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En la madrugada del domingo, una bomba molotov estalló en la puerta de un gimnasio municipal de Río Gallegos donde los maestros que están en huelga desde hace cuatro semanas hacían un concierto solidario. Ninguna de las 350 personas reunidas resultó herida, pero los maestros creen que se salvaron de casualidad: según el secretario general del gremio, Pedro Muñoz, una orden de “zona liberada” habría facilitado las condiciones para la explosión. Para el martes programan una marcha de repudio. El gobierno instaló gendarmes en las escuelas.
La bomba casera explotó el domingo alrededor de la 1.30, frente a la entrada del gimnasio municipal Benjamín Verón, en un extremo de la ciudad de Santa Cruz. Adentro, un grupo de maestros llevaba a cabo un festival para recuperar parte del dinero que el gobierno provincial descontó durante este primer mes de huelga. “En un determinado momento, la policía que estaba custodiando el lugar se retira, dejó la zona liberada y 40 minutos después la bomba explotó”. José Luis Bonato es secretario gremial de la Asociación de Docentes de Santa Cruz (Adosac) y ayer inscribió la explosión de la bomba en el conflicto que los docentes mantienen con la administración del gobernador Carlos Sancho. “Esto lo hacíamos para mantener el fondo de huelga –explicó–: pero si tenemos que decir cuándo arrancó el problema, fue a la tarde cuando se instaló la carpa de la dignidad de los maestros en la avenida Roque y San Martín”.
La carpa docente en realidad es un punto de llegada de un conflicto provincial que lleva al menos varias semanas. Como sucede con los maestros de Salta y Neuquén, los maestros reclaman el aumento del salario básico que, según el gremio, se mantiene igual desde hace 17 años en 161,10 pesos. Con el paso de los días, el reclamo sumó a los empleados públicos que el miércoles pasado se movilizaron en toda la provincia y a los sectores de las escuelas católicas. La intervención del obispo de Río Gallegos a favor de los docentes y el cruce con el presidente Néstor Kirchner de las última semana activó aparentemente una participación mayor de la Iglesia, y de sus referentes como maestros y religiosos.
En ese contexto, el viernes a la noche, el gobierno provincial dispuso un cordón de protección alrededor de las escuelas para evitar supuestas tomas de edificios. Para los docentes es una suerte de “militarización” de la provincia. Pero el gobierno aseguró que la medida se ordenó por el gobernador ante “amenazas concretas de tomas de edificios públicos” que fueron efectuadas durante el fin de semana. En esas condiciones, los maestros no pueden entrar en las escuelas para hacer las asambleas. Por esa razón ayer se reunieron en la escuela salesiana de la capital.
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