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El gobierno de Néstor Kirchner analizó con el procurador general Esteban Righi, en la Casa Rosada, los mecanismos para brindar protección a testigos de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. Los ministros de Interior, Aníbal Fernández, y de Justicia, Alberto Iribarne, se reunieron con Righi para coordinar acciones de custodia y apoyo psicológico a testigos, cuya protección efectiva ha sido reclamada por organismos de derechos humanos y por la propia Corte Suprema de Justicia tras la desaparición de Jorge Julio López.
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