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Después de quince años de trámite, otra causa contra María Julia Alsogaray está por llegar a juicio oral. La ex funcionaria está procesada por administración fraudulenta, por haber pagado 9 millones de dólares en forma irregular a la empresa Pecom-Nec cuando era interventora de ENTel. El fiscal Carlos Cearras le pidió al juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi que dé por terminada la instrucción del caso y lo eleve para que intervenga un tribunal oral. También están acusados ex directivos de la compañía, de la Sindicatura General de Empresas del Estado (Sigep) y colaboradores de la imputada estelar en la telefónica estatal.
La raíz de este fraude se puede rastrear en la conversión “errónea” a dólares de un pagaré que figuraba en australes. En la época de su liquidación, “ENTel tenía una contabilidad caótica, inexistente en muchos aspectos”, explican los investigadores. Las deudas tampoco eran claras. El ex ministro Domingo Cavallo ordenó que las obligaciones con los proveedores se saldaran por medio de pagarés y que, a través de la Sigep (el organismo equivalente a la Sigen actual), se emitiera una “certificación extracontable” de la operación. Así fue como, al momento de pagarle a Pecom-Nec, donde debía decir 900.000 la certificación decía 9.000.000, o sea, diez veces más de lo que correspondía.
La causa judicial estuvo en manos del ex juez Jorge Urso, quien renunció el año pasado. Se inició en 1992, pero Alsogaray recién fue citada a declarar como imputada en junio de 2001. Unos meses antes de la indagatoria un auditor se había topado con una caja de seguridad del Banco Nación que le llamó la atención porque llevaba cinco años cerrada. Los únicos que tenían acceso eran la ex funcionaria y un colaborador suyo de la ex ENTel. Adentro, había una pila de pagarés a favor de Pecom-Nec, Siemens, Pirelli, Sade y otras proveedoras de la antigua empresa pública.
En su momento, Alsogaray reconoció el sobrepago a Pecom-Nec, del grupo Pérez Companc, y acusó al ex síndico Julio Orué, que realizaba las certificaciones. Apuntó también a Cavallo y se quejó del desorden contable. A mediados de los noventa la compañía tuvo que devolver la plata. Con intereses la cifra trepó a 10 millones de dólares. Años más tarde un “megaperitaje” confirmó que el error en los cálculos había sido claramente intencional y dejó en claro que había que juzgar a los responsables.
El juez Martínez de Giorgi no tardaría en mandar la causa a juicio. Según el planteo de Cearras, Orué iría al banquillo junto Alsogaray, como partícipe de la administración fraudulenta, un delito que prevé hasta seis años de cárcel. Pero no estarían solos: también fueron acusados por la fiscalía Enrique González Chion, ex gerente de contabilidad de ENTel, Horacio Daniel Alí, también de la telefónica, y Julio Osvaldo Otero, directivo de Pecom-Nec.
Alsogaray llegó a estar 21 meses presa. Tuvo una condena a tres años de cárcel por enriquecimiento ilícito y ya fueron elevadas a juicio oral dos causas que la complican: en una se la responsabiliza por la venta irregular de terrenos de Radio Nacional y en la otra, por el pago de sobreprecios desorbitantes para la remodelación de la Secretaría de Recursos Naturales. Aparte, sigue batiendo records con una veintena de expedientes en trámite. Este viernes, sin ir más lejos, está citada como sospechosa por el pago y cobro de sobresueldos durante el menemismo. En ese caso, ella misma dijo que recibía un importante “adicional” en negro, en un intento por justificar el incremento de su patrimonio. Pero la confesión se le volvió en contra. Con el caso Pecom-Nec le pasó lo mismo, ya que ella misma había hecho una denuncia.
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