El día del juicio

Hoy a las 9 el juez federal Ariel Lijo iniciará en los tribunales de Talcahuano 550 el primer juicio contra militares de la última dictadura desde que se anularon las leyes que lo impedían. Hasta ahora sólo habían sido juzgados y condenados el suboficial de la Policía Federal Julio Simón, alias “el Turco Julián”, y el comisario de la Policía de Buenos Aires Miguel Etchecolatz y desde la semana pasada se están desarrollando en La Plata las audiencias del juicio contra el capellán católico, apostólico, romano de la policía bonaerense Cristian von Wernich. Pero no habían sido elevadas a juicio causas que involucraran a personal de las Fuerzas Armadas. El principal acusado es el ex Comandante en Jefe del Ejército general Cristino Nicolaides. Esta causa es un desprendimiento de otra mayor, que también involucraba a los generales Leopoldo Galtieri y Carlos Suárez Mason. Ellos no serán juzgados porque murieron en sus respectivos lechos. Desde Posadas, donde ofició una misa, el nuncio apostólico Adriano Bernardini reiteró la oposición eclesiástica a la revisión del pasado. Dijo que el pasado debía dejarse en la historia y que había que mirar al futuro.

Integrante de la última Junta Militar, constituida luego de la guerra de las Malvinas, Nicolaides escapó al juicio de 1985 por un acuerdo negociado por las Fuerzas Armadas con el ex presidente Raúl Alfonsín. Ni los miembros de la última Junta ni su delegado presidencial Benito Bignone fueron juzgados entonces. Nicolaides no responderá por los hechos cometidos durante su comandancia en jefe sino por su desempeño previo como jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo y su participación personal en algunos de los crímenes en revisión, según declaraciones jactanciosas que hizo cuando el día del juicio parecía imposible. Las audiencias proseguirán la semana próxima y para fines de agosto o principios de setiembre se producirá el fallo del juez Lijo, quien antes viajará a España para tomar declaración a una sobreviviente. Como la causa se tramita según el Código Procesal que rigió hasta 1991, el juez podría realizar las audiencias en su despacho según el antiguo procedimiento escrito. Pero debido a la trascendencia de este juicio, Lijo pidió la sala de audiencias de la Cámara Federal, donde en 1985 se realizó el histórico proceso contra Videla, Massera & Cía. La Corte Suprema de Justicia se la concedió pero hasta hoy no había autorizado la transmisión televisada ni la toma de fotografías de las audiencias.

Acompañarán a Nicolaides en el banco de los acusados algunos integrantes de la plana mayor del Batallón de Inteligencia 601, que desde su antigua sede de Callao y Viamonte coordinó el funcionamiento de todos los destacamentos de inteligencia y centros clandestinos del Ejército a lo largo del país, en estrecho contacto con las fuerzas represivas de países vecinos, tal como se acordó en el Plan Cóndor. Son ellos los coroneles Julio César Bellene, segundo jefe del Batallón 601; Jorge Luis Arias Duval, jefe de la Central de Reunión y del grupo de tareas 2; Pascual Oscar Guerrieri, jefe de operaciones; Juan Carlos Gualco, jefe de la división Inteligencia General Subversiva; Carlos Gustavo Fontana y Waldo Carmen Roldán, miembros de la Central de Reunión; Antonio Herminio Simón, jefe del destacamento de inteligencia 123 de Paso de los Libres; el agente civil de inteligencia Santiago Manuel Hoya, que ante los secuestrados se hacía llamar mayor, y el Turco Julián. Los militares están retirados del servicio activo, tienen más de 70 años, cumplen arresto domiciliario y no están obligados a asistir a las audiencias. Hasta hoy ninguno solicitó estar presente, aunque pueden hacerlo en los días siguientes. El Turco Julián cumple en la cárcel de Marco Paz la condena a 25 años que se le impuso en agosto del año pasado por la desaparición forzada y los tormentos impuestos al matrimonio José Poblete-Gertrudis Hlaczik.

En 1981, cuando era Comandante del Cuerpo de Ejército III, Nicolaides dijo durante una ceremonia militar en Córdoba que había hablado con uno de los integrantes de una “célula terrorista”, desbaratada cuando sus miembros intentaban regresar al país desde el exterior. En febrero de 1982 el CELS presentó un hábeas corpus en favor de un grupo de militantes montoneros detenidosdesaparecidos, lo que dio origen a esta causa. Antes de ser destinado a Córdoba, Nicolaides había comandado la guarnición Campo de Mayo del Ejército, entre diciembre de 1979 y 1980. En 1997 el sargento Nelson Ramón González, ex miembro de un grupo de tareas, dijo en un reportaje en televisión que el propio Nicolaides había ordenado fusilar en el polígono de tiro de Campo de Mayo a Ricardo Marcos Zuker, secuestrado en febrero de 1980. A raíz de esa declaración el entonces jefe de Estado Mayor del Ejército, general Martín Balza formuló una denuncia judicial, que se unificó con las actuaciones preexistentes. El de Zuker es uno de los seis casos que se investigan en el juicio que comienza hoy junto con los de Silvia Tolchinsky, quien vive en España, y los detenidos-desaparecidos Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal y Lía Mariana Guangiroli. Zuker era hijo del actor cómico Marcos Zuker. Su hermana, Cristina Zuker, es autora del libro El Tren de la Victoria, una investigación histórica de fuerte carga emocional sobre el grupo de militantes que con pocos recursos y menos organización regresaron al país sólo para ser diezmados por el Ejército, que los estaba esperando. Varios de los militares sometidos a este juicio fueron procesados como miembros de la asociación ilícita para avasallar la Constitución en la que habían convertido el Batallón 601. Tres informes secretos de la Central de Reunión del Batallón 601 incluyen datos precisos sobre la persecución y los secuestros, aunque nada aportan sobre el destino final de los secuestrados. Favorecidos por el anonimato y las identidades falsas que usaron ante sus víctimas, dos altos jefes del 601 –Guerrieri y el coronel Alberto Roque Tepedino– fueron descubiertos por la prensa cuando burlaban las prisiones domiciliarias concedidas por los jueces.

Al confirmar los procesamientos, la sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, citó un documento secreto enviado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que detalla el modo de funcionamiento del entonces Batallón 601, que era la principal estructura operativa de la Jefatura de inteligencia del Ejército, y se refiere a las funciones que cumplían allí los ahora procesados. Según ese memorándum, de abril de 1980, un miembro de los servicios de inteligencia argentinos informó al Oficial Regional de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos, James J. Blystone, que las personas capturadas cuando reingresaban al país fueron trasladadas a Campo de Mayo. Quien lo autorizó a mantener ese contacto fue el coronel Arias Duval, según consta en el mismo documento. La operación de inteligencia fue denominada con el nombre código de Murciélago. Desde 1979 la embajada de Estados Unidos trataba de determinar si quedaban detenidos-desaparecidos con vida o si todos habían siso asesinados. La Cámara Federal mencionó al confirmar los procesamientos los principios jurídicos contenidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Los delitos cometidos por Nicolaides y los coroneles de inteligencia son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Así lo declaró la Cámara Federal al pronunciar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en las que los acusados intentaron ampararse. El tribunal de Nuremberg consideró organizaciones criminales al Cuerpo Directivo del Partido Nazi, a su policía Gestapo, y a sus tropas de asalto, S.S. y a la SD. Por eso, la Cámara Federal concluyó que “el delito de asociarse con fines criminales tiene su correlato en el derecho penal internacional. En tal circunstancia es una conducta prohibida por el derecho de gentes, y como delito contra la humanidad corresponde que sea evaluado”.

Después del juicio de 1985 contra las tres primeras juntas militares comenzaron otras causas en distintos lugares del país. En la Capital la propia Cámara Federal llegó a condenar al general Ramón Camps, el comisario Etchecolatz y varios de sus colaboradores. Instruyó luego la causa 450 por los crímenes cometidos en jurisdicción del Cuerpo de Ejército I y otra por lo sucedido en la Escuela de Mecánica de la Armada. Ambas fueron interrumpidas luego de la sublevación de la Semana Santa de 1987 y los oficiales detenidos recuperaron su libertad al sancionarse la ley de obediencia debida a mediados de ese mismo año. Esa ley fue derogada pero no anulada por el Congreso en 1998. Las leyes de punto final y de obediencia debida excluyeron de la impunidad el robo de bebés, lo cual permitió cinco condenas contra militares apropiadores. Pero recién en 1998, luego de que el juez español Baltasar Garzón ordenara el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet, los jueces argentinos José Marquevich y Adolfo Bagnasco detuvieron por el robo de bebés a los ex Comandantes Videla y Massera y a altos mandos de sus respectivas fuerzas. En 2001, a pedido del CELS, la nulidad de ambas leyes fue declarada por el juez federal Gabriel Cavallo y confirmada ese mismo año por la Cámara Federal. Las causas judiciales que comenzaron a instruirse en todo el país no podían elevarse a juicio hasta que la nulidad fuera confirmada por la Corte Suprema de Justicia, lo que ocurrió recién en 2005. Pero debieron transcurrir otros dos años hasta que una causa contra oficiales de las Fuerzas Armadas fuera elevada a juicio.

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