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En la Ciudad de Buenos Aires nos enfrentamos a un escenario particularmente complejo, integrado por elementos que, con sólo mencionarlos, nos dan idea de la magnitud de las dificultades. Mencionaré únicamente dos: el extendido lapso que abarca la transición y el hecho de que el traspaso del poder se hará desde un partido o sector político a otro.
Sabemos que el proceso estará teñido por el ajuste que se quiere llevar a cabo en las cuentas fiscales; involucra o afecta, necesariamente, la prestación de servicios tales como educación y salud y nos encuentra, en medio, a los vecinos y a los trabajadores del Gobierno de la Ciudad. Así, en este contexto, aparecen y aparecerán las voces propias del tironeo, a las que no nos queremos sumar. Pero, en tanto dirigentes gremiales docentes, tenemos la obligación de velar no sólo por las condiciones salariales y laborales de los trabajadores sino también por la inversión concreta en materia de infraestructura, capacitación y servicios educativos, y respecto de algunas cuestiones específicas debemos efectuar señalamientos que entendemos relevantes.
En principio, nos parece un momento propicio para alertar sobre los perjuicios que generaría no sostener en los próximos años un constante crecimiento de la inversión en materia educativa.
La ciudad vivió durante muchos años un retroceso en lo que concierne a inversión en educación, que provocó que los docentes reciban salarios en negro, falta de mantenimiento en edificios escolares, falta de apertura de salas en educación inicial y primaria en algunos distritos que aún hoy demandan mayor oferta para atender el crecimiento de la matrícula. En algunos aspectos hemos avanzado y en otros aún sufrimos los efectos de la decadencia. Ciertamente, estamos lejos del ideal, la inversión en educación nunca debe ser suficiente para una sociedad madura, ya que constituye la calidad de un derecho que siempre podemos y debemos superar.
Los docentes, por otra parte, venimos revirtiendo el gravísimo deterioro salarial, padecido por más de una década, mediante un proceso de recuperación de las remuneraciones a partir de la negociación; proceso éste inscripto en la agenda de las relaciones laborales de la ciudad, que no puede ser abandonado durante estos cinco meses.
Se debe resolver, antes de finalizar el año, el problema de la libre elección de la obra social, situación que afecta a todos los trabajadores de la Ciudad. Esta situación de despojo llevó a nuestro gremio a entablar innumerable cantidad de juicios y obtener otra enorme cantidad de sentencias judiciales favorables a la libre elección de la obra social; a esta postura han adherido todos los candidatos. Por eso, durante la transición no pueden dejarse de atender las cuestiones propias de la gestión. Suspender el tratamiento de estos problemas bajo la excusa de una transición de gobierno determinaría una pérdida de tiempo invalorable e irrecuperable. Hoy sentimos la responsabilidad tanto de alertar con la antelación necesaria para que en diciembre no nos encontremos con los mismos problemas pero agravados por falta de atención, como para proponer una agenda de trabajo intenso para esta parte del año.
Los que aún gestionan y los que lo harán a partir de diciembre deben comprender que el sistema educativo no está en condiciones de consentir una transición cargada de palabras, pero sin hechos concretos; cinco meses son una eternidad en la Argentina. Lamentablemente, el país tiene una larga experiencia de transiciones de gobierno donde las miradas responsables se posan en dirección cruzada entre los que salen y los que están por entrar. “Madurez política”, “compromiso ciudadano”, “garantías de gobernabilidad” fueron las frases más escuchadas desde el domingo 24 hasta hoy. Para los docentes, las palabras tendrán sentido sólo si aquellos que hoy tienen la autoridad, y quienes la tendrán en el futuro, hacen honor a los compromisos asumidos por la administración y a la responsabilidad de los gobernantes.
* Secretaria general de Sindicato de Educadores de Buenos Aires.
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