarbide actualizó un pedido de captura tipeado con máquina de escribir hace casi veintitrés años y el ex subcomisario fue encarcelado. Ahora enfrenta un proceso para definir su extradición, que puede durar varios meses.
Algo que llamó la atención de los investigadores es que en la antigua orden de detención librada contra Morales sólo figuraba su apellido. Hablaba del “ex comisario Morales”, pero no estaban los escritos ni su nombre ni las razones para el arresto. Parecía todo dado para que nunca lo atraparan. Igual que en el caso de Almirón, que aparecía con un nombre incorrecto: decía Luis en lugar de Rodolfo Eduardo.
Después de que la Policía Federal llamara a su puerta el domingo, Morales fue trasladado a la Unidad Antiterrorista, en barrio Parque, donde pasó la noche. A la mañana lo llevaron al juzgado, en los tribunales de Retiro, donde lo esperaba el juez para indagarlo por los delitos de “asociación ilícita en concurso real con homicidio en al menos ocho oportunidades y privación ilegal de la libertad y desaparición forzada en tres oportunidades”. El ex policía llevaba un saco marrón claro y camisa blanca. Lo acompañaron su esposa y la defensora oficial Silvia Otero Rella. Morales se quejó por los llamados telefónicos de periodistas que venía recibiendo, un punto al que el magistrado le restó trascendencia. Después no quiso contestar ninguna pregunta.
El ex comisario había declarado en la causa en junio de 1977 y julio de 1978 como “imputado no procesado”, lo que implicaba según el viejo Código Penal que no corría demasiado riesgo de ir preso. En las dos oportunidades alegó que su única función había sido organizar, desde la Policía Federal, la custodia del Ministerio de Bienestar Social.
Oyarbide considera que hay muchos elementos acopiados hace años en la causa que permiten considerarlo responsable de los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, que compartía estudio de abogados con el actual secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el abogado de presos políticos Alfredo Curutchet; el ex subcomisario de la Policía Bonaerense Julio Troxler; el profesor de sociología Silvio Frondizi, hermano del ex presidente Arturo Frondizi, y su yerno Luis Mendiburu; también el periodista Pedro Barraza y su amigo Carlos Laham. Todos estos crímenes, cometidos en 1974, fueron reivindicados por la organización que lideraba López Rega. El juez también contempla otros casos planteados por el fiscal Taiano, como los de Daniel Banfi, Luis Latrónica y Guillermo Jabif, así como el ataque sufrido por el ex rector de la UBA Raúl Laguzzi y su esposa, en el que murió su bebé de cuatro meses.
La realidad es que se calcula que los crímenes de la estructura parapolicial que manejaba López Rega fueron por lo menos 1500. En la causa judicial también se mencionan, por ejemplo, los asesinatos del cura Carlos Mugica, al ex vicegobernador de Córdoba Atilio López y al ex secretario de Economía de esa provincia Juan Varas.
Ya en la primera denuncia sobre la Triple A que hizo en 1975 el abogado Miguel Radrizzani Goñi, los principales acusados eran López Rega y sus colaboradores claves, Almirón y Morales. Cuando López Rega perdió poder y fue enviado en comisión a España se llevó a los dos con él y a un tercer policía: Miguel Angel Rovira. Almirón había estado casado hasta muy poco antes con la hija de Morales. Después se separó y se juntó con una azafata hija de españoles, y se quedó en el viejo continente.
En los años sesenta, los dos ex policías se vinculaban desde la División Robos y Hurtos de la Federal con la banda de Miguel Prieto, conocido como el “loco Prieto”, especializada en robos a mano armada, contrabando, secuestros extorsivos, tráfico de droga y trata de blancas. En junio de 1964 Almirón participó en el asesinato, en una boite de Olivos, del teniente norteamericano Earl Davis, que estaba estudiando en Argentina. Fue, parece ser, fruto de una pelea “por mujeres”. Después de aquel episodio aparecieron misteriosamente asesinados seis miembros de la banda de Prieto. En algunos casos estaban exhibidos con un “estilo” similar al que más tarde usaría la Triple A: con más de cincuenta disparos en el cuerpo, amordazados, en basurales y a veces con las manos atadas en la espalda. Todos eran potenciales testigos de futuros juicios. Hasta Prieto apareció muerto en la cárcel, tras un incendio en su celda.
En 1968 Morales fue detenido y procesado por robo y contrabando de autos. Almirón fue declarado “inepto para el servicio” en la policía dos años más tarde. Pero 1973 ambos fueron reincorporados por un decreto del entonces presidente Raúl Lastiri, yerno de López Rega. Incluso escalaron dentro de la fuerza: Almirón llegó a subcomisario y se encargó de la custodia presidencial y Morales trepó al grado de comisario principal mientras cuidaba las espaldas del Brujo.
Oyarbide resolverá en los próximos diez días si procesa a Morales y si lo deja detenido. Por lo pronto, para incomodidad de sus vecinos, le concedió la prisión domiciliaria. Ya cuando declaró los homicidios de las Tres A como imprescriptibles, el juez dio plena validez a la confesión, al comienzo de la causa, de un teniente del Ejército arrepentido, Salvador Paino, que entregó un organigrama completo de la estructura terrorista donde Morales y Almirón aparecían en un lugar preponderante. Paino había estado a cargo de la prensa de Bienestar Social. Su relato, dijo el magistrado, también coincidió con el de Rodolfo Peregrino Fernández, un ex funcionario de Albano Harguindeguy durante la última dictadura que sumó detalles, en 1983, ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos en Madrid. Ambos testimonios nutrieron la acusación en la que Aníbal Ibarra, en sus tiempos de fiscal federal, pidió prisión perpetua para López Rega después de lograr su extradición en 1986, aunque el juzgado no llegó a dictarle sentencia porque murió antes.
Está todo dado para que el juzgado de Oyarbide pase un verano movido, pese a la feria judicial. De hecho, su equipo ya está estudiando la situación y el paradero de otros posibles responsables. Este diario reveló que también Felipe Romeo, quien dirigía la revista El Caudillo, el órgano de difusión de la Triple A y sus crímenes, vive en Buenos Aires como un reciclado restaurador de edificios antiguos y cúpulas, tras un breve exilio español. Pero parece que él y Morales no fueron los únicos que emprendieron el regreso creyendo en la impunidad. También volvió Rovira, quien fue escrachado por los obreros de Metrovías en 2001 cuando descubrieron que era el jefe de seguridad de la empresa y exigieron su despido. Pero Rovira todavía anda suelto y viviría en Parque Patricios.
Días atrás Oyarbide advirtió sobre los posibles alcances de la investigación y dijo que hasta analiza la posibilidad de traerla a declarar, desde su casa cerca de Madrid, a la propia Isabelita.
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