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La Secretaría de Derechos Humanos pidió a la Justicia que reabra la causa penal por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en la que están imputados Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y un grupo de civiles como el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex secretario de Hacienda Juan Alemann. La presentación fue realizada ante el juez federal Ariel Lijo, quien ahora deberá decidir si, tras reimpulsarla, agrega a la lista de investigados a los integrantes del gabinete de la primera junta de gobierno de la dictadura.
El expediente fue instruido en el fuero federal hasta que en 1990 los indultos otorgados por Carlos Menem exculparon a Videla y Massera. Los doce cuerpos que había acumulado el caso pasaron entonces al archivo.
En el escrito presentado ayer, la Secretaría de Derechos Humanos le pidió al juez ser aceptada como parte querellante. “Es un deber del Estado democrático buscar la sanción de quienes rompieron el orden constitucional”, señaló el texto que el secretario Eduardo Luis Duhalde dejó en los tribunales de Retiro.
El punto novedoso de la solicitud es la inclusión de los civiles como responsables penales del golpe. Fuentes de la secretaría indicaron que además de Martínez de Hoz y Alemann, el pedido de imputación incluye a Ricardo Bruera, el ex ministro de Educación de Jorge Rafael Videla. Bajo la gestión del ex funcionario se implementó la llamada Operación Claridad, destinada a realizar espionaje en las escuelas para detectar a los maestros, alumnos y no docentes opositores al gobierno militar.
Otros civiles que se podrían agregar a esta lista son los que ocuparon cargos de ex secretarios de Estado (en la presentación se solicitó que se reconstruya su nómina completa) y los ex gobernadores.
La causa está caratulada como “Videla, Jorge Rafael; Massera, Emilio Eduardo, y Agosti, Orlando Ramón sobre infracción al artículo 226 del Código Penal”. El artículo 226 castiga con penas de 8 a 25 años de prisión “a quienes se alzaran en armas para cambiar la Constitución nacional” o con el fin de “deponer alguno de los poderes públicos de gobierno”.
Fuentes judiciales dijeron que el expediente, que ya fue llevado desde el archivo al despacho del juez Lijo, tiene doce cuerpos. Con el paso del tiempo algunos de los imputados murieron; ése es el caso de Orlando Ramón Agosti.
Para reabrir el caso, el juez Lijo deberá primero declarar la inconstitucionalidad de los indultos, tal como ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue este dictamen del máximo tribunal, precisamente, lo que instó a la Secretaría a presentarse ahora para impulsar la causa.
“Estábamos esperando el fallo de la Corte sobre los indultos para tener más firmeza, aunque veníamos con esta causa hace rato, como parte de las presentaciones que estamos haciendo. Una vez que la Corte dictó la inconstitucionalidad, tuvimos el camino libre para avanzar”, señaló Luis Alén, jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos.
La presentación de 40 páginas repasa las acciones de la dictadura: “suspendió la actividad política y los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, destituyó a la Corte Suprema de Justicia, intervino la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General Económica (CGE), suspendió la vigencia del Estatuto del Docente, clausuró locales nocturnos, ordenó el corte de pelo a los hombres, quemó miles de libros y revistas considerados peligrosos, censuró los medios de comunicación, intervino canales de tv y radios y se apoderó de numerosos organismos”.
Además señala que los ex funcionarios no sólo fueron responsables de quebrantar el orden constitucional, sino también de haber sostenido el aparato represivo. “Durante el gobierno militar se levantaron más de quinientos centros clandestinos de detención en los que se torturaba y asesinaba a personas”, señala el escrito, que recuerda que “la Junta Militar que ocupaba el poder” fue la que “le proporcionó” al aparato represivo “todo lo necesario para operar impunemente y en el mayor de los secretos”.
El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, que investiga la causa por la Masacre de Trelew, recibió ayer el testimonio del periodista Tomás Eloy Martínez, autor del libro La pasión según Trelew, que relata la fuga de un grupo de guerrilleros de la cárcel de Rawson y el fusilamiento de 16 de ellos en la base naval Almirante Zar de Trelew. El juez que investiga los hechos, de los que se cumplirán 35 años el próximo 22 de agosto, citó al periodista para que aportara datos de cómo elaboró su investigación. “No fue un rapto de locura, sino una acción deliberada”, definió los hechos el periodista y escritor, quien no responsabilizó al dictador Alejandro Agustín Lanusse por la masacre, pero sí por el encubrimiento posterior. La dictadura intentó camuflar los fusilamientos como un intento de fuga, pero los tres militantes revolucionarios que sobrevivieron desmintieron esa versión y relataron los hechos en otro libro, La patria fusilada, escrito por el periodista desaparecido Francisco “Paco” Urondo.
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