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El país|Viernes, 12 de octubre de 2007

De supuesto “líder gremial policial” a procesado por torturas y secuestros

Edgardo Mastrandrea está involucrado en las detenciones ilegales de ex alumnos del Colegio Don Bosco de San Nicolás. Fue asesor de la Coalición Cívica pero, por las denuncias, no llegó a ser candidato.

Por Adriana Meyer
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El ex comisario Edgardo Mastrandrea fue procesado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo.

El ex comisario Edgardo Mastrandrea recorrió un largo camino desde que comenzó a hacerse conocido como pretendido líder sindical de la Policía Bonaerense hasta ayer, que fue procesado por delitos de lesa humanidad. En el medio, logró convertirse en el asesor en temas de seguridad de la Coalición Cívica (CC), aunque cuando trascendieron sus antecedentes varios de sus candidatos salieron a desmentirlo. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo lo consideró responsable de privación ilegal de la libertad de seis jóvenes y los tormentos a otros cinco, en el marco del caso de los ex alumnos del Colegio Don Bosco de San Nicolás. “Luego de nuestro secuestro nos hicieron aparecer blanqueados en la comisaría de Junín, y él intervino en ese proceso, y otros compañeros que cayeron más tarde lo recuerdan durante los interrogatorios”, dijo a Página/12 José María Bugassi, sobreviviente y testigo querellante en esta causa.

Corría 1992 cuando un grupo de policías protagonizó la toma de una comisaría en el sur del conurbano y se autoacuarteló por reclamos “gremiales”. Fue una de las primeras apariciones públicas de Mastrandrea y le costó que lo separaran de las filas policiales. Conocedor de los vicios y actividades non sanctas de sus colegas, se fue transformando en un mediático opinador que se presenta como “especialista”.

Cuando Bugassi se enteró de las versiones periodísticas sobre una posible candidatura de Mastrandrea por el espacio político que lidera Elisa Carrió presentó un escrito con sus abogadas, Ana Oberlín y Nadie Schujman, pidiendo su inmediata detención e indagatoria. “No queríamos que pase lo mismo que con Patti, por eso lo impugnamos antes”, expresó Budassi. Elisa Carca, ex legisladora y referente de la Coalición Cívica en San Nicolás, se comunicó con Budassi y le aseguró que el ex policía no estaba en ninguna de las listas de candidatos. Sin embargo, en junio el comisario retirado participó de un acto del candidato a gobernador de CC, Carlos Raimundi, tal como mostró la página oficial del ARI. El postulante dio a conocer los “ejes de una propuesta de seguridad sólida para construir una sociedad más segura” y estuvo acompañado por Eduardo Macaluse, Marta Maffei, Adrián Pérez, Elsa Quiroz y Horacio Piemonte, “y los ex comisarios Luis Méndez y Edgardo Mastrandrea, que colaboraron en la elaboración de las propuestas de la fuerza”, reza el sitio de Internet. El mes pasado, Rosario/12 publicó la foto de ese encuentro y Raimundi se comunicó con ese medio para aclarar que “Mastrandrea no era asesor en seguridad”.

El fiscal federal Patricio Murray y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires pidieron hace un mes la detención de Mastrandrea en el caso Don Bosco, un desprendimiento de una causa mayor, en la que ya están procesados los coroneles Manuel Saint Amant y Carlos Ricardes. Los secuestrados tenían entre 16 y 22 años y eran alumnos o egresados de ese colegio nicoleño. De ese grupo nunca volvió a saberse de Gerardo Cámpora, Carlos Farayi, las hermanas Rosa y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Regina Spotti, María Rosa Baronio, Jorge Luis Reale y Carlos Alberto Grande. “Pablo Martínez y yo estuvimos desaparecidos durante un mes, para ser luego blanqueados en Junín, donde Mastrandrea era tercero en la jerarquía de la comisaría, era oficial inspector”, describió Bugassi. “Nos tomó declaración y nos presionó para que firmáramos eso, que no tenía nada que ver con lo que había pasado, e incluso detuvieron a un grupo de otros compañeros, a dos de los cuales torturaron”, agregó.

Murray aseguró al programa Ladran Sancho, de LT8, que “Mastrandrea tendría vinculación con la recaudación de dinero para hacer frente a la defensa de policías investigados por delitos de lesa humanidad”.

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