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El corralito que mantiene atrapados a los afiliados a las AFJP desde hace trece años finalmente será levantado. Aquellos que deseen salir del sistema de jubilación privada y pasar al régimen público de reparto podrán hacerlo. Ese es el punto central de un proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días, para ser debatido –y seguramente aprobado– durante las sesiones extraordinarias. La iniciativa reforma aspectos sustanciales del actual régimen previsional, aunque lo preserva en sus ejes fundamentales. El radicalismo, el ARI y legisladores de centroizquierda expresaron un rápido apoyo a la propuesta, que venían reclamando con insistencia desde hacía años. La CGT y la CTA también se pronunciaron a favor.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el titular de la Anses, Sergio Massa, hicieron el anunció ayer por la mañana en Casa Rosada. Los cuatro puntos principales del proyecto fueron anticipados por Página/12 a mediados del año pasado. Es decir, estaban escritos desde hacía tiempo. Pero Néstor Kirchner eligió el momento político para avanzar con la reforma. Según la oposición, especulando con el año electoral. Fernández dio su versión: “Para nosotros era una prioridad en la que trabajamos durante mucho tiempo y nos preocupaba concretar rápidamente. Era uno de los objetivos que nos habíamos fijado en 2003 en la plataforma electoral”.
El proyecto habilita la libre opción entre el sistema de capitalización y el de reparto, pero además pone un techo a las comisiones de las AFJP, ordena que los trabajadores que no optan por ninguno de los dos regímenes pasan a aportar al Estado y cambia de raíz la forma en que las empresas de jubilación aseguran a sus afiliados. Otros dos artículos relevantes son los que mejoran la base de cálculo para los haberes que pagará el Estado, que en la práctica serán más altos (ver nota aparte), y el que dispone que las AFJP estarán “obligadas a invertir un 20 por ciento de los fondos administrados en proyectos productivos de la economía real a largo plazo”.
Cada una de esas medidas tiene su complejidad técnica y su alcance final dependerá de la redacción fina de la ley y de su reglamentación, pero el espíritu del proyecto apunta a corregir deficiencias e inequidades profundas del actual sistema. La más notoria es la prohibición actual para dejar una AFJP y volver al reparto, para jubilarse por el sistema estatal.
Como el corralito bancario de 2001, ese también es obra de Domingo Cavallo. El Gobierno decidió abrir la tranquera. Una vez promulgada la ley, se abrirá un período de 180 días para salir de la administradora privada y transferir el aporte al Estado. Pasado ese plazo, la opción quedará bloqueada por cinco años, y allí otra vez se darán 180 días para abandonar la AFJP. Massa explicó a este diario que se optó por esa fórmula para preservar la “previsibilidad de los sistemas”.
Por la misma razón, el límite para ejercer la opción es a los 50 años en el caso de las mujeres y de 55 en el de los hombres. Una vez alcanzada esas edades, no habrá más chances de dejar las AFJP. Massa dio un dato crucial: si el afiliado se queda en la administradora y cuando se jubila no llega a cubrir con lo que capitalizó el equivalente al haber mínimo, el Estado no compensará la diferencia como ocurre en la actualidad. Sin embargo, eso será a futuro, puesto que en lo inmediato el Gobierno hace exactamente lo inverso: aquellos afiliados que al momento de aprobarse la ley tengan menos de 20.000 pesos en sus cuentas podrán volver al Estado para asegurarse la prestación mínima.
Massa aclaró que la primera vez que se habilite la opción para volver al régimen de reparto no correrá el límite de la edad, que sí estará vigente cinco años más tarde y de ahí en más. El funcionario se negó a estimar cuántos de los 11,3 millones de anotados en alguna AFJP –de los cuales aportan regularmente 5,4 millones– elegirían volver al Estado. Sin embargo, otras fuentes del Gobierno arriesgaron que podrían ser más de un millón de personas. Mucho dependerá de la facilidad o complejidad del trámite.
Las AFJP descontaban que en algún momento se habilitaría la libre opción entre capitalización y reparto, pero lo que más les afecta es que de ahora en más las personas que ingresen al mercado laboral y no digan expresamente cuál de ellos eligen serán considerados aportantes del Estado. En la actualidad, es a la inversa. Esa también fue una jugada de Cavallo para favorecer la jubilación privada. Todos los meses entran al mercado laboral 50 mil personas, de las cuales sólo 1500 optan voluntariamente por alguna AFJP. Otras 1500 eligen el Estado, y las 47 mil restantes no hacen nada. Pero la ley vigente envía a estos últimos por sorteo a alguna administradora privada –entre las tres que menos comisión cobra para su rango de ingresos–. Es decir, la principal fuerza de captación de clientes de las empresas es este entramado legal, que ahora se desmonta.
De igual modo, para las AFJP es un golpe el techo que fija la nueva ley a las comisiones por administración: el máximo será de 1 punto, sobre 7 puntos actuales del salario que aportan los trabajadores. En la actualidad, el costo promedio de esa comisión es de 1,1. El otro componente de la comisión es el seguro, de 1,4 por ciento en promedio. La ley también cambia el esquema asegurador, al crear un fondo mutualizado único al que aportarán todas las administradoras. Esto favorece a las AFJP más grandes, que tenían mayores costos de seguro, y perjudica a las chicas que apuntan a los sectores de ingresos altos.
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