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La sesión de Diputados se cayó por falta de quórum apenas iniciada, entre acusaciones cruzadas del oficialismo y la oposición. El kirchnerismo modificó el orden del día –aprobado por consenso– y rápidamente habilitó tratar el tema que más le preocupaba: la creación de dos nuevas “sociedades del Estado”, bajo órbita del Ministerio de Planificación, una para operar y otra para “administrar la estructura” de la red ferroviaria. El grueso de la oposición no sólo rechazó el proyecto, sino que se levantó de sus bancas porque el oficialismo “cortó” la media hora de “preferencias” en la que iba a pedir la interpelación de Julio De Vido, titular de aquel ministerio, por el escándalo de la valija venezolana con casi 800 mil dólares. El PRO planeaba, además, declarar su “apoyo” a Elisa Carrió ante el juicio penal iniciado por el empresario Héctor Antonio por calumnias e injurias. El macrismo transformará la declaración en una solicitada.
“Parecen menemistas, no quieren que haya ferrocarriles del Estado”, chicaneó ante los periodistas un encumbrado diputado oficialista. Ya se había caído la sesión por la retirada opositora cuando la kirchnerista salteña Zulema Beatriz Daher defendía el proyecto de “ordenamiento de la actividad ferroviaria”, enviado por el Poder Ejecutivo y con media sanción del Senado. La propuesta es que la sociedad estatal administradora tenga competencia sobre la “afectación de los bienes ferroviarios concesionados o no”. En manos del Ejecutivo quedaría la conformación de los estatutos, organigramas y recursos de ambas sociedad del Estado. Daher defendió los “beneficios” del status jurídico de las futuras empresas, “sometido al derecho privado”. Según la oposición, “un régimen jurídico que lo aleja de los controles del Estado”.
Pero el mayor enojo opositor se concentró en que, para “agilizar la sesión”, el oficialismo suspendió el lapso previo a cada sesión dedicado a las preferencias que presentan los diputados. Allí el radicalismo quería pedir la interpelación del ministro De Vido, de quien dependen los funcionarios argentinos que viajaban en el jet privado contratado por Enarsa y que transportó al empresario venezolano Guido Antonini Wilson, el portador de la valija con 790 mil dólares sin declarar.
Además, el PRO había redactado una declaración de apoyo a Carrió por el juicio penal que afronta por denunciar como posibles instigadores de la muerte de un empresario pesquero de Santa Cruz a empresarios “ligados al poder político provincial”. Como no pudieron expresarlo en el recinto, los macristas anoche juntaban firmas para una solicitada. “No podemos aceptar que se utilice el Congreso para decir que Carrió no se debe someter a un juicio de índole privada”, argumentaron desde el kirchnerismo, que impidió que el recinto se transformara en una tribuna opositora, pero no pudo evitar que la sesión se frustrara.
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