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La ex presidenta María Estela Martínez de Perón concurrirá hoy a la sede de la Audiencia Nacional en Madrid, donde le notificarán que el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga los crímenes de la Triple A, libró una orden de captura internacional en su contra. El viernes deberá volver al tribunal para confirmar su domicilio. Se descuenta que la ex mandataria declinará ser extraditada a la Argentina, postura que adoptó cuando fue notificada de un anterior reclamo judicial hecho por el juez mendocino Raúl Acosta.
La ex presidenta fue citada a las 10 por el juez Juan del Olmo –quien el 12 de enero pasado la mantuvo bajo arresto por cuatro horas– a los fines de conozca cuál es su situación en la causa que investiga su responsabilidad por los delitos cometidos por la Triple A, liderada por José López Rega, en ese entonces ministro de Bienestar Social. El magistrado español ya había reportado oficialmente a la viuda de Perón, radicada en ese país desde 1981, que el juez Acosta requirió su captura y extradición por el secuestro y desaparición, en 1974, de Héctor Fagetti, y los tormentos aplicados a Jorge Berón. Esta vez, Del Olmo evitó disponer una segunda detención, optando por convocarla a una audiencia.
En los tribunales españoles presuponen que Isabelita se negará nuevamente a viajar a la Argentina, por lo que Oyarbide, al igual que su par mendocino, deberá formalizar el trámite de extradición. Según informaron en Cancillería, el gobierno de Néstor Kirchner dará “urgente tratamiento” al pedido de la Justicia argentina. Mientras tanto, la viuda de Perón aguarda la evolución de estos dos procesos en su casa de las afueras de Madrid, excarcelada en virtud de sus 75 años de edad y sus problemas de salud. Según la prensa española, Del Olmo se abstuvo de mantenerla bajo prisión provisional porque la fiscalía nunca solicitó esa medida, aunque dispuso que la ex presidenta debe presentarse cada dos semanas a confirmar su lugar de residencia. Por este trámite, que deberá cumplirse este viernes, su defensa podría solicitar que se fije ese paso en alguna delegación judicial más cercana a su vivienda.
Hasta ahora, la viuda de Perón nunca había sido juzgada por las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado durante su corto gobierno, entre el 1º de julio del ’74 y el 24 de marzo del ’76. Por esta causa, el juez Oyarbide también pidió la detención del entonces subcomisario de la Policía Federal Roberto Almirón, quien permanece arrestado en Valencia y con pedido de extradición, acusado de doble homicidio y asociación ilícita. Este represor también podría enfrentar acciones judiciales en España, impulsadas por la Confederación Intersindical Gallega, que lo acusa por los asesinatos de ciudadanos gallegos cuando integraba la Triple A. También el Partido Carlista de Cataluña solicitó que declare por su participación en el Acto de Montejurra, en 1976, en el que murieron dos personas.
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