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La Justicia española le ahorrará a María Estela Martínez de Perón la molestia de pasar una segunda vez por el ritual de la detención policial y su posterior identificación. Bastará con que la ex presidenta se presente el próximo lunes en la sede de la Audiencia Nacional en Madrid para ser notificada de la orden de captura en su contra librada por el juez federal Norberto Oyarbide, que la responsabiliza de los crímenes cometidos por la Triple A. Hoy se presentará en la misma sala judicial, para ser interrogado, el ex subcomisario Rodolfo Almirón, uno de los ex jefes de la organización terrorista, quien hasta el momento permanecía detenido en la localidad valenciana de Torrent.
Isabelita, que se encuentra en libertad provisional desde hace seis días, presumiblemente no será detenida otra vez ya que la Justicia española entiende que se la ha localizado y no existe riesgo de fuga debido a su avanzada edad, su notoriedad pública y su precario estado de salud, según afirmaron a Página/12 fuentes de la Audiencia Nacional madrileña. La razón por la cual se decidió retrasar la citación hasta el lunes es la ausencia del juez Juan del Olmo, que está a cargo de su expediente y que se encuentra en el exterior a raíz de la megacausa por los atentados ocurridos en Madrid el 11 de marzo de 2004.
El juez Del Olmo unificará las dos causas judiciales que motivaron pedidos de captura. La primera orden de arresto, del juez de Mendoza Héctor Acosta, le imputa a la ex mandataria un secuestro y una desaparición ocurridos en febrero de 1976 al amparo de los “decretos de aniquilamiento”. Oyarbide pidió la detención porque la considera responsable de los crímenes de las Tres A, la banda de ultraderecha que lideraba José López Rega.
De todos modos será la Policía Judicial y no la Audiencia Nacional la encargada de decidir si corresponde volver a detener a Isabel. Este organismo de seguridad analizará las características del nuevo pedido de captura para determinar si considera necesario extremar las medidas de seguridad en torno de la viuda del general Perón. Es poco frecuente que una misma persona acumule en el lapso de tan pocos días dos pedidos de captura internacional, pero la policía piensa que sólo en el caso de que la segunda causa sea mucho más grave que la primera se pueden llegar a tomar medidas diferentes. Las fuentes policiales consultadas por este diario presumen de todos modos que no habrá motivo para modificar el status actual de la ex presidenta.
Mucho más complicado la tiene el ex comisario Rodolfo Almirón quien no ha podido gozar de los beneficios de la prisión provisional como Isabelita, a pesar de que su estado de salud también es precario a raíz de una embolia sufrida hace cuatro años. Almirón no sólo deberá declarar hoy en el marco de la causa abierta por el juez Oyarbide sino que se enfrenta también posibles acciones judiciales en su contra en España.
En ese sentido, la Confederación Intersindical Gallega (CIG) ha pedido al juez Baltasar Garzón que reconsidere su negativa a imputar a Almirón por el delito de asesinato de ciudadanos gallegos durante los años en los que el ex comisario integraba la Triple A. La CIG cree que el ex aliado de López Rega ha estado demasiado tiempo protegido por la derecha española, por lo que pedirá a la Audiencia Nacional que cite a declarar al ex presidente del gobierno regional gallego Manuel Fraga Iribarne del que Almirón era jefe de seguridad en España durante los años ochenta. Fraga es actualmente senador nacional por el Partido Popular y contrató los servicios del ex integrante de la Triple A cuando era el máximo dirigente de Alianza Popular, la agrupación política heredera del franquismo de la que nació posteriormente el PP.
Además, en Barcelona, el Partido Carlista de Cataluña solicitó también que Almirón declare ante la Audiencia Nacional por su participación en el Acto de Montejurra, Navarra, el 9 de mayo 1976, en el que resultaron muertos por disparos de arma de fuego dos militantes carlistas. El incidente se produjo cuando el ex policía llevaba apenas unos meses en el país. Los carlistas, que entonces eran una agrupación política con mayor presencia social que ahora, se habían dividido entre los partidarios de Carlos Hugo de Borbón-Parma, que intentó darle un giro izquierdista al partido y el grupo original que permanecía fiel a los principios de la ultraderecha española. Almirón habría integrado el grupo armado que atacó a los partidarios de Borbón-Parma. A pesar de que estos crímenes ya han prescripto, los carlistas pretenden ahora que se considere la agresión de Montejurra como un “crimen contra la humanidad”, algo que la Justicia española difícilmente les conceda.
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