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El país|Sábado, 3 de agosto de 2002
OYARBIDE PIDE A GINEBRA DATOS DE LAS CUENTAS DE MENEM

En la búsqueda del tesoro

Por Irina Hauser
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El juez Norberto Oyarbide, a cargo de la investigación.
Lo que empezó la semana pasada con la confesión de Carlos Menem de una cuenta en Suiza, derivó ayer en una resolución del juez Norberto Oyarbide para que ese país facilite “con carácter de muy urgente” información sobre depósitos bancarios, movimientos financieros y sociedades del ex presidente. El magistrado terminó de redactar ayer un exhorto en el que también pide los mismos datos en relación con Zulema, Zulemita, Carlos Menem Junior, Ramón Hernández, Alberto Kohan, Armando Gostanian padre e hijo y Héctor Fernández. Los delitos en juego que señala –que encuentran alguna correspondencia en el Código Penal suizo– son omisión maliciosa, encubrimiento agravado, cohecho y/o tráfico de influencias y violación de los deberes de funcionario. El juzgado no eligió la vía más expeditiva para mandar los papeles directamente a sus pares que investigan en la Confederación Helvética, sino que lo hará a través de la Cancillería.
La resolución firmada por Oyarbide dispone, ante “la sospecha de que probablemente existan cuentas bancarias en Suiza”, que se libre un exhorto internacional dirigido a la Oficina Federal de Policía del Departamento Federal de Justicia y Policía de la Confederación Suiza, en Berna. Será presentado en alemán, francés e italiano. A la Cancillería, encargada de concretar el envío, le fijó un plazo “no mayor de 72 horas”.
Esta metodología elegida despertó críticas de la diputada Graciela Ocaña (ARI), quien viene investigando el tema junto con Elisa Carrió (ARI) y Gustavo Gutiérrez (demócrata mendocino). “Había que mandarlo directo a la jueza (Christine Junot) que actúa en Suiza con un procedimiento abreviado de carácter urgente. No se entiende por qué utiliza la vía ministerial, es sospechoso. La cancillería se puede tomar el tiempo que quiera”, cuestionó la legisladora a Página/12. El procedimiento al que aludió Ocaña es el mismo que sugirió la Oficina Anticorrupción (OA) en un escrito presentado el jueves en el juzgado. La OA, que conduce José Massoni, es el organismo que hizo la denuncia por omisión maliciosa y evasión fiscal contra Menem que dio origen a la causa que instruye Oyarbide. Ayer aportó el original de la declaración de bienes del ex mandatario y pidió que el juez analice lo que hay en el sobre de información reservada.
El pedido a Suiza redactado por el juez señala la posible comisión de al menos cuatro delitos que, según su interpretación, tienen tipos penales análogos en la legislación de ese país. La omisión maliciosa se deriva de que Menem admitió públicamente que tiene una cuenta Suiza con unos 650 mil dólares, abierta en 1986, pero nunca la incluyó en sus declaraciones patrimoniales e incluso siempre negó sistemáticamente su existencia. Esa forma de falsear el contenido se podría considerar, también, como una estrategia para ocultar dinero proveniente de algún delito de corrupción, de ahí que se señale el encubrimiento agravado. El cohecho (coimas) y/o tráfico de influencias y la violación de deberes de funcionario público son otras de las figuras derivadas a entender del juez. De acuerdo a las normas argentinas, se trata de delitos con penas de prisión y en algunos casos de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La evasión fiscal, en principio, quedaría en manos del fuero penal económico.
El magistrado hacer referencia, además, a “versiones periodísticas y presentaciones” que se realizaron en su juzgado de las que surge que habría una cuenta a nombre de la fundación Red Spark –que tendría como apoderado a Hernández– en la filial de Zurich de la Banca del Gottardo y otra cuenta vinculada al ex presidente Menem en la Unión de Bancos Suizos, casilla postal 8098, Zurich. La primera contendría cerca de 6 millones de dólares y dataría de 1996, según el año pasado tomaron conocimiento a través de la Justicia helvética, Ocaña y sus pares que vienen siguiendo el tema. La segunda es la que Menem reconoció, diciendo que está a nombre de Zulema y Zulemita, después de que el diario norteamericano The New York Times publicara la declaración del testigo C del caso AMIA, un iraní quedijo que el régimen de Teherán había depositado en Suiza 10 millones para Menem, para que no le atribuyeran los atentados en Buenos Aires.
Para Oyarbide, Zulema, Zulemita y Hernández, ex secretario de Menem, están por ahora en un plano de sospecha, por eso esperará para citarlos. Ayer también incluyó a Gostanian –ex titular de la casa de la Moneda– y su hijo, a Kohan –ex secretario de la Presidencia– y a Fernández –otro ex funcionario del entorno– a raíz de la declaración judicial de ayer del abogado Juan Carlos Iglesias (ver aparte). La resolución del juez resalta “la relevancia nacional e internacional que tiene el esclarecimiento de los hechos aquí denunciados” y advierte que cualquier demora implicaría un “terrible perjuicio” para “la administración de justicia”. Con todo, no es seguro que Oyarbide siga teniendo la causa: hay que ver qué pasa con los jueces que llevan expedientes conexos ahora que termina la feria judicial.

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