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Las apuestas se están haciendo en silencio, como una broma para entendidos. Y el plazo para apostar son cinco meses. El tiempo que falta para que termine el mandato de Néstor Kirchner. La apuesta es sobre una sola pregunta: ¿concederá este Gobierno la personería gremial a la Central de Trabajadores Argentinos en el último tramo de la campaña presidencial? ¿Pondrá fin al debate sobre la personería de la segunda confederación de trabajadores del país? ¿O mantendrá todo tal cual está hasta después de la asunción del/la próximo/a presidente/a? El tema tiene intrigados a los dirigentes de la CTA y la CGT, también a funcionarios del Gobierno y hasta a las cámaras empresarias. “Estamos llegando al punto cúlmine de la pulseada”, dice a Página/12 el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. El lunes presentará un escrito en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo. Con el texto adjuntará copias de las comisiones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que “urgen firmemente” a la Rosada a “que se pronuncie de inmediato” sobre el reclamo de la CTA. “Lo que está en juego es la democratización del movimiento obrero”, advierte Yasky.
La definición sobre la adjudicación de la personería gremial a la CTA es un debate sindical, jurídico pero sobre todo político. La central que fundaron Germán Abdala y Víctor De Gennaro hizo su primera presentación sobre el tema el 23 de agosto de 2004. Desde entonces el expediente que existe en el Ministerio de Trabajo fue ganando fojas y fojas. Hoy tiene más de 16 cuerpos. El tema está a cargo de la viceministra Noemí Rial, que hace un mes participó de la IX conferencia de la OIT en Ginebra en representación del Gobierno. Rial escuchó los argumentos que se plantearon en la Comisión de Aplicación de Normas del organismo –donde la posición de la CTA fue avalada por representantes de Noruega, España, México, Uruguay– y también participó del Comité de Libertad Sindical. En ambas comisiones se aprobaron dictámenes que exigieron al Gobierno que “dé respuesta a la solicitud de personería gremial presentada por la CTA”.
El Gobierno fue reprendido por el tiempo transcurrido desde que la CTA hizo por primera vez el reclamo. Rial contó todo lo que hizo la cartera laboral desde que comenzó a debatirse el tema. La discusión implica muchas variables y es, en cierto sentido, bastante intrincada. Por ejemplo, como la CTA permite en sus estatutos la afiliación individual (algo que la CGT no permite y que tampoco está previsto en la legislación vigente), el Ministerio de Trabajo giró el expediente a la Procuración General de la Nación, que encabeza Esteban Righi. “Nosotros no podemos modificar leyes. Y ese tipo de afiliación no está prevista en la ley vigente”, explica a Página/12 uno de los especialistas de la cartera laboral que siguen el debate. La ley que regula la existencia de las federaciones y confederaciones sindicales lleva el número 23.551.
El debate legal se complica aún más porque las partes en conflicto hacen interpretaciones diferentes sobre el alcance de la ley 23.551. Como explica el propio Yasky, en la CTA dicen que esa normativa fue sancionada pensando exclusivamente en las confederaciones y federaciones que agrupan sindicatos de un mismo oficio. Yasky recuerda que al momento de la aprobación de esa ley (se sancionó en 1988) la segunda central de trabajadores aún no existía: la CTA se fundó en 1991 en la localidad de Burzaco. “Esa ley se sancionó para evitar el paralelismo sindical, cuando dos organizaciones discuten la misma masa de afiliados, como pasó hace poco con Moyano y Cavalieri”, dice Yasky.
Siguiendo esa interpretación, desde la CTA destacan que tras la reforma constitucional de 1994 (que permitió la reelección de Menem) se les dio rango constitucional a todos los pactos internacionales que protegieran derechos sociales, laborales y de ciudadanía. Eso ubicaría al convenio 87 de la OIT, que establece la libertad sindical, en un escalón superior del ordenamiento jurídico que comienza con la Constitución. Sería más importante que una ley sancionada por el Parlamento. El convenio 87 establece que los trabajadores tienen derecho a elegir en forma autónoma cómo constituir sus organizaciones y que esas organizaciones luego deben ser legalizadas por el Estado. “Argentina fue signatario del convenio 87, lo asumió como parte de su legislación”, dice Yasky.
En la discusión también juegan su papel los asesores de la CGT, como el diputado Héctor Recalde. Según la CGT, la ley 23.551 establece que sólo puede haber una “confederación de trabajadores de multiactividad” (esa es la definición que los especialistas usan para definir a las centrales sindicales) con personería gremial. Según esa interpretación de la ley, la personería le correspondería a la confederación con mayor cantidad de afiliados y, supuestamente, con mayor representatividad. Para la CGT, la asignación de la personería gremial a la CTA implicaría modificar la ley vigente. Ese es uno de los principales argumentos de la CGT para cuestionar el reclamo de Yasky, De Gennaro y compañía (ver aparte).
La tercera posición (aunque eso no significa que sea equidistante de las dos anteriores, como pretendía Perón entre Washington y Moscú) está representada por los funcionarios de la cartera laboral. En el ministerio de Carlos Tomada no coinciden con la visión de Yasky, que considera que la ley 23.551 no tiene ninguna incumbencia en materia de confederaciones de trabajadores de multiactividad. De hecho, desde el Ejecutivo aseguran que en la presentación inicial de la CTA esa ley fue mencionada y en varias ocasiones. “Hoy la legislación argentina establece que pueden existir dos confederaciones de trabajadores. La más representativa tiene personería gremial, la otra es aceptada con la inscripción gremial”, describen los funcionarios que siguen de cerca el debate.
La última frase, que pertenece a un alto funcionario de la cartera laboral, puede servir como un mapa de la situación actual en el sindicalismo argentino. Existe la CGT, con personería desde 1946 y que agrupa a la mayor cantidad de sindicatos, pero también está la CTA, cuya existencia y participación es reconocida por el Estado y en buena medida también por la patronal (aunque también hay conflictos muy duros en algunos casos). Tanto Yasky como los demás dirigentes de la central usan este argumento como uno de sus principales banderas: la CTA participa de las discusiones de la comisión de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, también tiene representación en algunos entes como el PAMI; en todos los casos el reconocimiento le viene del propio Estado. ¿Por qué no tiene personería gremial entonces?
En Ginebra, donde también participaron las cámaras empresarias como la UIA (mandó al abogado Daniel Funes de Rioja), la delegación de la CTA explicó cuáles eran los perjuicios que les provocaba no tener la personería. Sencillamente, los afiliados que no pertenecen a un sindicato afiliado a la central –un ejemplo se vivió en la fábrica Ford con un metalúrgico que había sido votado como dirigente de la CTA de Zona Norte– corren el riesgo de ser despedidos. Lo mismo sucedió en la maderera Alto Paraná, donde la patronal suspendió y despidió a unos huelguistas. Eran afiliados a la CTA, terminaron en la calle.
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