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El juez federal de Paso de los Libres Angel Oliva dictó la falta de mérito para cinco militares detenidos por la investigación de La Polaca, uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Corrientes durante la última dictadura militar. En el mes de diciembre pasado, un fallo de la Cámara Federal de la provincia había resuelto la nulidad de los procesamientos porque consideró que el peso de las pruebas era insuficiente. Oliva avanzó en esa dirección.
La causa de La Polaca se inició con el Informe Waern, un escrito de un ex agente de Inteligencia llamado Carlos Waern publicado en el semanario Sepa de la provincia de Corrientes, ahora desaparecido. El documento en cuestión daba cuenta del funcionamiento del centro clandestino de la localidad de Paso de los Libres y dio detalles sobre los operativos sobre el Puente Internacional a Uruguayana que a partir de 1979 culminaron con el secuestro y desaparición de unos 200 militantes de Montoneros. La Justicia de Paso de los Libres avanzó con la investigación del centro La Polaca con esos datos y culminó con la primera etapa en 2005: el juez procesó y detuvo a los cinco militares que ahora recibieron la falta de mérito.
Esos militares son el sargento Ricardo Fernández, el teniente coronel (RE) Héctor Mario Juan Filipo y los coroneles (R) Jorge Oscar Félix Riu, Francisco Javier Molina y Antonio Herminio Simón. Todos habían sido detenidos y procesados en 2005. Los dos últimos están procesados en otras causas. En el caso de Molina por la Casita de los Mártires, en el centro clandestino que funcionó en la provincia de Misiones, y Antonio Herminio Simón por una causa de Capital Federal.
Oliva firmó la falta de mérito el último 5 de febrero. Según los organismos de derechos humanos locales, lo hizo presionado por la resolución de los camaristas. En diciembre del año pasado, la Cámara de Apelaciones local consideró que los elementos reunidos en el auto de procesamiento contra los militares era insuficiente. El Tribunal integrado por Rita Mill de Pereyra, Virgilio Acosta y Mario Tessare explicó que los elementos reunidos en la causa no podían acreditar el funcionamiento de un centro clandestino de detención. En esas condiciones, pidió una profundización de la investigación y que se cite al periodista de la publicación Sepa a declarar como testigo en la causa.
Jorge Olivera es abogado querellante del expediente. De acuerdo con su explicación, el problema de esta causa no radica en la decisión del juzgado sino en una situación de fondo de la Cámara. A su criterio, el Tribunal basó su resolución sólo en uno de los tres autos de procesamientos que hasta ahora logró reunir la causa y lo hizo con un año y medio de “demora”. “Con todos estos elementos en su poder –se quejó–, la Cámara no hizo un orden procesal sino un desorden.”
Entre los nuevos elementos que los camaristas deberían evaluar se encuentran testimoniales de ex detenidos, especialmente una de un ex conscripto que fue trasladado y torturado durante 16 días en el lugar. Según Olivera, esos elementos serían suficientes para mantener los procesamientos.
Fuera de los beneficiados por esta resolución, hay otros ex represores detenidos aún por la causa. Ellos son el teniente coronel de Inteligencia del Ejército, José Luis Marchisio, y los civiles Rubén Darío Ledesma, Carlos Faraldo y Víctor Irineo Aldave. También el Turco Julián o Julio Simón, condenado en Buenos Aires el año pasado en la causa de José Liborio Poblete, y que también forma parte de los procesados por La Polaca.
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