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La responsabilidad de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón en el accionar de la Triple A, la banda parapolicial que operó desde el Ministerio de Bienestar Social al mando de José López Rega, originó fuertes debates en el campo del derecho. Esta semana se pudieron escuchar las declaraciones públicas del ex fiscal en el Juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera, que calificó de “mamarracho” las disposiciones de los jueces, y las del ex camarista Ricardo Gil Lavedra, que entiende que no tienen “asidero”. Mientras esperan la resolución de la Justicia española en el pedido de extradición, abogados de organismos de derechos humanos que vienen peleando hace muchos años por los crímenes cometidos durante esa etapa ven con buenos ojos la llegada de esta instancia en las dos causas que se tramitan en forma paralela. Pero resaltaron que la investigación debería ir más a fondo y no basar las acusaciones solamente en los llamados “decretos de aniquilamiento de la subversión” firmados por el Ejecutivo de entonces.
Gastón Chillier, director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no duda de que “estos temas, tanto la causa sobre la Triple A que lleva (Norberto) Oyarbide como la desaparición forzada que investiga el juez (Héctor) Acosta, hechos cometidos por agentes estatales o paraestatales, son delitos de lesa humanidad y por lo tanto el Estado está obligado a investigar”. Gil Lavedra criticó esa calificación de los crímenes porque entiende que la Triple A “estaba compuesta por funcionarios, tenía apoyo oficial, pero no estaba el Estado organizado en función de esto”.
En ese mismo sentido opinó Alberto Pedroncini, abogado querellante en causas de derechos humanos, quien explicó que “más allá de cualquier cuestión subjetiva referida a los jueces que intervienen, hay que destacar que éstos fueron crímenes vinculados al aparato del Estado, a la Triple A como un desprendimiento de la actividad estatal, y organizada en ese ámbito”. “Por lo tanto –dijo– esos crímenes de lesa humanidad deben ser investigados. Es peligroso introducir el tema del color político o de una maniobra, lo que hay son crímenes concretos. Es importante que se maneje con el criterio de que son delitos cometidos por funcionarios públicos, ya sean policías o ministros de Bienestar Social”.
El análisis sobre la responsabilidad adquirida por Isabel al firmar los decretos es otro perfil que genera debate. Marcelo Parrilli pertenece al Centro de Abogados de Derechos Humanos (Cadhu) y planteó que “este tema es perfectamente judiciable, no sólo a partir del análisis de los decretos de febrero de 1975 sino partiendo de la coexistencia del gobierno de Isabel con la Triple A. Sería absurdo presumir que la Triple A fue creación sólo de José López Rega, lamentablemente fue creada por el gobierno democrático del peronismo, el propio Perón y luego su esposa”. El ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, que fue fiscal en la causa de la Triple A pero sólo llegó a investigar al Brujo, dijo que no basta acusar a la viuda de Perón “por la firma de los decretos y tampoco alcanzan las convicciones personales”. “Lo que hay que desentrañar es la relación de Isabel y la banda parapolicial, que está fuertemente concentrada en el conocimiento, vínculo y rol de López Rega en su gobierno”, apuntó.
Chillier aseguró también que “para imputarle la responsabilidad a Isabel, los jueces tienen que ser muy rigurosos en investigar y conseguir pruebas para identificar a los responsables, y si eso lleva a la ex presidenta tendrá que rendir cuentas. Sería un error ver en los decretos la única fuente de responsabilidad, pero no quiere decir que no se pueda probar por otros medios. No es algo ‘patético’ (N.d.R: así calificó Ricardo Gil Lavedra la causa mendocina) sino que el Estado debe investigar. Los jueces deben ser cuidadosos de no dejar flancos respecto de ninguna intencionalidad política”.
Ibarra estimó que le parecía “claro que Isabelita no podía desconocer lo que hacía uno de sus ministros. Pero no pondría en el centro de la escena los decretos, sino la fundamentación y demostración de que Isabel conocía los movimientos y planes de López Rega”. Todos coincidieron en la necesidad de profundizar la investigación hacia esa hipótesis, pero Parrilli puntualizó que “los decretos son herramientas válidas de cuestionar desde el punto vista político, pero la investigación debe centrarse en el accionar de la Triple A, que fue más allá de los límites de los decretos. No necesitaron decretos para ejecutar a los enemigos políticos. Lamentablemente las opiniones de Gil Lavedra y Strassera reflejan la complicidad del radicalismo en el no juzgamiento de los crímenes cometidos en esa época, que, como se dijo, fue el huevo de la serpiente del terrorismo de Estado”.
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