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El abogado Juan Martín Cerolini, a quien se mencionaba como posible defensor de los iraníes imputados en la causa AMIA, sostuvo en una declaración judicial que el fiscal Marcelo Martínez Burgos –con quien mantiene una vieja amistad– le pidió que intercediera ante el régimen iraní para que no atenten contra su vida. Cerolini afirma que consultó con los representantes de Teherán y éstos le dijeron que no estaba en su ánimo atentar contra el fiscal. Lo cierto es que esa manifestación judicial de Cerolini llevó al juez Rodolfo Canicoba Corral a citar a Martínez Burgos y al propio Cerolini a una declaración indagatoria como sospechosos de delitos tales como tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y, si se comprobara que hubo dinero de por medio, cohecho. El caso es más que extraño porque Martínez Burgos firmó –junto al otro fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman– un duro dictamen de 900 páginas en las cuales se pide la captura de siete iraníes y un libanés, entre ellos el ex presidente Alí Rafsanjani y el ex ministro de Relaciones Exteriores de Irán Alí Akbar Velayati. Y además lo defendió ante Interpol.
Página/12 intentó comunicarse con Martínez Burgos en los últimos días a raíz de la llamada a indagatoria y también porque ha trascendido que renunció como fiscal de la Unidad Especial AMIA. Pero el fiscal está de licencia y las llamadas no tuvieron respuesta.
El elemento fundamental que motivó a Canicoba Corral a convocar al fiscal y al abogado es la declaración de este último.
u Cuando Nisman y Martínez Burgos firmaron el pedido de captura de los iraníes y lo defendieron ante Interpol, la delegación de Teherán dijo que en su país está prohibido desacreditar a Irán y que, por lo tanto, le iniciarían una causa a ambos fiscales. La misma amenaza fue hecha en su momento contra el ex juez Juan José Galeano, que años atrás también firmó órdenes de captura casi contra los mismos iraníes.
u Supuestamente, Martínez Burgos se asustó, temió por su vida y mantuvo una charla con Cerolini para pedirle que intercediera ante los iraníes. El fiscal y Cerolini son amigos desde que estudiaban en la facultad y el abogado fue mencionado en forma reiterada como posible representante iraní en la causa AMIA. Esa designación, al menos por ahora, no se concretó.
u Según dice Cerolini, él consultó con representantes iraníes y éstos le dijeron que Martínez Burgos no debía preocuparse, que ellos no lo atacarían ni a él ni a nadie.
u Como consecuencia del temor de Martínez Burgos, éste decidió no viajar a un segundo encuentro de Interpol en Lyon –viajó sólo Nisman– y además manifestó su decisión de dejar la fiscalía especial del caso AMIA, algo que –según un diálogo que mantuvo en su momento con este diario– pensaba hacer desde hace rato.
Si lo que dice Cerolini fuera cierto, Martínez Burgos no obró de acuerdo con lo que debería hacer un fiscal. Es obvio que no se puede poner en contacto con los acusados y, en todo caso, el camino debía ser pedir un reforzamiento de su custodia o cualquier otra medida en esa dirección.
Pero también debe evaluarse la variante de que Cerolini, en su declaración, no haya dicho la verdad. Sucede que a Irán el lío con MB no le viene mal. Cuando Interpol se reúna en noviembre para resolver si convalida o no las capturas, podrán decir que las órdenes provienen de dos fiscales, uno de los cuales está imputado en la justicia. El argumento parece endeble porque en todo caso estaría imputado por una relación poco transparente con los propios iraníes, pero en el juzgado no descartan que todo sea una maniobra destinada a embarrar la cancha.
Además del escrito de Cerolini, en la causa judicial figura una escucha ilegal realizada indudablemente por la SIDE. Se trata del diálogo entre dos abogados que pertenecerían al estudio de Cerolini. Uno le dice al otro: “Yo pedí seis millones (se supone que de dólares), por las dudas que se tenga que hacer alguna entrada”. En el argot, entrada significa pagar una coima y el pedido de dinero se hizo supuestamente a los iraníes. Además, en otro tramo dice “si la causa reventó una vez, puede reventar otra”.
La causa de Martínez Burgos produce desconfianza. Por un lado, se nota la mano de la SIDE o de otro servicio de Inteligencia. Además, no se entiende qué beneficio les podría proporcionar el fiscal a los iraníes si ya firmó el dictamen pidiendo las capturas y defendió ese dictamen ante Interpol en la primera reunión de Lyon. Parece poco creíble que Martínez Burgos se desdiga de esas 900 páginas –cosa que no ha hecho– y aparezca del lado iraní. Las palabras “cama”, “maniobra” podrían adecuarse a lo que está sucediendo. Tal vez haya un poco más de luz el miércoles y el jueves, cuando declaren tanto el fiscal como el abogado.
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