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El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, anunció que en las próximas horas enviará una carta al presidente Néstor Kirchner para solicitarle que realice una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del represor Antonio Domingo Bussi. Busti fue uno de sus impugnantes cuando era diputado.
Su pedido se refiere al fallo de la Corte Suprema que el viernes resolvió que el Congreso no puede impedir el ingreso de un legislador electo y que podría beneficiar al ex comisario Luis Patti, cuyo ingreso al cuerpo fue impugnado por la Cámara de Diputados por falta de “idoneidad moral”. El mandatario provincial fue quien, como diputado nacional y presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, llevó adelante la fundamentación de la impugnación al título de diputado del ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi, “con las sospechas razonables de su participación en delitos de lesa humanidad”.
En un comunicado, Busti señaló que la sentencia del Máximo Tribunal “se trata de un fallo muy discutible en el mundo sobre el derecho constitucional del poder, respecto de cuáles son las limitaciones de la voluntad popular en los delitos de lesa humanidad”. Además resaltó que “el fallo fue dividido”.
El dictamen mayoritario contó con los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni. Mientras que Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda entendieron que las atribuciones conferidas a las Cámaras del Congreso por el artículo 64 de la Constitución Nacional establece que “cada cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus pares en cuanto a su validez”, por lo que incluye la facultad de realizar un juicio sobre las calidades constitucionalmente exigidas para acceder al cargo de legislador nacional. En ese sentido, Busti recordó que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, estuvo a favor de la decisión tomada en mayo de 2000 por la Cámara de Diputados. En aquel momento, Righi había sostenido que “no sólo no se ha violado el derecho político del actor (Bussi) sino que la Cámara de Diputados de la Nación cumplió con una obligación internacional, derivada del deber de respeto y garantía de los derechos humanos”. Finalmente Busti reiteró que solicitará “al gobierno nacional y concretamente al presidente Néstor Kirchner, quien ha sido un férreo defensor de los derechos humanos, requiera una opinión consultiva a la CIDH sobre el tema”.
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