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El acta notarial lleva la firma de dirigentes políticos y funcionarios policiales. Relata las condiciones en que la policía cordobesa entrega el local allanado al Partido Comunista de la ciudad de Córdoba el 10 de octubre de 1974, donde la brutal irrupción a los balazos de policías y civiles continuó con torturas, golpes, simulacros de fusilamientos y la muerte de una militante comunista que se desangró por la hemorragia que le provocó “la introducción del cañón de un arma en la vagina”. La patota rompió todo, baleó y saqueó las cajas fuertes y dejó sus marcas en las paredes de la casona de Obispo Trejo 354: varias leyendas con amenazas de muerte y la firma de las Tres A (Alianza Anticomunista Argentina). Ese documento acaba de ser incorporado a la causa en la que el juez Norberto Oyarbide pidió la detención y extradición de la ex presidente Isabel Perón, por el supuesto delito de haber cobijado bajo el amparo del Estado a la banda paramilitar que asesinó a más de 1000 personas antes del golpe de Estado de 1976.
“Si son comunistas como (Horacio) Guarany más bien váyanse del país porque los vamos a matar uno por uno. Si cae un policía van a caer tres de ustedes bolches hijos de puta. Las Tres A” (sic), decía la leyenda más extensa que dejaron policías y civiles en una de las paredes del local comunista de la ciudad de Córdoba en octubre del ’74. Las otras, también realizadas con aerosol negro, eran más ofensivas que políticas: “bolches hijos de putas. Tres A”; “zurdos putos”, y “zurdos hijos de putas”. En el acta también figura el “pomo de aerosol” lleno de “huellas digitales” de quienes hicieron las pintadas en el operativo del que participaba la policía cordobesa. Los comunistas acusaron del crimen de Tita Clelia Hidalgo, una joven de 30 años oriunda de Río Tercero, y las torturas que sufrieron otros 46 militantes que estaban en el local, al interventor federal de la provincia, el brigadier Oscar Lacabanne, y su jefe de policía, Héctor García Rey. “Aquí está la punta del ovillo para descubrir quiénes son las Tres A”, denunciaron entonces los dirigentes del PC en Córdoba y Buenos Aires.
El acta notarial, el informe médico realizado por los doctores Osvaldo Khan y Emilio Ruderman sobre los golpes y torturas que recibieron los militantes, documentos fotográficos y el relato de quienes sufrieron los vejámenes y tormentos fueron entregados hace unos días al juez Oyarbide por una delegación del PC. Los comunistas también entregaron otros documentos y una extensa lista de militantes asesinados por las Tres A, y otra con testigos y sobrevivientes de los atentados de la banda paramilitar. Pero le pidieron al juez federal que los incorpore como querellantes en la causa, a la que ya se habían presentado junto a otras organizaciones políticas y de derechos humanos.
El asalto al local comunista en Córdoba fue una de las huellas claras que dejaron las Tres A de sus vínculos con todo el aparato estatal. Poco después de las siete de la tarde del 10 de octubre de 1974, policías y comandos civiles ingresan en la casona de Obispo Trejo disparando ráfagas de armas de guerra –“Itaka, metralletas, pistolas 45”– después de volar la cerradura de la puerta de entrada. El único recaudo que tomaron los comandos cordobeses es que no les vieran las caras. “Nos tiraron a todos boca al piso, mientras disparaban sobre nuestras cabezas y caminaban por encima nuestro repartiendo culatazos y patadas” al grito de “bolches hijos de puta, los vamos a matar a todos”, relataron varios de los que vivieron el tormento. Luego fueron separando a distintas personas para torturarlas y exigir que aparezcan “las armas”. Así comenzaron los simulacros de fusilamiento a los pequeños grupos que sacaban al patio mientras gatillaban las armas y los disparos repiqueteaban cerca de sus cuerpos. A otras salas del local se llevaban a las mujeres, desde donde “se escuchaban gritos desgarradores”.
Tras dos horas de tormentos en los que nunca cesaron los disparos dentro del local, los hicieron formar “con las manos en la nuca” y la “obligación” de mantener los ojos cerrados para pasar por una doble fila de asaltantes que descargaron “patadas, latigazos, culatazos y trompadas” a su paso.
“A ver, uno con credencial de la Federal que salga a la calle” y “sáquenlos, los primeros al móvil 184”, ordenó uno de los asaltantes según el relato del dirigente comunista Jorge Caselles. Afuera los subieron a un camión y “nos fueron apilando como fardos uno arriba de otro, lo que hacía que los que quedaran abajo casi ni pudieran respirar”, dijo entonces Enrique de Dios. “A estos los vamos a rociar con nafta y los vamos a quemar a todos”, volvió a escuchar Caselles antes de que el jefe le ordenara a un subordinado “no tires gases a la esquina (de Trejo y Quirós) porque el viento lo trae para acá”.
En la retirada, los comandos volvieron a disparar ráfagas de tiros y proferir amenazas para ahuyentar a los curiosos. La recorrida duró poco. Enseguida llegaron a la División Informaciones de la policía provincial. Allí los volvieron a tirar de cara al piso, formar la fila con las manos en la nuca y los ojos cerrados. Adentro, les vendaron los ojos con jirones de trapos de los carteles que habían traído del asalto, aunque antes algunos lograron ver el patio del lugar con decenas de personas (ver aparte) en las mismas condiciones: con los ojos vendados y manos en la nuca esparcidos por el piso o contra las paredes, varios de ellos esposados. Así estuvieron más de 40 horas, antes de recuperar la libertad, tras otros interrogatorios, amenazas y acusaciones de “asociación ilícita” y “tenencia de munición de guerra”.
Pocos días después Clelia Hidalgo murió en el Hospital de Clínicas cordobés. Un policía advirtió la intensa hemorragia –que le produjo que “le introdujeran el cañón de un arma en la vagina”– mientras la interrogaba. Ordenaron su traslado “en calidad de detenida” a la sala policial del policlínico del barrio San Rafael. Tras reiteradas denuncias, y por su delicado estado de salud, fue nuevamente trasladada al Clínicas, pero Clelia no soportó las lesiones que sufrió en el asalto.
El 15 de octubre la policía entregó el local del PC ante un escribano, por exigencia de los comunistas. Allí consta la forma ruinosa en que quedó la casona, los disparos en las paredes, las vainas servidas y las leyendas de las Tres A que dejó el operativo. El acta lleva la rúbrica de tres agentes de la seccional primera de la policía cordobesa: el suboficial ayudante José Amadeo, el sargento Ismael Salta (chapa 162) y el agente de consigna José Moldia (chapa 111).
Ese 10 de octubre de 1974, la policía cordobesa desplegó un tenebroso operativo que culminó con el asalto a locales del Partido Comunista (ver nota principal), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Sindicato de Luz y Fuerza. La excusa fue que habían detectado que “desde un bar y con el apoyo de un Citroën verde, una pareja manipulaba un radiotransmisor”. La supuesta persecución comenzó en el céntrico edificio de los tribunales de la ciudad de Córdoba, que fue desalojado. Ante la mirada incrédula de centenares de personas, los policías, al mando de su jefe García Rey y del propio interventor federal, el brigadier Lacabanne, disparaba contra el edificio vacío, “sin ni siquiera parapetarse” y con la certeza de que no recibiría respuesta. La búsqueda de la pareja y el Citroën –que nunca aparecieron– siguió con los brutales allanamientos en los locales partidarios y gremiales.
Isabel Perón había decretado la intervención federal de la provincia tras el golpe institucional que pasó a la historia como “el Navarrazo”. El ex jefe de la policía de Córdoba, el teniente coronel Antonio Navarro, tomó la ciudad a punta de pistola con comandos policiales y civiles que arrestaron al gobernador Ricardo Obregón Cano y a su vice Atilio López (luego amenazado y acribillado por las Tres A). Lacabanne, un brigadier que siempre decía actuar en nombre de Isabel, volvió a colgar del cuartel de la policía cordobesa la fotografía del ex jefe Navarro, que entonces estaba prófugo de la Justicia.
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