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Con la excepción de los ex policías Gustavo Prellezo y Alberto “La Liebre” Gómez, a diez años del asesinato todos los condenados por la muerte de José Luis Cabezas están en libertad. Los horneros José Luis Auge, Gustavo González y Horacio Braga volvieron a vivir en su antiguo barrio de las afueras de La Plata. A Braga, de los cuatro el que tuvo el rol más activo en la cava de General Madariaga, se lo puede ver en estos días manejando un remís. Los otros viven de changas; periódicamente, son visitados por una asistente del Patronato de Liberados y un psiquiatra del Servicio Penitenciario; en eso consisten todos los controles de sus nuevas vidas bajo libertad condicional. También Gregorio Ríos, el ex jefe de la custodia de Alfredo Yabrán, está otra vez en su casa, donde goza de un doble privilegio: tras obtener la prisión domiciliaria, consiguió que designaran como guarda legal a su mujer.
Quizá no haya nada como el caso Cabezas para entender cómo funcionan los beneficios de estar bajo el amparo del poder. Las excarcelaciones que dejaron en la nada la justicia que parecía haberse logrado en el juicio oral no estuvieron exentas de provocación. Cuando Ríos salió de prisión, en noviembre del año pasado, había orden de ponerle una tobillera electrónica, de las que controlan por satélite que el acusado no se fugue. Pero hasta hace veinte días, el Servicio Penitenciario no se la colocó, argumentando que carecía de pulseras. También hubo problemas para que se pusiera vigilancia en la puerta de la vivienda, ubicada en Acassuso: el SP dijo que no contaba con personal. Finalmente, tal vez por la cercanía del aniversario de la muerte del fotógrafo, tres semanas atrás a Ríos le pusieron la pulsera.
“Gregorio Ríos y los horneros están en libertad porque el sistema judicial les abrió la puerta”, señala Miguel Gaya, abogado de la Asociación de Reporteros Gráficos. Gaya describe cómo fue este proceso: “La Cámara Penal de Dolores probó la culpabilidad de los acusados y los condenó. Apelaron todos menos Prellezo, porque a su abogado se le pasaron los tiempos; el tema llegó así a la Cámara de Casación, que se demoró en resolver el caso dos años y pico. Finalmente, Casación ratificó todas las calificaciones, porque había una cantidad de pruebas tan enorme que no podía hacer otra cosa, pero les rebajó las penas, les encontró atenuantes. Es decir que confirmó que mataron a Cabezas, pero no consideró tan grave su accionar delictivo. Como además había pasado mucho tiempo, la combinación de las dos cosas, la lentitud de la propia Casación y la reducción en las penas, permitió que salieran en libertad con la aplicación del 2x1”. Ahora, la Suprema Corte bonaerense se demora sin tratar las apelaciones. Mientras no lo hace, los horneros y Gregorio Ríos seguirán en libertad.
El juicio oral por el crimen de Cabezas duró cincuenta días y concluyó, en febrero del 2000, con la condena de ocho de los acusados. Según lo que surgió de las audiencias orales en la ciudad de Dolores, el capataz del asesinato fue el ex oficial de policía Gustavo Prellezo, quien reclutó a los horneros, los llevó hasta la costa, los alojó en un departamento que alquiló otro policía bonaerense, Sergio Cammaratta, y le pidió a otro efectivo, Aníbal Luna, que les marcara a los honeros quién era Cabezas, ya que los platenses nunca lo habían visto.
Auge, Braga, González y Retana eran un grupo de ladrones con problemas de drogas, que los policías tenían bajo su poder: si no hacían lo que ellos les decían, terminaban en la cárcel porque les tenían comprobados numerosos delitos, entre ellos robo y venta de drogas.
Prellezo los llevó a la costa, según la Justicia, porque quería quedar bien con Alfredo Yabrán y castigar a Cabezas debido a que le había sacado varias fotos. En el juicio oral se llegó a la conclusión de que la idea de “hacerse cargo de Cabezas” le fue sugerida a Prellezo por el jefe de la custodia de Yabrán, Ríos.
La noche del 25 de enero de 1997, tras secuestrar al fotógrafo a la salida de una fiesta en Pinamar, Prellezo y los horneros lo llevaron a una cava de las afueras; esposado, lo hicieron arrodillar y le dispararon dos balazos en la nuca. Luego lo quemaron junto al automóvil. Después del crimen, Prellezo llevó a los horneros, en su vehículo, de regreso a La Plata.
Al término del juicio oral, los horneros y Ríos fueron condenados a prisión perpetua mientras que Prellezo, Cammaratta y Luna a reclusión perpetua, una pena más grave que se les aplicó por considerarse un agravante que fueran policías.
Eran las máximas condenas posibles del Código Penal –iban entre los dieciocho y los veintisiete años–, pero con las rebajas de Casación, tras la aplicación del 2x1 los acusados pasaron en la cárcel sólo nueve años. Como quien va probando terreno, las excarcelaciones fueron escalonándose a lo largo del tiempo. Auge, Braga y González fueron los primeros (el cuarto hornero, Héctor Retana, había muerto en prisión). Luna y Cammaratta los siguieron a fines del año pasado. Y en noviembre fue liberado Gregorio Ríos, de todos ellos el más cercano al por entonces ya fallecido Alfredo Yabrán (el empresario se suicidó en mayo del ’98, cuando la Justicia dispuso su detención como autor intelectual del crimen).
Un aspecto complementario de la reducción de penas que les dio la Cámara de Casación fue la increíble facilidad con que estos personajes de vida marginal pagaron las fianzas. Los horneros debieron depositar cada uno 20 mil pesos como caución, lo que sus abogados hicieron rápidamente. Los ex policías Cammaratta y Luna tuvieron que depositar el doble: cuarenta mil pesos. En Pinamar, hay quien dice que Luna y Cammaratta están ahora trabajando como custodias en empresas de seguridad de la zona.
El ex comisario Alberto “La Liebre” Gómez, que en un juicio posterior fue encontrado responsable de haber ordenado la zona liberada para el secuestro y el homicidio, también está cerca de salir de prisión.
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