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La Iglesia Católica argentina difundió un documento político con sus ideas sobre las elecciones, la pobreza, la corrupción, el federalismo, el clientelismo, la demagogia, el aborto, la eutanasia, el matrimonio, la reconciliación, y el perdón. Con su particular concepción del Estado de Derecho, también sostuvo que las leyes sólo deben ser obedecidas cuando no contradicen los dictados de la propia Iglesia, reivindicación de prepotencia sobre el sistema normativo vigente que no se arroga ninguna otra institución del país. Que la última monarquía absoluta del mundo enseñe cómo debe ser la democracia, que una institución que todos los años organiza una colecta para repartir limosnas entre los pobres fustigue las dádivas y el clientelismo y que un club de sexagenarios célibes dictamine sobre la vida marital y sexual de los jóvenes es para hacer donaire.
¿Quién fue?
La difusión de ese texto pintoresco oculta las discusiones que ocuparon a la Comisión Permanente en su encuentro de esta semana, por las modificaciones introducidas al documento del Episcopado Latinoamericano del 30 de mayo en Aparecida, Brasil, enmendado en una instancia posterior que aun no ha sido identificada y que, según distintas fuentes, sería el ex presidente del CELAM, el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz, su antecesor en el cargo, el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, los dicasterios de la curia romana o el propio Papa Benedicto XVI. El de Aparecida fue el quinto encuentro plenario del Episcopado Latinoamericano a partir de 1955. El documento tenía 573 artículos, que se redujeron a 554, después de sufrir doscientas modificaciones, muchas de fondo, sobre temas tan críticos en la Iglesia Católica como las Comunidades Eclesiales de Base, la opción por los pobres, la democracia, el rol de la mujer y el de los seglares, el matrimonio y la reconciliación. Ninguno de esos cambios son ingenuos y todos van en la misma dirección.
El corazón de Ratzinger
Los debates evocan los del Concilio Vaticano II, y los de la Conferencia del CELAM de Puebla, cuando la reacción conservadora pugnó por cerrar el camino a las innovaciones. Durante las deliberaciones de Puebla, en 1979, la prensa mexicana recibió grabaciones de diálogos entre obispos tradicionalistas que concertaban su estrategia contra los renovadores. Pablo VI simpatizaba con el cambio y Juan Pablo II con la tradición pero ambos procuraron un equilibrio entre las posiciones enfrentadas entonces. En el caso de Benedicto XVI es ostensible que tiene el corazón a la derecha. Desde la Congregación heredera del Santo Oficio, el entonces cardenal Joseph Ratzinger encabezó la ofensiva disciplinaria contra la Teología de la Liberación. Esto provocó choques con el Episcopado brasileño, que defendió a sus teólogos cuestionados, como Leonardo Boff, a quien varios cardenales y obispos acompañaron cuando debió comparecer ante la comisión presidida por el inquisidor alemán, que había sido su profesor. El biógrafo autorizado de Juan Pablo II, Tad Szulc, atribuye a Ratzinger y a los conservadores cardenales, Sebastiano Baggio y Adolfo López Trujillo la intención de que la Conferencia del CELAM en Puebla corrigiera “los errores de Medellín” y reforzara la autoridad, del papa y de los obispos. En el mismo sentido se orientan las supresiones y agregados en el documento de Aparecida.
En sendos estudios el teólogo chileno Ronaldo Muñoz y el argentino Eduardo de la Serna, detectaron las mutilaciones del documento. De la Serna mantuvo un intercambio epistolar con Errázuriz, que terminó de mala manera, tendiente a determinar quién las había introducido en el texto. El presbítero De la Serna, quien preside el movimiento de sacerdotes argentinos en Opción por los Pobres “Carlos Mugica”, dijo que se trataba de un abuso de poder. El cardenal lo acusó de calumniarlo y dijo que el demonio estaría contento con la discusión, que rehusó continuar.
Las mutilaciones
El documento aprobado por el CELAM llamaba “hecho positivo el fortalecimiento de los regímenes democráticos en muchos países de América Latina y El Caribe”. La versión oficial descafeinó esta alabanza a la mera descripción de “un cierto proceso democrático”. Al referirse a las Comunidades Eclesiales de Base, el documento decía que según “la experiencia eclesial de América Latina y El Caribe”, con frecuencia han sido “verdaderas escuelas que forman discípulos y misioneros del Señor” y que “arraigadas en el corazón del mundo, son espacios privilegiados para la vivencia comunitaria de la fe, manantiales de fraternidad y de solidaridad, alternativa a la sociedad actual fundada en el egoísmo y en la competencia despiadada”. La enmienda limitó la evaluación positiva a “algunas iglesias” y sustituyó aquella descripción por esta crítica: no faltaron “comunidades enteras que, atraídas por instituciones puramente laicas o radicalizadas ideológicamente, fueron perdiendo el sentido eclesial”. También suprimió la afirmación de que constituyeron “una de las grandes manifestaciones del Espíritu en la Iglesia de América Latina y El Caribe después del Vaticano II” y de que éste “es el momento de una profunda renovación de esta rica experiencia eclesial en nuestro continente, para que no pierdan su eficacia misionera sino que la perfeccionen y la acrecienten de acuerdo a las siempre nuevas exigencias de los tiempos”. El texto reformado las reemplazó por esta advertencia: “En su esfuerzo de corresponder a los desafíos de los tiempos actuales, las comunidades eclesiales de base cuidarán de no alterar el tesoro precioso de la Tradición y del Magisterio de la Iglesia”. El texto decía que también hay otras “pequeñas comunidades eclesiales, grupos de vida, de oración y de reflexión de la Palabra de Dios, e incluso redes de comunidades. El Espíritu las va haciendo florecer como respuesta a los nuevos desafíos de la evangelización. La experiencia positiva de estas comunidades hace necesaria una especial atención para que tengan a la Eucaristía como centro de su vida y crezcan en solidaridad e integración eclesial y social”. La versión disciplinaria eliminó la evaluación positiva y sentenció que sólo darán fruto en la medida en que “la Palabra de Dios sea faro de su camino y su actuación en la única Iglesia de Cristo”. El texto afirmaba que “antes que padre el presbítero es un hermano. Esta dimensión fraterna debe transparentarse en el ejercicio pastoral y superar la tentación del autoritarismo que lo aísla de la comunidad y de la colaboración con los demás miembros de la Iglesia”. La corrección verticalista suprimió ese párrafo y en su lugar sostuvo que el sacerdote “es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir a favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios” y que “debe ser hombre de oración, maduro en su elección de vida por Dios, hacer uso de los medios de perseverancia, como el Sacramento de la confesión, la devoción a la Santísima Virgen, la mortificación y la entrega apasionada a su misión pastoral”. También eliminó la valoración elogiosa a la creciente presencia de los diáconos permanentes y la exhortación a los obispos “a impulsar el diaconado permanente en las distintas diócesis y para grupos humanos específicos y pastorales ambientales”. Lo reemplazó con una seca admonición: “No hay que crear en los candidatos al diaconado permanente expectativas que superen la naturaleza propia que corresponde al grado del diaconado”. En cambio, la versión oficial postuló “una nueva sociedad latinoamericana y caribeña, fundada en Cristo”, una filiación continental similar a la del primer concilio plenario americano que sesionó en Roma hace 108 años: allí por primera vez América fue mencionada como Latina, lo cual para León XIII quería decir católica. La reescritura institucional también suprimió “la realidad creciente de pobres” por los cuales la Iglesia debe tener una opción preferencial. En cambio, añadió un extenso párrafo sobre “la droga”, a la que llamó “mancha de aceite que invade todo” y afecta a todas las clases sociales, “flagelo que está destruyendo a la humanidad”. Frente a ello postuló el apoyo a los gobiernos “para reprimir esta pandemia”. Suprimió la referencia a “los matrimonios que viven en situación irregular”, los llamó “parejas” y recordó “que a los divorciados y vueltos a casar no les es permitido comulgar”. Donde el texto hablaba de formar comunicadores sociales comprometidos con los valores cristianos, la corrección especificó “propietarios, directores, programadores, periodistas y locutores”. También desaparecieron las críticas a “cierto clericalismo, algunos intentos de volver a una eclesiología y espiritualidad anteriores al Concilio Vaticano II”, a “los moralismos que debilitan la centralidad de Jesucristo”, y a “nuestras débiles vivencias de la opción preferencial por los pobres”. El documento rechazaba “la discriminación de la mujer y su ausencia frecuente en los organismos pastorales”. La versión oficial ocupó ese espacio en rechazar “una antropología meramente sociológica y no evangélica”.
Las reacciones
El grupo de curas Carlos Mugica en Opción por los pobres solicitó a los obispos latinoamericanos la restitución de la versión original auténtica. Lo mismo decidieron la Conferencia Argentina de Religiosos y los 400 asistentes al Encuentro de Comunidades de Base de la provincia de Buenos Aires que sesionaron la última semana en Mar del Plata, representantes de las Comunidades de Mar de Plata, Necochea, Laferrère, Zárate-Campana, Quilmes, San Miguel, San Isidro y La Plata.
Durante las sesiones de la Comisión Permanente del Episcopado argentino la molestia por los cambios en el documento fue expresada por los arzobispos de Santa Fe y Mendoza, José María Arancedo y José María Arancibia. La explicación que recibieron fue que la responsabilidad era de los dicasterios romanos y que Errázuriz, cuya presidencia del CELAM le valió juicios favorables, se limitó a cubrirlos. Los obispos expresaron inquietud por la reacción de los sacerdotes comprometidos con las opciones sociales, pero no hubo clima para formular un pedido de aclaraciones a Roma. Las diócesis que mayor preocupación causaron son aquellas con mayor inserción y trabajo social: por un lado Rosario y Puerto Iguazú (cuyos obispos José Luis Mollaghan y Marcelo Martorell integran el grupo más reaccionario del Episcopado y ven con malos ojos a las comunidades de base alentadas por sus predecesores, Eduardo Mirás y Joaquín Piña) y por otro Humahuaca, Jujuy, Viedma y Bariloche. Sus titulares Pedro Olmedo, Marcelo Palentini, Esteban Laxague y Fernando Maletti respaldan a sus presbíteros sensibles a la problemática social.
La iniciativa católica independiente Atrio, de la ciudad española de Valencia, divulgó pormenores de las discusiones episcopales en Aparecida y de las secuelas posteriores por los cambios en el documento, que pueden encontrarse en su página electrónica: http://www.atrio.org. Sostiene que el texto sobre las Comunidades Eclesiales de Base se desapareció por primera vez cuando el documento completo iba a ser presentado para su aprobación en la plenaria del día 30 de mayo. Pero diez de las 22 conferencias episcopales representadas reclamaron que fuera reintroducido. Ante la oposición de López Trujillo, quien desde que dejó la presidencia del CELAM cumple funciones en la curia vaticana, se pasó a votación que, por 72 votos a 50 apoyó la reintegración del párrafo. Errázuriz y el secretario del CELAM, el obispo argentino Andrés Stanovnik, recién lo enviaron al Papa el 11 de junio. Errázuriz dijo que ése fue su último acto antes de dejar la presidencia. Las supresiones y añadidos recién fueron descubiertas cuando Roma devolvió la versión aprobada por el Papa.
Reincidentes
El diario paulista O Estado dedicó una página completa y una llamada en tapa a informar sobre la fuerte repercusión del caso en la Conferencia Episcopal brasileña. El título decía “Obispos adulteran documento del CELAM” y la nota atribuyó los cambios a Errázuriz y Stanovnik. También reprodujo una declaración del primado del Brasil, el cardenal de Salvador Geraldo Majella Agnelo, quien dijo que no sabía quién era el responsable pero que se proponía averiguarlo, “porque no es la primera vez que algo así ocurre”. Majella copresidió la reunión del CELAM junto con Errázuriz y con el cardenal Giovanni Battista Re, prefecto de la Congregación para los obispos, que entregaron el documento final al Papa. “Pensé que llevaba el original”, le dijo al diario. A su juicio los cambios “no fueron iniciativa de Roma” y la versión original debe prevalecer. “Consideramos que la alteración del texto fue una falta de respeto a los participantes de la Conferencia de Aparecida y, por eso, estamos enviando una carta a la Conferencia Episcopal, sugiriendo que la traducción portuguesa se haga sobre la versión auténtica, dijo el presidente de la Comisión Episcopal Pastoral del Servicio de Caridad, Justicia y Paz, Pedro Luiz Stringhini.
Pero el nuevo presidente del CELAM, el también brasileño Raymundo Damasceno Assis, es escéptico sobre estas posibilidades, vista la aprobación papal a la falsificación. La polémica continuará con los obispos que defienden el restablecimiento del texto original, quienes argumentan que el Papa no sabía que había sido alterado, en una santa doctrina del cerco.
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