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Tres décadas pasaron desde que catorce mujeres acudieron por primera vez a la Plaza de Mayo para demandar por la aparición con vida de sus hijos secuestrados por el terrorismo de Estado. Desde aquel abril de 1977 hasta hoy, la causa ganó la conciencia nacional y se volvió universal. El último logro de la lucha pacífica por la verdad y la justicia fue la decisión de la Cámara Federal, esta semana, que anuló por inconstitucionales los indultos de Videla y Massera que había dictado Carlos Menem, presidente electo dos veces consecutivas por la mayoría de votos. Este año también conmemora igual número de aniversarios la gesta de las Abuelas, otro formidable ejemplo de lo que puede la voluntad de amor de personas buenas, decentes y sencillas. Las trayectorias de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo deberían iluminar las disputas políticas de este año electoral para que las legítimas ambiciones de poder no se transformen en mezquinas codicias que humillan la calidad del régimen democrático que aún no cumplió treinta años desde su refundación.
Entre los datos que diferencian al actual gobierno de sus predecesores figura en primer lugar su compromiso con los objetivos de Madres y Abuelas, reivindicados tantas veces por el presidente Néstor Kirchner que sus críticos más severos lo atribuyen a una especie de revancha de los llamados “setentistas”. Quienes acceden al pensamiento privado del cardenal Jorge Bergoglio afirman que suele elogiar al jefe del Estado por su actividad en el terreno de los derechos humanos y por sus aptitudes de economista, aunque algunos sospechan que este último elogio está sazonado por una dosis de ironía a la que es tan afecto el arzobispo de Buenos Aires. No hay que olvidar que el actual jefe de la Iglesia Católica nacional debe su educación religiosa a los jesuitas y su formación política inicial a la influencia de Guardia de Hierro, una formación peronista que era enemiga declarada de lo que hoy se denomina “setentista”, la tendencia en la que militaba por aquellos años el matrimonio Kirchner. Estas rememoraciones vienen a cuento debido a que son personalidades fuertes, de convicciones obstinadas y, por lo tanto, de diálogo difícil, tanto es así que los esfuerzos de buena voluntad realizados por allegados de ambos se frustraron cada vez que intentaron tender puentes de entendimiento o, cuando menos, atenuar el tono de beligerancia discursiva con la que se cruzaron a distancia esta semana.
La asamblea de obispos que sesionó en los últimos días y que hoy, sábado, dará a conocer algunas de sus conclusiones, estuvo cruzada por un debate, dicen que áspero, referido precisamente al carácter y al tono de las indispensables relaciones de la Iglesia y el gobierno nacional, cada cual desde el lugar que les corresponde por sus distintas esferas de influencia y de responsabilidades. Ese lugar, siempre según indiscreciones de contertulios del cardenal, sería para Bergoglio el de “última reserva moral de la nación”, lo que podría entenderse también como un escalón superior a cualquier jerarquía republicana.
Los que comparten esa visión entienden que el Poder Ejecutivo concentra demasiado poder de decisión, incluso en desmedro del Legislativo, y que, para evitar el efecto de vórtice que tiende a engullir lo que se le aproxima, la Iglesia debería mantenerse distante, a la manera de un polo alternativo, una suerte de autoridad moral preservativa. Les preocupa la vigencia del federalismo –en la misma onda de preocupación por la centralidad del poder– y quieren reivindicar lo que llaman “la amistad social” como forma de convivencia, ya que varios obispos se han sentido presionados por situaciones de conflicto laboral o social de los que no se hacen cargo los políticos profesionales en el gobierno o en la oposición.
Algunos tramos sustantivos de este pensamiento, traducidos al lenguaje civil, adornan los fundamentos de la “Coalición” fundada por Elisa Carrió, oyente habitual y privada de las reflexiones cardenalicias. Si bien en términos de intepretación de política institucional pueden existir diferentes criterios en la autoridad católica, el episcopado se aglutina en un solo frente cuando su jefe invoca la potencial amenaza de la despenalización legal del aborto, a la mexicana, o el conflicto entre la educación sexual y las creencias religiosas o la atonía moral de la juventud, acosada por el uso de drogas ilegales, que se atribuye a la secularización extrema de la sociedad.
Bergoglio suele advertir que “no debe interpretarse todo en clave política”, aunque para juzgar la conducta eclesiástica sería preciso que la advertencia dijera que la clave no debe ser la política lineal, ya que las razones que se invocan están sostenidas en una trama apretada de complejidades, más de una vez difícil de entender para quienes pretenden abordar las explicaciones desde las lógicas ciudadanas de la democracia. Cualquier funcionario sonreiría incrédulo si alguien le dijera que el obispo Romanín de Santa Cruz no está manejado a control remoto por el presidente de la Conferencia Episcopal, en primer lugar, sin entrar en otros matices, porque aquél es salesiano y éste jesuita, dos órdenes distantes pese a que ambas pertenecen a la misma Iglesia. Sin embargo, estas condiciones deberían ser consideradas a la hora de adentrarse en el laberinto de las internas episcopales, así como no es lo mismo ser “Guardia” que JP, aunque uno y otro se identifiquen como peronistas.
De los debates en la asamblea episcopal nada trascendió porque la nueva sede de las deliberaciones, una casa de retiro en Pilar que se llamaba “La Montonera”, es inexpugnable para los ajenos, y además porque, a la manera de Kirchner, Bergoglio no curte las ruedas de prensa, tanto es así que la declaración final será distribuida por la oficina de prensa a través del cyberespacio. Por el lado del Gobierno, hay que decir que, también en reserva, antes de la reunión de obispos ofreció la apertura del diálogo por varios portavoces que fueron escuchados con gentileza pero rechazados con el método de la diplomacia, o sea poniendo tales condiciones previas que lo vuelvan irrealizable. A partir del texto que se conocerá hoy, cuyo título provisional es “El compromiso ciudadano y las próximas elecciones”, tal vez se puedan anticipar algunas líneas para el futuro.
No son tiempos fáciles para el Gobierno, si es que alguna vez lo fueron, debido a lo que algunos analistas de la Casa Rosada llaman “las tensiones del crecimiento”. Por supuesto, los sucesos con docentes y estatales en Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz ocupan un sitio central entre esas tensiones, con el telón de fondo de las competencias electorales. Con alivio, las partes en conflicto supieron encontrar los caminos para la búsqueda del entendimiento, pese a ciertas intransigencias que muy pocos comprendían o, incluso, al profundo sentimiento de indignado dolor por el crimen vil del profesor neuquino Carlos Fuentealba. La convocatoria del Ministerio de Trabajo nacional a docentes y gobierno de Santa Cruz es un triunfo de la sensatez puesto que, en democracia, no hay vencedores ni vencidos cuando se trata de abordar los temas relacionados con la justicia social. A su turno, en esta y otras zonas del país también será necesario encontrar respuestas para la situación de los demás trabajadores estatales, pese a las dificultades que supone la reformulación de las condiciones de trabajo sin que la reforma del Estado haya avanzado lo suficiente para discutir un modelo diferente de servicio público.
Salvo estos picos de conflicto, la verdad es que la discusión de empresas y sindicatos en paritarias está culminando, por lo menos en los gremios más caudalosos, en términos de moderada conflictividad. Entre los gremios con padrones numerosos, faltan resolver metalúrgicos y mercantiles, mientras el gobierno vigila con celo que las demandas no presionen demasiado sobre los costos que puedan tener rebotes inflacionarios, pese a la intransigencia patronal que, en general, se niega a rebajar las tasas de rentabilidad ni en un punto por más invocaciones al compromiso social que florezcan en las retóricas discursivas. La vigilancia oficial, de todos modos, apenas si contiene algunos precios en terceras marcas y con provisión intermitente en los mayores centros comerciales, por lo que existe en buena parte de la población, sobre todo en la clase media urbana, la convicción generalizada que el gasto de bolsillo es superior a los cálculos estadísticos que circulan entre las voces burocráticas como verdades reveladas. Sería interesante que desde el Gobierno se levanten voces de realismo para integrarlas al mensaje que recibe la sociedad. Las chicanas electoralistas no reemplazan nunca las sensaciones cotidianas de trabajadores y consumidores, o sea la mayor parte del padrón de votantes, y sólo sirven para desacreditar la política. Los que, desde la política, se apuran a celebrar la integridad de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y su compromiso con la verdad y la memoria, deberían preocuparse un poco más por seguir el ejemplo con la propia conducta.
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