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El Consejo de la Magistratura podría aprobar un proyecto que estipula reglas específicas para sancionar o enviar a juicio político a los jueces que incurran en demoras injustificadas en los expedientes. La propuesta fue presentada por la diputada y consejera kirchnerista Diana Conti y dice que “el retraso es hoy la deficiencia más grave del sistema”. Advierte, además, que pese a que la mayoría de las denuncias contra magistrados se debe a este tema, el organismo tiende a rechazarlas sistemáticamente. La idea podría tener respaldo, aunque algunos consejeros la cuestionan. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, se quejó: la iniciativa, dijo, es “una forma de presión a los jueces” (ver recuadro).
El texto que presentó Conti a sus colegas antes de la feria judicial dice que el Consejo tiene la “obligación” de “implementar una política tendiente a que se cumplan los plazos”. “Es un derecho humano básico el de obtener un pronunciamiento de la administración de justicia en un plazo razonable y breve”, enuncia. Propone una especie de intimación a los jueces para “poner en conocimiento” del cuerpo de consejeros “los motivos por los cuales no pueden cumplir” con esa “garantía constitucional”. El proyecto será analizado el jueves en la Comisión de Acusación y Disciplina, aunque todo hace prever que otros temas ganarán protagonismo ese día: el plenario votaría la suspensión del juez penal económico Guillermo Tiscornia.
Según las cifras que maneja Conti, actualmente el Consejo tramita 264 expedientes contra jueces. “El 90 por ciento están motivados por demoras”, asegura la diputada a Página/12. “El problema –ilustra– es que cuando vienen los magistrados a hacer su descargo al Consejo se empiezan a quejar del colapso judicial, la falta de recursos y el cúmulo de tareas, y las denuncias terminan desestimadas.” “Por supuesto que puede haber excepciones”, añade, en alusión al desborde que produjeron en su momento, por ejemplo, los amparos contra el corralito y la pesificación de los depósitos. “Yo lo que pido es que se aplique un nuevo criterio frente a las denuncias y que forme parte de las normas del Consejo, no es una persecución de oficio”, señala. “No es cierto que se rechacen automáticamente las acusaciones por demoras en los expedientes. Además, se debe estudiar caso por caso”, retruca el radical Federico Storani. “Muchas veces los jueces se quejan por cuestiones concretas como que tienen los juzgados colapsados”, justifica. Más allá de su acotación, Storani no descarta apoyar la iniciativa oficialista. “Lo que plantea Conti parece más bien una cuestión declarativa. En rigor, hemos mandados pedidos de informe o auditorías ante demoras sin causa”, dice.
En defensa de Conti, el diputado-consejero kirchnerista Carlos Kunkel, agrega un comentario irónico. “Claro, usted habla con los señores magistrados y siempre les faltan condiciones para cumplir su trabajo, computadoras, que esto y que lo otro. Esto hay que desmitificarlo. ¿Cuántas veces uno va a un juzgado a las nueve de la mañana y el juez no llegó, y al mediodía resulta que ya se fue?”, dijo. “No es que sean todos iguales. Los que van a tener problemas son los que no laburan”, aclara, luego de quejarse porque “venimos renegando porque la corporación es muy cerrada y los jueces del Consejo protegen a sus colegas”.
Para redoblar la apuesta la diputada Conti define: “La desidia judicial es el problema y es la razón por la que los jueces no son creíbles. Siempre van a hablar de la falta de recursos. Trabajan de siete y media a una y media y no pagan impuesto a las ganancias. Es antipático decirlo, pero no tienen coronita, que trabajen”.
El consejero abogado Santiago Montaña podría apoyar el plan de Conti, pero la cuestiona. “No entiendo cómo se agravia de las demoras: el jueves que viene se votarán dos dictámenes que proponen desestimar acusaciones contra dos jueces comerciales, (Alfredo) Kolliker Frers y Matilde Ballerini, precisamente por los retrasos. ¡Ella votó por la desestimación! Yo soy el único que dictaminó para acusarlos”, protestó Montaña. El abogado contextualiza el proyecto con el avance en el juicio político en el Consejo, impulsado por el oficialismo, contra cuatro jueces de la Cámara de Casación por dilatar las causas sobre violaciones a los derechos humanos. La diferencia es que en el caso de Casación, lo que los organismos de derechos humanos y víctimas han denunciado es la demora intencional para favorecer a los represores. En diciembre, el nuevo Consejo de la Magistratura, el que fue achicado a 13 miembros, cumplirá su primer año. Con menos jueces y abogados, sin minorías, los entretelones, las peleas, no cambiaron demasiado. Si es por testear demoras, habrá que ver si el presidente de Casación, Alfredo Bisordi, no se jubila antes de que el Consejo defina si debe ir a juicio político.
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