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Felisa Miceli designó a Nora Fracarroli como subsecretaria de Relaciones con las Provincias, en reemplazo de Carlos Fernández, quien desde ayer ocupa el Ministerio de Economía bonaerense. Una de las herramientas claves para paliar la crisis fiscal provincial que utilizará el flamante colaborador de Felipe Solá, alfil cedido por la Nación, será el de los cambios al Impuesto a la Riqueza, que a juicio de su antecesor, Gerardo Otero, hasta ahora habían sido bloqueados por injerencia de la administración central. Justamente, la decisión de la Rosada de elevar de 840 a 1040 pesos el salario inicial de los docentes fue el detonante de la crisis en el gabinete de Solá.
Aunque revistó en las huestes de Miceli, Fernández no es un hombre ajeno al pensamiento de su reemplazado. Junto al también ex ministro de Economía bonaerense (e impulsor de la candidatura de Roberto Lavagna) Jorge Sarghini y al actual secretario de Hacienda nacional, Carlos Mosse, integraron un equipo técnico de debate sobre cuestiones fiscales de las provincias. Algo que Solá se ocupó de puntualizar ayer, en un esfuerzo por minimizar las dudas sobre la presunta injerencia nacional en su gobierno. “Integra desde hace veinte años un equipo del que también formó parte Otero. Conoce la relación con los intendentes y la cuestión impositiva”, destacó el gobernador.
Los ministros saliente y su sustituto coinciden en reconocer la envergadura del problema fiscal que afronta Buenos Aires, que fue agravado por la reciente suba del salario inicial docente a 1040 pesos anunciado por el ministro Daniel Filmus. Este incremento de envergadura, no contemplado en el presupuesto provincial, vigoriza otras demandas de estatales cuyas paritarias se están definiendo. Son espadas de Damocles sobre las cuentas públicas, cuyo deterioro queda al desnudo por la previsión de 1600 millones de pesos de déficit para el 2007.
Otro punto de coincidencia entre quien llegó y el que se va es reconocer la necesidad de nuevas herramientas recaudatorias, básicamente la sanción de la ley que crea un nuevo impuesto a la riqueza y que podría aportar al fisco bonaerense varios cientos de millones de pesos. El proyecto fue fogoneado a fines del año pasado por Otero junto al subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, con un argumento político difícil de rebatir: que servirá para obligar a los ricos a pagar más impuestos.
Se trata de un proyecto tan ambicioso como complejo. En una primera etapa, la propuesta del Ejecutivo bonaerense postula subir progresivamente la alícuota del impuesto inmobiliario para contribuyentes con patrimonio por encima de los 500 mil pesos, hasta el 2009. Ese año vence Bienes Personales, tributo que recauda la Nación: desde entonces, Buenos Aires podría tener su propio gravamen en reemplazo de éste. Algo que sólo podría ocurrir si el Congreso de la Nación dispusiera no renovar más la vigencia del otro impuesto que rige para todo el territorio argentino.
“Hubo presiones de la Nación para que la Legislatura no lo vote”, acusó horas después de su dimisión el ministro saliente, en declaraciones a la estatal Radio Provincia de Buenos Aires. Quizá la objeción política más expresa y contundente contra la presunta influencia del poder central que hizo el ex ministro, quien atribuye a la jugada de la administración kirchnerista un doble propósito. El más mediato: evitarle a un futuro gobierno, posiblemente de su mismo signo, tener que lidiar contra legisladores bonaerenses que en dos años estén exigiendo tener un impuesto a la riqueza exclusivo de su jurisdicción. Y el más inmediato: evitar que la administración de Solá –amiga pero con plazo fijo– se lleve el rédito de promulgar una norma más progresista que cualquier otra que promueva la Nación.
Hacia fin del año pasado, el proyecto de ley bonaerense tuvo media sanción de Diputados que, entre otros cambios, subió aquel piso de 500 mil a 700 mil pesos, lo que achica la base recaudatoria. Esta cuestión resultó tan revulsiva para el propio oficialismo como el artículo 4, en el que se postuló gravar los activos financieros. Esto incluiría cualquier depósito en moneda local o extranjera, plazo fijo o caja de ahorro u otras cuentas, o títulos públicos de contribuyentes bonaerenses. Tanto para cuentas radicadas en el país como en el exterior.
Las discusiones entre los propios legisladores provinciales que deberían haber respaldado la propuesta impidieron que el Senado la votara en vísperas del brindis de Año Nuevo. Pero ya antes de que Otero decidiera colgar los guantes había un principio de acuerdo entre el PJ y el Frente para la Victoria para sancionar el proyecto y en términos similares a los originales. Al menos respetando el mismo piso de 500 mil pesos de patrimonio que dispuso Economía. Algo a priori celebrado por el Fernández que asumió ayer en La Plata.
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