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En las dos cuadras que se extiende Ruiz de Ocaña, las que fueron escenario de la muerte de la vecina Gladys Pérez –provocada por una de las ocho balas disparadas por el panadero Luiz Zurrón contra un ladrón–, el debate por el desarme está cerrado. Allí, los vecinos no tienen dudas: “La solución es estar armados”, dicen y parecen decir, al convalidar la compra de armas para combatir los robos. La muerte de Gladys Pérez a manos de uno de ellos es una más del casi medio millar de muertes al año provocadas por armas de fuego disparadas por la sociedad no delictiva pero armada. Según un informe del Inecip, aún no publicado y al que tuvo acceso Página/12, la sociedad no delictiva pero armada llega a casi 2.250.000 personas, de las cuales menos del 30 por ciento está registrada en el Renar. En su poder tienen casi cuatro millones y medio de armas de fuego, de las cuales menos de 1.200.000 están blanqueadas. Según el mismo informe, esa sociedad armada en defensa de sus bienes es responsable de medio millar de homicidios al año, la mitad de los asesinatos con armas de fuego que ocurren en el país. En pocas palabras: de las cifras de la inseguridad, la mitad de los crímenes con armas de fuego se los lleva la parte de la sociedad que compra armas por seguridad. Y, como en el caso de Ruiz de Ocaña, la mitad de los muertos son propios.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) –en base a datos provistos por la Dirección Nacional de Política Criminal dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Sistema de Alerta Temprana (SAT), diferentes encuestas de victimización, el Renar, y el Informe sobre Bases de Muertes por Armas de Fuego y la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), ambos del Ministerio de Salud– redactó un informe aún inédito sobre los motivos que empujan a la sociedad a armarse, sobre las diferencias entre los hechos reales y la inseguridad subjetiva, y sobre la relación de los medios y las ausencias del Estado.
El informe, titulado “Perfil de la violencia armada”, demuestra la diferencia entre la inseguridad real vinculada con un hecho concreto y la sensación de inseguridad o inseguridad subjetiva; sostiene que esa inseguridad subjetiva es la que determina la compra de armas con el supuesto objetivo de defender sus bienes; y señala que la sociedad queda como rehén de la espiral de violencia que ellos mismos coadyuvan a disparar.
“La violencia armada no es solamente un problema de aplicación de la ley o un problema de seguridad pública”, dijo a Página/12 Darío Kosovsky, del Inecip. Según los datos proporcionados por el SAT, “en la Argentina han ocurrido 1813 homicidios dolosos en el año 2005”. “Un 50 por ciento se efectuó con un arma de fuego (921 casos). De esta última cifra, un 50 por ciento (455 homicidios) se ha cometido sin que se produzca ningún otro tipo de delito.” O sea, homicidios con armas de fuego que no fueron cometidos por un asaltante durante un robo, por ejemplo.
Hay un desfasaje entre la ocurrencia real de un delito y la sensación de inseguridad que es mucho más alta, y que está multiplicada “por la forma en que los medios de comunicación abordan el problema” (ver aparte). “El temor a convertirse en víctima –sostiene el informe– también hace que los ciudadanos se encuentren más propensos a ensayar estrategias individuales (contratación de seguridad privada, compra de armas para la autoprotección, etcétera). Desde otorgar más poder a una agencia en la que no guardan confianza hasta tomar la justicia por mano propia, sumida en la indefensión, la población, más que actuar, reacciona.”
Datos de la ENFR señalan que en el país el 5,6 por ciento de la población manifestó haber sido víctima de un robo a mano armada. El Conurbano bonaerense concentra casi el doble: 9,6 por ciento. “Por otro lado, hay un 9 por ciento de los habitantes que han sido testigos de robos a mano armada, distribuidos de manera pareja entre mujeres y hombres (8,2% y 9,8%, respectivamente). En la región GBA hay un 13,7 por ciento de la gente que ha atestiguado este tipo de robo, seguido por el área de la provincia de Buenos Aires, que presenta un 11,3 por ciento.”
“Es llamativo –sostiene el informe– decir que la provincia de Buenos Aires y los partidos del GBA, en relación con el resto del país, representan la mayor proporción de población que reconoce tener acceso a un arma de fuego (en la vivienda, depósito o automóvil) dentro del GBA. Aunque la proporción total del GBA (8,4%) es menor con respecto al resto de la agrupación de jurisdicciones relevadas, la concentración de armas allí donde más delito se releva es un claro indicador de una cultura armamentística en crecimiento.” El mismo estudio, para indicar el desfasaje entre hechos concretos y sensación de inseguridad, destaca que en 2005 casi 9 de cada diez personas del área metropolitana (incluye el Conurbano) afirmaba “sentirse con altas probabilidades de ser víctima de un delito”. La cifra es considerablemente mayor que el 9,6 por ciento que lo sufrió efectivamente. “Entre 2002 y 2005, el porcentaje de población victimizada –agrega el informe– desciende 10 puntos en la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y 8 en el GBA, y la sensación de inseguridad aumenta un 7 y un 3 por ciento, respectivamente.”
Según cifras del Renar, existen 1.123.059 armas legalmente registradas por 625.444 legítimos usuarios. Pero, según la ENFR, “el 9,8 por ciento de los encuestados tiene armas en su entorno (en la casa, automóvil, garaje, o depósito), lo que equivale a decir que existen 2.247.749 tenedores de armas”. Partiendo de esa cifra, el Renar sólo tiene registro de menos de la tercera parte del total, el 28 por ciento del total de tenedores. Los expertos del Inecip sostienen que la práctica habitual es que “por arma registrada también se tenga un arma que no se registra”. En total, 4 millones y medio de armas en manos de población civil.
Cruzando los datos de armas y dueños –y siempre dentro del espectro de la sociedad que no se arma para delinquir–, con las cifras de muertes provocadas por armas de fuego resultan datos esclarecedores. Sobre el total de homicidios con armas de fuego, según se mencionó más arriba, aproximadamente la mitad tuvo lugar en un escenario y por motivos que no se vinculan con la intención de cometer otro delito sino que ocurren como epílogo de una discusión familiar, entre amigos, vecinos, como resultado de una presunta defensa propia.
“Según la Base de Muertes por Armas de Fuego del Ministerio de Salud, en el año 2004 –sostiene el informe–, la mayoría de las defunciones se produjo entre hombres jóvenes de bajos recursos que residen en los centros urbanos más importantes del país –provincia de Buenos Aires con el 47,8 por ciento (1358), seguido por Santa Fe, 9,1, CABA 8,2, Córdoba 7 y Mendoza 4,7–. Del total de víctimas distribuidas en todo el territorio nacional, el 87,6 por ciento (832) son hombres mientras que el 53,6 por ciento de las víctimas, considerando ambos sexos, son menores de 34 años. El 92 por ciento de los muertos son civiles”. Iguales relaciones se repiten para los imputados, ya que del total de 1754 imputados de homicidios dolosos a nivel nacional, un 96 por ciento son hombres; 91 por ciento, civiles. Según el lugar de residencia y de muerte del fallecido identificado por la base de salud, las muertes ocurren en el mismo distrito. Y es que la población víctima y la población victimaria, en su mayoría, es la misma.
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