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“Los treinta años del asesinato de nuestro padre no será un aniversario más porque finalmente nuestra familia presentará su caso ante la Justicia y se hará el primer homenaje público para recordarlo.” De esta manera, la hija del ex diputado justicialista Diego Muniz Barreto dejó en claro que el tiempo transcurrido no es obstáculo en la lucha contra la impunidad. El 7 de marzo de 1977 apareció su cuerpo sin vida dentro de un Fiat volcado en un arroyo cercano a Villaguay, en Entre Ríos. Un mes antes había sido secuestrado junto a su secretario por el ex subcomisario Luis Patti, y por eso Juana Muniz Barreto fue convocada en el proceso que impugnó su asunción en la Cámara de Diputados. Hoy demostrará que el clima de temor que dejaron los secuestros de los testigos Julio López y Luis Gerez no logró amedrentarla y se presentará con su abogado en los tribunales de San Martín para pedir la apertura de una investigación, en la cual sería llamado como testigo el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, entre otros. Y mañana habrá un acto en el cementerio de Castelli, al que comprometieron su presencia altos funcionarios provinciales y nacionales.
“Preparar la querella, reconstruir los hechos, investigarlos nuevamente, redescubrir las mentiras de aquellos años representó para nosotros revivir la angustia y el miedo que sentimos en 1977 y los años siguientes. Aquella desesperación por no saber si estaba vivo o muerto, qué hacían con él, y esa maniobra perversa de pretender engañar a la sociedad diciendo que papá había muerto en un accidente se ha convertido en la ardua pero hermosa tarea de llegar hasta la verdad y hasta la condena a los responsables”, reflexionó Juana Muniz Barreto en diálogo con Página/12. “No por nada resuena aún en Argentina el Nunca Más. Los hijos, al igual que lo hicieron en su momento las madres, daremos siempre esa pelea”, agregó.
Con el patrocinio del abogado Pablo Llonto, esta querella será presentada hoy en el marco de la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo. “El ‘supuesto accidente’ se trataba de un homicidio de aquellos ideados y llevados adelante por el terrorismo de Estado, cuyos episodios de zona Norte del Gran Buenos Aires son investigados en esta causa 4012 –dice el escrito–. Nuestro padre y (su secretario) Fernández habían sido llevados al lugar, adormecidos previamente y arrojados dentro del auto al agua.”
El diputado Diego Muniz Barreto tenía 43 años cuando fue secuestrado, el miércoles 16 de febrero de 1977 a las 18, por el entonces oficial de calle de la policía bonaerense Luis Abelardo Patti, que los venía siguiendo en un auto Mercedes Benz bordó. Estaba en una carnicería de Escobar junto a su secretario Juan José Fernández, de 23 y cuerpo de rugbier, que sobrevivió al intento de homicidio porque la sustancia que le inyectaron no logró hacerlo desvanecer. Fernández falleció durante su exilio en España, pero antes pudo dar su detallado testimonio.
Muniz Barreto y Fernández fueron trasladados a la comisaría de Escobar y luego a la Unidad Regional Tigre, bajo las órdenes del teniente coronel Antonio Molinari, que en 1977 era jefe del Operaciones del área 410 con jurisdicción sobre Escobar, Tigre y Pacheco, y superior de Patti. Desde la comisaría los detenidos lograron mandar mensajes sobre su situación a sus familias, a un comodoro amigo de ambos y a personal de la empresa pesquera de la que era propietario Muniz Barreto. Concurrió a la comisaría un ex diplomático, cuyo testimonio será solicitado. A los pocos días fueron llevados a Campo de Mayo, donde fueron torturados. “Fernández reconoció con precisión los lugares de Campo de Mayo por los que pasaron, aportó los apodos y nombres de los represores y de los miembros de las patotas de tortura, mencionó los traslados y simulacros, y finalmente de quienes prepararon y ejecutaron el homicidio”, indicó Llonto.
El testimonio de Fernández fue escrito en Argentina pocos días después de recuperar su libertad, y más tarde brindado ante la Cadhu, un organismo que formaron los argentinos en el exilio en Europa en 1977, y en el que se tomaron las primeras declaraciones por violaciones a los derechos humanos. La de Fernández fue protocolizada años después ante escribano.
Los hermanos Muniz Barreto afirmaron que “la Justicia federal, al igual que en el conocido caso del obispo de La Rioja Enrique Angelelli (simulación de accidente en la ruta), debe llegar a fondo con el esclarecimiento del hecho y determinar que nuestro padre murió asesinado o previamente por sus captores o en el mismo acto de arrojar el vehículo”. Y agregaron que “fue el notable escritor Rodolfo Walsh quien en la carta a la Junta Militar dio cuenta de la verdad de lo ocurrido a nuestro padre”.
En su presentación ante el Juzgado Federal 2 de San Martín, a cargo de Martín Suárez Araujo, solicitaron la inmediata detención y la declaración indagatoria de Patti y Molinari, además de los comisarios de Escobar y Tigre en 1977, del general Santiago Riveros, jefe de zona 4 a cargo de Campo de Mayo, y de media docena más de represores. Además, destacaron el encuadre del caso como homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad, en tanto delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles. Entre las medidas de prueba requeridas está la declaración testimonial del secretario Duhalde, quien habló con Fernández en España.
“Tengo la certeza de que esta historia no termina nunca porque nunca nos vamos a olvidar de él. Estamos los tres hermanos muy unidos y acompañados por todo el cariño de mi mamá, como lo estuvimos hace 30 años”, afirmó Juana al describir el momento familiar, que incluyó la llegada de su hermano Antonio, que vive en España y es músico, para ser parte de estas iniciativas. Esta mujer –arquitecta, 44 años– compartió el proceso de impugnación de Patti en el Congreso con Luis Gerez, y tras su secuestro y reaparición fue a visitarlo. “Claro que tuve miedo por lo que está pasando pero lo mejor contra eso es accionar”, sintetizó.
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