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En su primera sesión del año, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó una ley que prohíbe exportar e incluso transportar a través de la provincia madera destinada a las pasteras que se construyen en el Uruguay. La norma, impulsada por la Asamblea de Gualeguaychú, tuvo el respaldo unánime de todos los bloques y ahora debe ser tratada en el Senado. El fundamento para su sanción fue la defensa de los derechos ambientales de los ciudadanos de la provincia.
El diputado radical Osvaldo Fernández, quien presentó la iniciativa, anticipó que una vez que quede convertida en ley, será la Secretaría de Producción de Entre Ríos la encargada de vigilar por su cumplimiento, la que podrá pedir el apoyo de la policía local y la Justicia para hacer controles en la frontera.
Al explicar las razones del proyecto, Fernández señaló que “no se puede admitir la posibilidad que desde aquí se le venda madera a Botnia, porque esta papelera nos va a contaminar y a envenenar nuestro medio ambiente”.
En Paraná dan por segura su implementación, porque el gobernador Jorge Busti ya manifestó su acuerdo.
La veda tiene el objetivo de ahogar el funcionamiento de las pasteras, ya que la producción de madera uruguaya no va a ser suficiente para los enormes volúmenes de producción de pasta de celulosa previstos por las empresas. En el Uruguay entrarán en funcionamiento tres plantas de grandes dimensiones, la de Botnia, en Fray Bentos; la de Ence, en su nueva ubicación al sur, sobre el Río de La Plata, y la de Stora Enzo, sobre el río Negro. Las empresas ya están haciendo sondeos para comprar madera argentina. El presidente de Ence, Juan Luis Arregui, lo expresó en la Casa Rosada al anunciar la relocalización de la planta. Y voceros de Botnia han dado a conocer el interés de la firma por generar un “polo forestal regional”, integrado por Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
La ley tiene, sin embargo, un costado polémico: ha recibido cuestionamientos sobre su constitucionalidad. De hecho, el propio diputado Fernández admite que la iniciativa es “un primer paso que debe ser completado con una ley nacional, para lo cual la Asamblea de Gualeguaychú ya envió un proyecto al Senado de la Nación”. La presentación fue realizada el año pasado, pero no fue debatida.
Consultado sobre el tema, el abogado de la asamblea ambientalista, Fabián Moreno Navarro, explicó que los vecinos de Gualeguaychú habían llevado su reclamo “más que a los diputados, al Poder Ejecutivo nacional, al que le pedimos en repetidas oportunidades que prohíba la exportación de madera aplicando el Código Aduanero, una medida que el Gobierno nunca tomó”. Como ese camino quedó cerrado, se intentó la opción del Congreso provincial.
En Colón ayer los asambleístas volvieron a cortar la ruta por seis horas, mientras que en Gualeguaychú el corte por tiempo indeterminado permaneció sin novedades, ya en su undécima semana. La noticia del día fue una revelación del intendente local, Daniel Irigoyen, quien aseguró que en la ciudad “existe la convicción” de que la pastera de Botnia “será relocalizada”, ya que “Argentina podría hacerse cargo de los costos”. El gobierno nacional, sostuvo en ese sentido, “ya hizo una propuesta para asumir el costo de la relocalización y sabemos que esa propuesta está vigente”.
Irigoyen contó que “la primera propuesta a Botnia, hace un año y medio, fue de 30 millones de dólares y hace no tanto (hubo otra) de 100 millones...”. El intendente dijo desconocer en cuánto está ahora el ofrecimiento, pero se manifestó convencido de que “Argentina está haciendo todo lo posible”.
Cuando le pidieron precisiones, Irigoyen detalló que Argentina, además de hacerse cargo del costo del traslado, “compensaría con inversiones a Fray Bentos”. El jefe comunal recalcó que “la oferta siempre estuvo” y que el monto que supondría la relocalización “podría obtenerse por medio de un financiamiento internacional, en atención a la magnitud del hecho”.
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