Hace dos años, los organismos de derechos humanos pidieron a EE.UU. que libere documentos sobre la dictadura. El martes les entregarán ocho cajas de cables y comunicaciones diplomáticas.
La secretaria de Estado Madeleine Albright con De la Rúa en su visita al país en agosto de 2000.
El gobierno norteamericano envió al argentino ocho cajas con documentos sobre violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, desclasificados por pedido de los organismos de derechos humanos. Los papeles sobre los que se levantó el secreto serán entregados este martes a Abuelas, Madres de Plaza de Mayo y al Centro de Estudios Legales y Sociales. “Van a servir para tener un mayor conocimiento de nuestra historia y aportar elementos de prueba a las causas judiciales abiertas y por abrirse”, consideró ayer Horacio Verbitsky. Para el periodista y presidente del CELS, el levantamiento del secreto “implica también una actitud por parte del gobierno de Estados Unidos de descompromiso hacia la dictadura, el mensaje de que ese tipo de práctica ya no es admisible”.
Los escritos que llegaron al país son copia de las comunicaciones que la embajada de Estados Unidos fue enviando al Departamento de Estado entre el ‘76 y el ‘83. “El líder montonero Roberto Quieto fue capturado en un arresto ilegal el 28 de diciembre. El futuro de Quieto parece no haber sido determinado aún por las autoridades militares que lo tienen bajo custodia”, dice por ejemplo un telegrama secreto que el embajador Robert Hill envió al Departamento de Estado tras el secuestro del dirigente.
Este tipo de cable es el que Estados Unidos accedió a sacar de sus archivos. El proceso se inició el 16 de agosto de 2000, cuando la entonces secretaria de Estado norteamericana Madeleine Albright se reunió en Buenos Aires con representantes de los tres organismos de derechos humanos que solicitaron la desclasificación. La funcionaria prometió que impulsaría tal medida.
El mecanismo concreto de trabajo con el gobierno de EE.UU. obligó a los solicitantes a enviar preguntas precisas. Los organismos hicieron un acuerdo de cooperación con la ONG Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, que presentó una guía con tópicos para ayudar en la desclasificación.
Abuelas pidió datos que puedan facilitar la búsqueda de chicos apropiados, mientras que el CELS tuvo un criterio doble, apuntando a reunir pruebas que puedan impulsar investigaciones judiciales como a documentar lo que ocurrió.
“Dentro del gobierno, por lo que tenemos entendido, los pedidos generaron mucho debate”, sostuvo el titular de ese organismo. “El Departamento de Estado aceptó la desclasificación, pero en cambio los organismos de seguridad e inteligencia, en la CIA, en el Pentágono, no aceptaron. Sabemos que el grueso de la información es del Departamento de Estado”.
Los documentos ya públicos sobre la Argentina demuestran que la embajada norteamericana y el Departamento de Estado mantuvieron una comunicación fluida con los militares durante los preparativos del golpe y que, aunque estaban al tanto de que aumentarían las violaciones a los derechos humanos, apoyaron el gobierno de facto. Tal vez por eso en diciembre, cuando cayó Fernando de la Rúa, el gobierno de Estados Unidos expresó sus temores de difundir el material. Uno de los argumentos fue que los documentos podían tributar al clima de inestabilidad. El CELS envió en esos días una carta a Collin Powell planteándole que, por el contrario, la información iba a contribuir a mejorar la calidad de la democracia. Las ocho cajas llegaron finalmente la semana pasada.
Aunque en otras oportunidades se había accedido a documentos secretos, esta es la primera vez que en el país se consigue una desclasificación masiva de información. A medida que analicen su contenido los organismos empezarán a diseñar acciones para solicitar que el gobierno argentino también entregue información. Si bien las Fuerzas Armadas alegaron en varias oportunidades haber destruido los archivos de la represión ilegal, se cree que deben existir informes oficiales de reuniones entre funcionarios en la Cancillería o el Ministerio de Defensa. En el listado de temas sobre los que se fue pidiendo información desde principios del año pasado figuran los asesinatos del periodista Rodolfo Walsh, el secuestro de Jacobo Timerman y los de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
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