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Desde Lima
Skanska y Techint también tienen una historia oscura en el Perú. A pesar de que el escándalo de corrupción que estalló en Argentina toca directamente al Perú, donde, según el diálogo grabado entre dos funcionarios de Skanska, se habría pagada un soborno de 1.800.000 dólares, las autoridades peruanas no se han dado por enteradas. El Ejecutivo y el Congreso mantienen hasta ahora un sorprendente silencio. La explicación puede estar en que ambas empresas tienen una relación privilegiada con el poder político peruano. Al menos tres ex ministros aparecen estrechamente vinculados a las dos compañías durante los últimos 15 años: Jorge Camet, todopoderoso ministro de Economía durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), propietario de una empresa constructora escandalosamente favorecida con obras durante el fujimorismo y socio de Skanska; Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), y Jaime Quijandría, ministro de Energía y de Economía con Toledo. Estos dos últimos han trabajado para Techint y han tenido participación protagónica, tanto desde el lado de la empresa como del gobierno, en el desarrollo del proyecto de explotación de gas Camisea, el más importante proyecto energético del país, pero también el más cuestionado por las numerosas irregularidades que lo rodean.
Kuczynski y Quijandría, vinculados laboralmente a Techint, defendieron siempre a la empresa ante las acusaciones en su contra por la mala construcción del gasoducto, que ha estallado seis veces en menos de tres años. Como ministros, se negaron a investigar esas fallas y a sancionar a la empresa, e impulsaron cambios en el contrato con el Consorcio Camisea para favorecer a las multinacionales que lo integran, entre ellas Techint y Pluspetrol. Otros funcionarios de rango intermedio, que desde años atrás vienen usando su colocación en el aparato estatal para defender al Consorcio Camisea, se mantienen en el actual gobierno en puestos clave en los sectores Energía y Economía.
El contrato original de Camisea, firmado en 2001, ha sufrido sucesivos cambios, todos ellos para favorecer los intereses del consorcio empresarial. Con Kuczynski como ministro de Economía y Quijandría como titular del sector Energía, se introdujo una modificación al contrato para la construcción del gasoducto que le permitió a Techint financiar parte de la obra con el cobro de un sobreprecio a las tarifas de consumo de electricidad pagado por los peruanos. Gracias a este cambio del contrato Techint recibió alrededor de 100 millones de dólares.
Por encargo de Pluspetrol, Skanska construyó una planta en la costa peruana para el tratamiento del gas que llega desde la selva. El gobierno de Toledo accedió a modificar la localización de la planta, permitiendo que se ubique en la zona de amortiguamiento de la reserva natural de Paracas, la más importante de la costa peruana, con un grave perjuicio ecológico. La zona, una bahía natural, facilitaba la construcción de un puerto para la exportación del gas. Según un estudio, este cambio de ubicación le habría ahorrado al consorcio unos 50 millones de dólares.
El interés principal del Consorcio Camisea ha estado desde un inicio en la exportación, pero el contrato original establecía que para poder exportar gas antes debía asegurarse un techo de 20 años permanentes de abastecimiento del mercado interno, lo que limitaba las posibilidades de exportación. Esto estaba ratificado por una ley. Pero en el Congreso se cambió esa ley para permitir la exportación de gas sin la necesidad de tener reservas permanentes por los 20 años. El congresista José Carrasco Távara, del partido aprista, hoy en el poder, fue uno de los principales promotores de esa modificación. Carrasco es ahora parlamentario del oficialismo.
Kuczynski fue un activo promotor de la exportación de gas a costa del abastecimiento interno. El ex ministro impulsó activamente la construcción de un gasoducto hasta el norte de Chile para exportar gas a ese país. A pesar de que no había reservas suficientes, su proyecto exportador incluía vender gas también a la Argentina, Brasil y Uruguay. Sin embargo, debido a la fuerte oposición interna, el proyecto de Kuczynski no prosperó.
El gobierno de Toledo le otorgó al Consorcio Camisea la explotación del Lote 56 de gas, sin licitación y lo que es aún más escandaloso, sin ningún pago a cambio, a pesar de ser un yacimiento ya explorado y con reservas de gas verificadas, y le fijó condiciones tributarias muy favorables. Este Lote está reservado para la exportación, a pesar de que expertos en el tema energético aseguran que eso afectará las reservas del país y el abastecimiento interno.
Skanska también ha obtenido grandes beneficios de su sociedad con el ex ministro fujimorista Jorge Camet, quien dictó leyes para rebajar el pago de impuestos que debían hacer las grandes empresas, como las mineras o las de energía eléctrica, las cuales, a su vez, contrataron a la constructora de Camet y a Skanska para hacer diversas obras. En los últimos años, Skanska y la empresa de Camet han operado juntas en diversas obras del proyecto Camisea.
En el Perú el poder del Consorcio Camisea es muy grande y no se está investigando el asunto del soborno de Skanska y Techint. Pero todo parece apuntar a que la ruta de esos pagos ilegales pasa por los oscuros manejos del proyecto Camisea, que han beneficiado a Techint y Pluspetrol, como socios de este consorcio, y a Skanska como empresa constructora de la mayor parte de las obras para desarrollar este proyecto.
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