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El ministro del Interior, Aníbal Fernández, confirmó que el Gobierno evalúa pasar a manos del Registro Nacional de Armas (Renar) el control de las exportaciones de armas de guerra. El funcionario dijo que ya hizo un análisis del tema con los titulares de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli, y de la Aduana, Ricardo Etchegaray, y que la idea es que “cualquier movimiento de armas que se efectúe sea conocido y certificado por el Renar”. El organismo depende de la cartera del Interior y hasta ahora supervisa sólo la exportación de armas de uso civil.
“Nosotros lo pedimos, queremos que sea así. Queremos que antes de que se exporte sea controlado por el Renar porque entendemos que cualquier venta no puede salir del país sin un análisis formal del armamento”, señaló Fernández.
La medida empezó a ser analizada luego de que la Justicia abriera una investigación por la venta de repuestos usados de fusiles a Estados Unidos. El caso, sospechado de contrabando y subfacturación, comenzó cuando la Aduana frenó un embarque por el que iban a ser exportados 6700 kilogramos de repuestos usados, seminuevos y nuevos de fusiles FAL y FAP, al precio declarado de 2600 dólares. El destino del lote era la empresa norteamericana JLD Enterprises INC, cuyo titular es el argentino José Luis Díaz.
Las exportaciones de armas de guerra tienen actualmente como instancia de control una comisión integrada por los ministerios de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, llamada Comisión de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, que dio su aval a la venta ahora bajo sospecha.
La propuesta de pasar el tema al Renar, sin embargo, recibió críticas. “No sería una medida de más control, dado que la conducción del Renar está en manos de comerciantes y fabricantes de armas”, consideró Ricardo Monner Sans. El abogado fue el denunciante del caso de venta de armas a Croacia y Ecuador, durante el gobierno de Carlos Menem. “El Renar tiene tan poca seriedad que descubrimos que a las pericias psicológicas las hacía un ginecólogo”, dijo ayer.
La causa es investigada por el juez en lo Penal Económico Guillermo Tiscornia. Además del embarque frenado por la Aduana, el juzgado sigue la pista de otros dos que sí se concretaron.
El martes, la ministra de Defensa, Nilda Garré, admitió que en la venta hubo “una inexplicable subfacturación”. La funcionaria apuntó contra Fabricaciones Militares: “Estimo que es el organismo que compró esos insumos a las Fuerzas Armadas y después los exportó. Creo que debería investigarse allí”.
“No existe un caso como se ha visto en Argenitna en otras épocas. Está bien que la Aduana y que la Justicia investiguen, pero a estas alturas no le veo entidad a la denuncia”, sostuvo el interventor de Fabricaciones Militares, Arturo Puricelli.
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